La provincia de Salta no escapa a la crisis nacional, aunque los operadores kirchneristas locales intenten disimularla. El gobernador la blanqueó hace más de tres semanas y anunció una reducción del gasto público que quedó solamente en el micrófono.
Los indicadores de la economía argentina han puesto en alerta a los mercados internacionales y los analistas más serios consideran que los problemas son manejables, mientras se diseñe un plan de pagos de la deuda externa y se reduzca el gasto público.
Sobre esta base ya no se discute si estamos en crisis, sino cuál es su dimensión y en qué medida puede resquebrajar la estabilidad política de un gobierno poco propenso al diálogo y el consenso.
Tras manejar durante más de un lustro una caja superior a los 15.000 millones anuales, que se ha destinado a la seducción de gobernadores e intendentes para sustentar la política de la “transversalidad”, la batalla con el campo ha deslegitimado el reparto discrecional e instalado el debate por un federalismo genuino.
Entre los efectos negativos del conflicto agropecuario se cuentan el enfriamiento de la economía y la consecuente imposibilidad de continuar con una “concertación” sustentada en la billetera presidencial.
Salta no escapa a esta crisis, aunque los operadores kirchneristas locales intenten disimularla. El gobernador la blanqueó hace más de tres semanas y anunció una reducción del gasto público que quedó solamente en el micrófono.
Hasta los dirigentes oficialistas ya toman estos anuncios como expresiones desprovistas de traducción ejecutiva. Mucho tiene que ver con esto el despliegue desorbitado de un mandatario que imprime vértigo a su agenda y no escatima gastos en las incursiones de cabotaje ni en las que lo conducen al exterior, con más excusas que seriedad de objetivos.
En la virtualidad legal la emergencia nunca se fue, sino que la Ley 6.583 fue renovada sistemáticamente desde 1.991 hasta la fecha, con la exclusiva finalidad de evadir obligaciones con sus acreedores. Es la misma normativa que utilizó Juan Carlos Romero en diciembre de 1.995 para cesantear cinco mil empleados públicos y cerrar organismos bajo el pregón del ajuste.
Urtubey no necesita ninguna normativa que lo habilite a disminuir las erogaciones de un Estado acostumbrado al despilfarro. El problema es eminentemente político y lo que huelga por su ausencia es la decisión de achicar la estructura que, por el contrario, se incrementó en cinco mil presupuestívoros. De hacer lo que debe, el gobernador tendría que tamizar la planta en donde cohabitan sin mayores complejos los romeristas redivivos y sus recientes adversarios.
Un gabinete compartimentado hasta la desmesura –al menos si cotejamos los resultados operativos- no solamente involucra once ministerios y treinta y cinco secretarías, sino la repercusión geométrica con altas jerarquíasy sueldos en la administración pública.
Son 45.000 las almas que perciben salario del Estado y que, además, gozan de privilegios injustificados. Vehículos con millajes exagerados, viajes injustificados y celulares con crédito ilimitado contrastan impúdicamente con un déficit social que no fue revertido.
Es una verdad de Perogrullo que, de asistir a sus trabajos la totalidad de los empleados públicos enlistados, no alcanzarían los escritorios del Centro Cívico Grand Bourg. Mucho menos, los del Poder Legislativo, cuyas cámaras refugian sin cargos de conciencia a ex funcionarios abyectos y varias centenas de “trabajadores eventuales” que rodean por interés a los cultores de la política mal entendida.
La preservación de estos planteles tiene estrecha relación con derroteros parlamentarios que se resisten a controlar los actos de gobierno y prestan apoyo ciego a iniciativas polémicas.
Se equivocan quienes creen que senadores y diputados son rehenes de los aprietes del Poder Ejecutivo de turno. Por el contrario, muchos de ellos son extorsivos y altamente compatibles con los perfiles de Marcelo Cantarero y Alberto Flamarique.
Es evidente que, detrás del gobernante, los socios y subalternos se sienten con derecho a gozar de una parte proporcional del exceso presupuestario. Un intento de averiguar cuál es la inversión en viajes y gastos protocolares durante el “gobierno del cambio” naufragó en el senado provincial y un legislador justicialista llegó a amenazar a la senadora radical Silvina Vargas para evitar que sostuviera la iniciativa en el recinto. Por lo visto, algunos no se limitan a segar las atribuciones parlamentarias con el garrote de la mayoría aritmética, sino que se sienten autorizados para ejercer la violencia en sus propósitos.
Así como el gobierno nacional debe reducir los subsidios a las empresas que prestan servicios públicos por delegación, es conveniente que la Provincia revoque la política de exención de impuestos que solamente ha beneficiado a las empresas cuya gran envergadura adquirieron de la mano del Estado.
La Plumada S.A. es un claro ejemplo de una sociedad que nació al calor del romerismo y sigue gozando de favores de la mano de Urtubey.
Es la misma empresa que contratación direccionada, beneficios impositivos y una renegociación casi clandestina que podemos presumir de indulgente. Otras empresas tienen idéntico trato diferencial y restan millones a la masa recaudatoria.
La baja de los recursos de coparticipación federal han repercutido en los ingresos de los municipios y éstos buscan avanzar en reformas que asfixien a ciudadanos cuyo salario se ha depreciado por el espiral inflacionario. Son los mismos que comienzan a engrosar las reuniones que buscan la recomposición de los sueldos por vía de la huelga.
El discurso de que la presión debe dirigirse hacia los que más tienen es una quimera, considerando que los operadores de mayor confianza del mandatario responden a importantes intereses empresariales.
Los ajustes necesarios lucen demorados y Urtubey depende de un derrotero presidencial ineficaz que sigue dependiente de Néstor Kirchner.
El parlamento provincial tampoco aporta solucionesa un cuadro preocupante, pero aún sin convulsiones. Los pobres superan el 40%de la población y los indigentes el 17%; los que carecen de obra social superan el 31% y realiza una tarea informal el 47,6%. En la Capital, donde seconcentra la mitad de los habitantes de Salta, el 37,3% trabaja “en negro”.
Semejantes cifras hablan de la continuidad del déficit social y la mala calidad institucional, que nunca fueron revertidos. Este gobierno no hace realidad la esperanza y ni siquiera la construye. Por el contrario, los salteños parecemos librados a la suerte…
NdR: Carlos Humberto Saravia es abogado, político y columnista de medios locales. Denunció incansablemente la corrupción del gobierno de Juan Carlos Romero a la que enfrentó desde los estrados, el comité cívico y la tribuna periodística.
