Santos Clemente Vera está condenado por haber matado y violado a dos mujeres que nunca vio en su vida. Las pruebas en su contra son inexistentes, demuestran investigaciones sobre el caso, y el único elemento contundente en su contra es la inculpación que el otro condenado, Gustavo Lasi, hace en su contra.
CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
Señor Mauricio Macri
Presidente de la Nación
Salta, 23 de septiembre de 2016
Estimado Presidente:
Atenta a sus dichos sobre el caso de Daniel Oyarzun y Brian González (que se conoció como el “caso del carnicero de Zárate”), me resulta imperioso ponerlo en conocimiento de la situación del hombre de mi vida, Santos Clemente Vera. Adopto la modalidad de carta pública para que los pasamanos de la burocracia no se interpongan entre nosotros, y para que usted no pueda aducir que desconoce ésta causa, que evidentemente requiere una intervención institucional especial.
Declaró en radio La Red: “Quiero decir que más allá de toda la reflexión que tenga que hacer la Justicia en la investigación, si no hay riesgo de fuga, porque (Oyarzun) es un ciudadano sano, querido y reconocido por la comunidad, debería estar con su familia, tranquilo, tratando de reflexionar en todo lo que pasó”. Sin profundizar en la discusión sobre lo sucedido en Zárate, me interesa resaltar que con su dicho sienta una posición al respecto de lo que implica la prisión preventiva. Usted reconoce que en algunos casos puede tener fundamento legal pero no ser legítima.
Santos Clemente Vera y yo compartimos un hijo de cinco años, nacido el 15 de junio de 2011. Un mes y medio después de esa fecha, mi compañero fue detenido y torturado en el marco del renombrado caso de las Turistas Francesas, ocurrido en Salta. Pasó dos años y diez meses, más de mil días, privado de su libertad con prisión preventiva. En junio de 2014 se dictó la sentencia de primera instancia que le concedió el beneficio de la duda, y finalmente en febrero de este año volvieron a dentenerlo, esta vez condenado por un fallo del Tribunal de Impugnación, por estos días está en revisión a cargo de la Corte Suprema provincial.
Está condenado por haber matado y violado a dos mujeres que nunca vio en su vida. Las pruebas en su contra son inexistentes, demuestran investigaciones sobre el caso, y el único elemento contundente en su contra es la inculpación que el otro condenado, Gustavo Lasi, hace en su contra. Mi pareja trabajó como jardinero del ingeniero Fernando Vidal, quien estaba tan confiado de su inocencia que le costeó una prueba genética en el Instituto Favaloro, para disipar las dudas que había dejado el informe del genetista Daniel Corach, ordenado por el Ministerio Pùblico salteño. El documento probatorio fue presentado ante el magistrado de turno, que lo rechazó sin fundamento alguno. Éste es sólo uno de los aspectos que demuestran en qué condiciones actuó la Justicia contra mi compañero, mi familia y contra mi confianza en la igualdad de todos ante la ley.
Descarto que haya animosidad contra Santos Clemente, aunque asumo que tanta parcialidad en su contra fue no fue casualidad. Es un caso que caló hondo en la memoria reciente de los salteños y del país. La muerte de las dos chicas mendocinas este año en Ecuador trajo reminiscencias de aquel macabro suceso que conmocionó a nuestra provincia. Seguramente hay personas poderosas a las que no les conviene que se investigue a fondo y se sepa la verdad. El Estado y la Justicia salteñas no odian a Santos Clemente Vera, simplemente protegen a esos otros apellidos que tienen el poder suficiente para que se les garantice impunidad.
Subyace otro elemento: la ley no es igual para todos, algunos somos ciudadanos de segunda, para los que la Justicia y todos los buenos valores no importan. Si los tenemos, bien, y si no, mala suerte. Por eso, sin el favor mediático que pujó para la rápida excarcelación de un comprobado asesino como Oyarzun –en legítima defensa o no-, el padre de mi hijo pasó preso más de mil días mientras investigaban si era violador y asesino. Y como una infamia suele encadenar otros engaños a medida que avanza el tiempo –efecto bola de nieve-, en febrero de este año lo condenaron culpable, sentencia que se encuentra en estado de revisión en manos del máximo tribunal provincial. Hasta tanto, sigue preso.
Santos Clemente Vera vivió toda su vida en San Lorenzo, se dedicó al trabajo agrario y a la jardinería. Forjó tanta confianza en un extraño, su patrón, que éste no sólo le costeó una prueba genética para demostrar su inocencia sino que entre su primera y segunda detención, alrededor de un año y medio libre, lo recontrató para que siguiera su vida con absoluta normalidad. Pero su vida, nuestra vida, ya no era normal, ya no es normal. Nuestro hijo de cinco años no entiende qué pasa con su papá, que va y que viene, y ya ni siquiera quiere visitarlo en la cárcel porque lo martiriza el tiempo de espera para entrar y salir al penal.
Por todo ello, señor Presidente, le solicito que preste atención a la injusticia que atraviesa mi pareja, que está siendo utilizado como “perejil” por el poder salteño. Si acaso mis dichos no lo convencen, lo insto a que revise las fojas del expediente de la causa y las dos sentencias dictadas, que tuve oportunidad de entregárselas en mano a su ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. Una vez que complete ese ejercicio, de la misma forma que emitió juicio público sobre Carlos Oyarzun, lo exhorto a que con su investidura presione para que se finiquiten los injustos tormentos padecidos por mi mirado y mi familia.
Quedo a la espera de su intervención pública al respecto, lo saludo respetuosamente confiando en que no dilatará tal responsabilidad.
Atentamente,
Beatríz Yapura
(0387) 154 479 453
