En los tiempos que corren, se dice que ningún ciudadano demorado o detenido en cualquier dependencia policial de la Capital o del Interior de la provincia, tendría las garantías mínimas respecto de su integridad física o psicológica.
A la luz del reincidente hecho ocurrido en la Comisaría de General Güemes, la crónica periodística relata que se habría entregado a dos menores detenidos por robo simple, que en la propia dependencia a merced de los denunciantes, fueron golpedos salvajemente y en presencia de los funcionarios actuantes, los que en ningún momento habrían evitado tan repudiable hecho, inédito en este Valle de Salta.
Hace unos 3 años, un video sobre Torturas en la misma comisaría, esta vez ejecutada por policías del lugar, fue visto en todo el mundo. Era el mismo Gobernador, el mismo Jefe de Policía y el mismo Ministro que ahora ocupa otra cartera, los que siguen impertérritos e inmunes como si ellos no tuvieran responsabilidad política y civil alguna. Eso sí, la entonces Jefa de dependencia de la Policía de Gral. Güemes, hoy ascendida a un grado superior, es la actual Jefa de Recursos Humanos de la fuerza.
La pregunta de rigor sigue siendo: ¿Qué debe hacer el SALTEÑO común y de a pié cuando pretende conocer a través de los medios veraces, la identidad personal de cualquier uniformado que acomete en grupo o individualmente, actos de privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales, torturas y demás acciones que violentan las garantías constitucionales de la persona humana, en nombre y representación de la Policía de la Provincia de Salta…? Seguramente le será privado ese derecho esencial por la propia Policía, que de conocerse por otro medio, la Opinión Pública ejercería un mínimo control social sobre el accionar público de la fuerza en distintos lugares con jurisdicción en el territorio provincial.
Pero además, está la siempre ominosa, silenciosa, canalla y tal vez cobarde, complicidad o pacto de silencio implícito, de autoridades gubernamentales, jueces, fiscales, legisladores, llamados a intervenir en defensa del derecho y justicia de métodos y procedimientos, utilizados en contra de ciudadanos desarmados y no lo hacen. Hechos que ocurrían en los tiempos de facto videlistas, hoy siguen pasando en esta democratura burócrata y de castas políticas donde sólo ELLOS defienden a la gente como UNO. Ya lo decía Perón: “Para los AMIGOS todo… para los ENEMIGOS ni Justicia…” Claro, por esas épocas no había inventado el Gobierno el Plan Procrear.
Seguramente y como ocurre siempre, estas malas y reprobables acciones y omisiones que laceran a toda una sociedad quedarán en la nada. La impunidad y corrupción sigue siendo privilegio de los que detentan algún poder como grupos organizados e influencias. En este caso, esos vicios tendrían fecha de vencimiento: 10 de diciembre de 2015. Esperemos que así sea. Salteños: a las cosas….
– El autor es Periodista – Analista Político –www.tiemposdehoy.org.ar
