Cesanteados fueron desalojados con sus guaguas de la Catedral

El Ministro Van Cauwlaert no se hace cargo de sus errores. ¿El gobernador «escucha» telefónicamente las conversaciones de sus empleados con los huelguistas? Dramático desalojo en la Catedral tras promesas incumplidas e inoperancia de funcionarios.

Hoy a las 6 de la mañana en la Catedral Basílica de la Ciudad de Salta tres personas sin trabajo – cesanteados ex empleados del Ministerio de educación- de los que hicieron huelga de hambre en la Plaza 9 de julio, llegaron a la extrema medida de fuerza de encadenarse con sus hijos en las rejas de la Catedral, tras la incumplida promesa del gobernador Urtubey de recibirlos.

Los huelguistas habían instalado una carpa en la 9 de julio que pasó casi inadvertida por el gobierno – cerca de un mes- en el que no se prestó atención oportuna a sus reclamos. Cesanteadas 72 personas del Ministerio de Educación, 27 fueron restituidas- se dice por acomodo político, cuña y que algunos eran punteros devitistas- mientras el resto quedó a las buenas de Dios (o de su opuesto).

Un operativo del que formaron parte 23 policías fue necesario para desalojar a tres personas encadenadas en la Catedral. En principio se acercaron 9, luego ingresaron cerca de 12, rodearon a las personas que se apostaron en el piso, sentadas, con sus hijos en brazos. El cuerpo uniformado rodeaba a Eduardo Arapa, Soledad Choque y Marta Balderrama por lo que se hacía difícil ver sus maniobras. Llantos de los niños y de las mujeres, se oían. Algunas de las frases que gritaron con desesperación los manifestantes desalojados:

¡Vayan a buscar a los chorros!

¡Ayúdenme por Dios!

¡Llamen a la prensa!

¡Quiero trabajo!

¡Queremos hablar con Urtubey!

¿Tenés hijos, vos? ¡Basuras, eso son!

El resto es indescifrable en partes: llantos y gritos, reclamos por parte de las mujeres.

Imágenes de mujeres arrastradas en el piso junto a sus hijos: una acción policial dramática que responde al petitorio de un salario digno y por la restitución a sus puestos de trabajo.

Los cesanteados terminaron desalojados de la Catedral, entre sollozos y gritos esparcidos al vacío.

El capricho del Gobernador

No hubo razones lógicas para la cesantía de esta gente. Y para su restitución, simplemente hay un no tajante. La hipótesis que ronda es que como salieron por resolución de la Ministra Torino, no quieren aceptar la legalidad de las designaciones, esto por un lado. Por el otro, como el Ministro Van Cauwlaert desconocía la normativa, actuó por ignorancia.

El 3 de abril fueron designadas 46 personas cuando a las resoluciones – todavía- las firmaba sólo el ministro. Por Decreto 1575, las resoluciones son delegadas y llevan la firma no sólo del ministro sino del gobernador, decreto publicado el 4 de abril. El 22 del mismo mes, son designadas 26 personas cuyos nombramientos son firmados por la ex Ministra Marta Torino, a quien el día 24 le piden la renuncia. Estas 72 personas fueron cesanteadas posteriormente y son las que hicieron la huelga de hambre recientemente.

Fue por inoperancia del Ministro que no terminó lo iniciado por Torino y se “aviva» seis meses después, cuando estos últimos 26 nombramientos ya son legales por derechos adquiridos. Los primeros 46, están en total orden y son anteriores al decreto enunciado.

La ley dice que si el ministro no cumple con la normativa vigente debe responder con la sanción disciplinaria correspondiente más el pago considerable por ocasionar gastos al estado. Lo cierto es que no hay causales de nulidad para tales nombramientos, según los propios abogados consultados en la causa.

Lo que se debe hacer para solucionar es refrendar las resoluciones: la cesantía de los primeros 46 nombramientos son ilegítimas; la de los 26 siguientes, también ya que corresponden por derechos adquiridos. Causales: inoperancia y desconocimiento de Van Cauwlaert y ceguera del gobernador Urtubey, de quien se dice que se “encaprichó” con el no. Como si esto fuera poco, los fondos están previstos en el presupuesto: plata hay.

Urtubey escucha

El joven gobernador pidió a los cesanteados que levanten la carpa y que de esa manera los iba a recibir- fue al momento en se encontraba en el ministerio de Bienestar Social, lo dijo frente a la prensa- de modo tal que los huelguistas cumplieron y fueron el día lunes. No lograron ser recibidos. Les dijeron que Gaudeli los llamaría, no lo hizo. Finalmente fueron atendidos por Carrasco, el jefe de personal, quien los citó para el día de ayer.

A la reunión ingresó Sonia Monteros y fue atendida por Carrasco. El empleado le aclaró que sólo había lugar para tres personas a lo que Monteros respondió que no podía decidir y traicionar a sus compañeros huelguistas que no estaban presentes. La vocera le dice al jefe de personal que afuera estaba Gonzalo Zabala, el otro vocero y que necesitaba hacerlo pasar. Allí se oyó -aparentemente- la voz de Urtubey quien ordenó a Carrasco que lo haga entrar (“hacélo que entre”- le dijo).

Zabala entró al recinto y les dijeron que había lugar para cuatro restituciones solamente: para los dos voceros (Monteros, Zabala) y para Suica y Torrejón (dos mujeres). Los citaron a las 16 hs. de ayer y les dieron el mismo trato del mediodía: promesas sin garantías, palabras sin papeles. Pero les otorgaron un plazo – hasta la noche- para contestar por sí o por no. Esto les pareció una falta de consideración hacia el resto pero reunidos anoche entre las 21 y las 22 hs., decidieron aceptar esto por poco que sea.

Arapa, Choque y Balderrama decidieron que no podían quedarse de brazos cruzados. Fueron dados de baja y estuvieron en huelga de hambre. Incluso pidieron reubicación porque cargos vacantes hay. Y resolvieron finalmente encadenarse en la Catedral.

Los argumentos del gobierno fueron refutados por los cesanteados: no pueden decir que no están capacitados o que no tienen títulos; tampoco están ocupando cargos “creados” políticamente ni le están quitando el lugar de trabajo a los jefes de hogar. «Es un no caprichoso del gobierno», lamentan. Los cargos corresponden a preceptores, bibliotecarios, secretarios, prosecretarios, etc., y las personas poseen títulos secundarios, terciarios y universitarios como el caso de un abogado designado en el Colegio Sargento Cabral.

Los desalojados denuncian que el atropello vivido esta mañana no tiene argumentos legal ni jurídico alguno; no se sabe de dónde vino la orden de desalojo; tal es así que Eduardo Arapa, Soledad Choque y Marta Balderrama denunciaron ante el INADI, ante la Secretaría de DD.HH, a la policía y a la Fiscalía.

Arapa -que llevó adelante una huelga de hambre de varios días para que se lo restituya en su puesto de trabajo- es el único sostén de la familia, tiene hijos y cuñados discapacitados a su cargo; Choque es mamá soltera y se encarga de su familia.