Una reciente investigación realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y una organización dedicada a personas con discapacidades mentales Mental Disability Rights Internacional (MDRI), publicaron sus resultados en Siglo XXI Editores, bajo el título VIDAS ARRASADAS La Segregación de las Personas en los Asilos Psiquiátricos Argentinos.
El trabajo conjunto de investigación de ambas organizaciones en asilos y hospitales de las provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, San Luis, Neuquén, Río Negro y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los años 2004-2007, documenta violaciones de los Derechos Humanos en aproximadamente 25.000 personas detenidas (“institucionalizadas”, “internadas” o “medicalizadas”) o privadas de libertad.
El informe registra graves hechos de abuso y negligencia, actos de violencia física y sexual, insalubridad, falta de agua, de cloacas, riesgo de incendios, incluso casos de personas incineradas en las celdas de aislamiento, otras sometidas a privación sensorial (privación de algunos de los sentidos) que lleva a un deterioro profundo de la personalidad sin posibilidades de reintegrase a la sociedad.
Los investigadores también comprobaron falta de atención médica clínica y quirúrgica, ausencia de rehabilitación, de laborterapia, tratamientos inadecuados e innecesarios (“empastillamiento” o fuertes dosis inyectables de tranquilizantes).
A pesar que existe consenso mundial de “desinstitucionalizar” las discapacidades mentales y promover modelos alternativos, nuestro país –por la crisis socio-económica de los últimos años- ha incrementado el número de “pacientes sociales”, así llamados porque no tienen a dónde ir por falta de recursos, ni familia que los contenga, ocupando servicios que otros efectivamente necesitan.
Pero son varias las causas que contribuyen a la sobrepoblación en estas instituciones, como la ausencia de voluntad política para elaborar un Plan de Salud Mental la ausencia de una Legislación que establezca los mecanismos que garanticen los derechos de los internados y la revisión judicial periódica de todas las internaciones psiquiatritas de acuerdo a los Principios de Salud Mental y a lo que establece el Derecho Internacional (“una persona sólo puede ser internada si presenta un riesgo grave de daño inmediato o inminente para sí o para terceros o cuando sea en algunas circunstancias prevenir un deterioro considerable y fuera imposible el tratamiento ambulatorio”).
En esta apretada síntesis de la lectura del libro mencionado –que recomiendo a funcionarios y profesionales de la salud– quiero resaltar la repugnante violación de los Derechos Humanos, los casos de segregación que padecen los llamados “pacientes sociales” y las propuestas y recomendaciones que ofrecen los investigadores y autores de este trabajo: el CELS dedicado a la promoción y protección de los Derechos Humanos, impulsor de las reformas legales tendientes al mejoramiento de las instituciones y el MDRI en defensa de los discapacitados mentales y apoyo a los abogados defensores de los servicios de salud y su reforma legal.
Para finalizar, transcribo textualmente una parte de las conclusiones de estas organizaciones: Esta institucionalización masiva es, fundamentalmente, el resultado de decisiones políticas erróneas que se traducen en una mala asignación de los recursos gubernamentales y en la ausencia de planificación en políticas especificas que se orienten a proveer atención a la salud mental centrada en la comunidad.
– El autor de la nota es Médico Forense (Salta- R.A.)
– Conduce desde hace diez años el programa «Libros y música» por FM Noticias en la 88.1
