Luego de que los hijos adoptivos de la directora de Clarín se opusieron a que sus muestras de sangre fueran cotejadas con las muestras de todo el Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand, la jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso el allanamiento de sus respectivos domicilios para incautar objetos personales de Felipe y Marcela que permitan realizar los estudios pertinentes para determinar si son o no hijos de desaparecidos.
Alejandro Carrió, el abogado de los hermanos Noble Herrera, calificó los allanamientos como una «vejación innecesaria».
La fiscal de San Isidro Rita Molina informó de la negativa de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, luego de entrevistarse con ellos en el marco de la causa que lleva adelante la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien había citado a los jóvenes esta mañana en su despacho.
«Se negaron rotundamente a que sea utilizado el material que tenemos», contó Molina luego de mantener una audiencia de dos horas con los hijos adoptivos de Herrera de Noble, quienes -dijo- «tienen derecho» a oponerse a la medida.
La jueza federal Arroyo Salgado citó a Felipe y Marcela luego de reiterados fallos judiciales que dejaron firme una decisión de la Cámara Federal de San Martín en cuanto a determinar si ambos jóvenes fueron apropiados durante la dictadura.
Los hijos adoptivos de Herrera de Noble se extrajeron sangre el año pasado pero en el Cuerpo Médico Forense, dependiente de la Corte Suprema y a condición de que las muestras sólo fueran comparadas con dos familias querellantes en la causa. Como estas muestras no pueden usarse en el Banco Nacional, la Justicia buscó el consentimiento de los jóvenes para una nueva extracción, ya que no se puede hacer de manera compulsiva.
«El objetivo de esta fiscal es conocer la verdad y la verdad sólo la tenemos que obtener con las muestras y con el examen de histocompatibilidad, no sólo con la familia querellante sino con todas las muestras que hay en el Banco genético», insistió.
Molina remarcó la necesidad de «terminar con este tema que perjudica tanto a los chicos como a la sociedad toda, que está expectante ante la comisión de un supuesto delito».
La causa judicial abierta por denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo, querellante en el caso, investiga si ambos hermanos fueron adoptados ilegalmente por la directora de Clarín en la dictadura y sustraídos a secuestradas que dieron a luz en centros clandestinos de detención. Ernestina Herrera de Noble está imputada en el caso y estuvo detenida en su momento por orden del luego destituido ex juez federal Norberto Marquevich, primer magistrado del caso.
Posteriormente fue liberada y la causa siguió su curso hasta que el año pasado la Cámara de San Martín amplió el objeto procesal para determinar si fueron sustraídos a detenidos desaparecidos en general y no sólo demostrar si son hijos biológicos de dos familias querellantes en la causa, que los reclaman.
Los Noble habían aceptado hacerse los ADN para ser comparados sólo con muestras de estas dos familias y en el Cuerpo Médico Forense, algo rechazado ya en distintas instancias judiciales donde quedó firme la resolución de hacer los estudios de manera general en el Banco Nacional, donde se almacenan todas las muestras.
«Es realmente incomprensible que contando con una muestra sanguínea brindada voluntariamente por los jóvenes en diciembre pasado, y con nuevas muestras de material genético obtenidas en un allanamiento un día después, se los exponga nuevamente a esta innecesaria vejación», sostuvo Carrió.
«Los jóvenes fueron muy claros cuando ratificaron que ellos habían entregado su sangre para la realización del análisis en sede judicial, tal como había sido ordenado por todas las instancias de la Justicia. Y le pidieron a la jueza que escuche sus reclamos en el sentido de que se respete esa modalidad, que les ofrece seguridad y que fue avalada en su momento por la Cámara de Casación y la Corte Suprema», agregó.
