Piden una ley que prohíba la minería metalífera a cielo abierto, la minería de uranio y torio, y métodos de lixiviación y explotación de sustancias tóxicas en la provincia. Las asambleas exigen a Kristina la anulación de leyes y de un tratado con Chile.
La comunidad universitaria de la Unsa impulsa un pedido al poder legislativo provincial para que se prohíba la explotación minera contaminante en la provincia.
La adhesión a la nota que plantea la iniciativa se puede realizar en la sede de la Biblioteca de Humanidades, en el edificio central del complejo de Castañares de la Unsa. Ya hay tres hojas con firmas que acompañan al petitorio.
Se trata en realidad de dos notas, ya que una de ellas está impulsada por la red de asambleas ciudadanas.
–
Petitorio de universitarios de la Unsa a la Legislatura de Salta
A la Legislatura de la Provincia de Salta.
Los abajo firmantes pedimos se promulgue una Ley provincial que proteja a Salta, prohibiendo la minería metalífera a cielo abierto, la minería de uranio y torio, y los métodos de lixiviación y/o explotación con sustancias tóxicas en toda la provincia.
No somos ni queremos ser el reservorio del primer mundo
Exigimos se cumpla la Constitución Nacional, artículo 41: «todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo…» «…las autoridades proveerán a la protección de este derecho».
–
Petición de asambleístas al gobierno nacional
Los ciudadanos del territorio argentino decimos NO a la minería química con la modalidad a «cielo abierto» y a la minería radiactiva en todas sus modalidades (cielo abierto o por galerías).
Pedimos la nulidad y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (ley nacional 24.196) y normas complementarias.
Exigimos la derogación y anulación por parte de la República Argentina del «Tratado de Integración Minero Argentino – Chileno».
Reclamamos el cierre definitivo y la recomposición del ambiente, según el art. 41 de la Constitución Nacional, de todas las minas abandonadas y aquellas que están funcionando
y no respetan la Ley general del ambiente (Ley Nº 25.675).
Pedimos previa autorización expresa para la utilización de recursos hídricos compartidos de las poblaciones de las provincias potencialmente afectadas por un emprendimiento minero que se expresarán por referéndum y demandamos la participación de la autoridad ambiental nacional en caso de efectos inter-jurisdiccionales.
Pedimos se respeten estrictamente los principios ambientales preventivos, precautorio y de sustentabilidad contenidos en la Ley general del ambiente y la sanción de caducidad de las concesiones mineras en caso de incumplimiento.
Reclamamos la detención y prisión de los empresarios mineros que contaminan el medio ambiente con sus delitos y la misma condena para los funcionarios públicos cómplices.
Denunciamos los planes nucleares que se fomentan desde el gobierno y enriquecen a los empresarios mineros radiactivos.
Reclamamos expresa «licencia social» y participación ciudadana real y efectiva previas a los procesos de autorización de actividades mineras.
Sí a la vida y a la dignidad. No al saqueo, destrucción y contaminación.