SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- ¿La infidencia de un colaborador o un trabajo de espionaje de los servicios de inteligencia del Estado? Esa pregunta se hacen todos en los tribunales federales locales para intentar comprender cómo fue que la defensa del jefe del Ejército, César Milani , recusó al fiscal Carlos Brito antes de que éste pidiera que fuera citado a declarar por la desaparición del soldado Alberto Ledo.
El fiscal elevó el pedido de indagatoria y acusó al militar de haber encubierto el homicidio de Ledo y de haber falsificado el acta sobre su supuesta deserción, el lunes 22 de diciembre, horas después de que fuera presentado el planteo de recusación en su contra «por temor a la falta de objetividad».
Una semana antes, el 15 de diciembre, la defensa de Milani ya había formulado un reclamo para que se excluyera como prueba la documentación supuestamente falsificada en 1976 por el hoy jefe del Ejército en la que se hizo figurar como «desertor» a su asistente Ledo, cuando en realidad se trató de una desaparición. Según argumentaron los defensores en el escrito que presentaron ante el juez federal Daniel Bejas, que lleva adelante la causa, el sumario no puede ser tomado como prueba válida por tratarse de una copia certificada del original, que nunca apareció.
Los planteos de la defensa de Milani sorprendieron a los investigadores, debido a que atacaron los principales puntos del dictamen del fiscal federal antes de que sea presentado. Lo que más extrañó a las autoridades es que los defensores del militar hayan objetado recién ahora esa documentación, cuando estuvo incorporada al expediente desde su inicio.
Fuentes judiciales confiaron a LA NACION que el 13 de diciembre Brito se reunió en un bar de esta ciudad con uno de sus más cercanos colaboradores para repasar aspectos del dictamen. En la Justicia local no descartan la posibilidad de que haya existido una filtración sobre las actuaciones que venía realizando el fiscal desde hace tiempo. También hay sospechas de que podría tratarse de un caso de espionaje.
Ayer, en una audiencia con el juez Bejas, Brito rechazó la recusación en su contra. Hasta el cierre de esta edición, el juez federal no había notificado su decisión respecto de los planteos ni había definido si el tema será habilitado como asunto de feria, ante el inminente receso de enero. Fuentes judiciales estimaron que Bejas postergaría la toma de decisiones para febrero de 2015.
Tal como informó antes de ayer LA NACION, en caso de que Bejas acepte la recusación de Brito, la investigación quedaría en manos del fiscal federal Pablo Camuña, vinculado a La Cámpora, quien solicitó el archivo de la primera causa iniciada en Tucumán contra Milani por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad. Además, si el magistrado hace lugar al pedido de la defensa y declara nula la copia del acta firmada por Milani, la causa quedaría prácticamente cerrada.
Según fuentes de la investigación, el fiscal tiene decidido apelar cualquier resolución contraria a su pedido para que Milani sea citado a declarar por el encubrimiento del asesinato de Ledo.
El peronista disidente Enrique Romero presentó ayer ante el fiscal Brito documentación que probaría que el soldado riojano Ledo había sido «marcado» por los agentes de inteligencia del Ejército un año antes de su desaparición. La prueba documental también confirmaría que Milani habría participado del denominado Operativo Independencia, entre fines de 1975 y principios de 1976, al mando del fallecido represor Antonio Domingo Bussi.
El expediente, que ya había sido aportado a la Justicia en 2010 por Eduardo Luis Duhalde, ex secretario de Derechos Humanos, incluye el listado de los oficiales que integraban el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 (inteligencia militar) de La Rioja. Entre esos nombres, figuran el entonces subteniente Milani y su superior, Esteban Sanguinetti, a quien Bejas procesó en julio de 2013 por el crimen de Ledo.
«De esta documentación surge que Milani y Sanguinetti sabían perfectamente que Ledo pertenecía a los grupos armados estudiantiles de Montoneros aun antes de que fuera incorporado para cumplir con el servicio militar obligatorio, en 1976, que es cuando lo hicieron desaparecer en Tucumán. Ya lo habían condenado a muerte», explicó Romero a LA NACION.
La prueba aportada por Romero no fue incorporada en el expediente que tiene el fiscal Brito porque está referida a hechos ocurridos durante el Operativo Independencia, cuya investigación estuvo a cargo de Camuña, quien sugirió el archivo de esa causa por considerar que no había pruebas contra Milani.
– Por Fabián López – La Nacion
