El secretario de Seguridad de la Provincia, Gustavo Ferraris ordenó ayer el desalojo compulsivo de un asentamiento en el barrio San Expedito en contra de disposiciones expresas de dos jueces. Nenina Lescano, la conocida militante por los Derechos Humanos fue una de las 50 personas detenidas
Abogados y organizaciones de Derechos Humanos consideran que la acción dispuesta por el Ejecutivo Provincial marca una grave violación a las normas republicanas porque de hecho implican un desconocimiento del Poder Ejecutivo a las atribuciones conferidas por la Constitución Nacional y Provincial al Poder Judicial. Este hecho -que implica un quiebre institucional muy grave- será denunciado hoy por letrados y militantes de Derechos Humanos en una conferencia que se llevará a cabo a las 12 en General Güemes 1390.
El asentamiento de decenas de familias pobres en San Expedito es parte de la crisis habitacional que se vive en Salta. Uno de los problemas sociales más acuciantes en nuestra comunicad es la falta de viviendas que afecta en forma más aguda a los sectores humildes en esta urbe de 600 mil habitantes que es hoy la capital de la Provincia, una de las ciudades de más alto índice de crecimiento poblacional en el país y que lidera las estadísticas de desocupación a nivel nacional.
El asentamiento de San Expedito surgió en el mes de febrero, cuando decenas de familias sin vivienda ni posibilidades de hacer frente a un alquiler comenzaron a asentarse en la zona. El Poder Ejecutivo siempre consideró al asentamiento como irregular e inició acciones judiciales e intimidaciones a los habitantes de la villa para que abandonaran el predio.
Como el gobierno de Juan Carlos Romero no tuvo éxito a través de esas acciones en su intención firme de despejar la zona, desde la Secretaría de Seguridad se organizó ayer un operativo de desalojo compulsivo que comenzó en la madrugada con la presencia de unos 500 efectivos policiales que rodearon el asentamiento y comenzaron un tarea de demolición de las humildes viviendas y de expulsión por la fuerza de sus moradores.
Esa política de violencia y tierra arrasada contra ciudadanos pobres e indigentes impactó en los medios radiales que siguieron paso a paso las alternativas del dramático desalojo, en el que fueron detenidas en el transcurso de la mañana 41 personas.
Una consulta al juez Marcelo Torres Gálvez reveló que la acción ordenada por el secretario de Seguridad, Gustavo Ferraris, no contaba con la autorización judicial correspondiente, lo que la colocaba fuera de la ley. Ante la consulta periodística sobre la cuestión, Ferraris invocó un artículo del Código Procesal Penal como respaldo legal para el polémico desalojo.
Ante un recurso de amparo presentado en la Justicia por el diputado del Partido Obrero Claudio del Plá en horas de la tarde el juez Sosa Vallejo ordenó al Poder Ejecutivo el cese de toda acción represiva y de desalojo compulsivo en el asentamiento San Expedito. Pese a ello las acciones policiales se reiniciaron en la zona a partir de las 18 horas, ocasión en la que se detuvo a otras 9 personas, entre ellas la reconocida militante por los Derechos Humanos Nenina Lescano.
Cuando a las 18,30 el juez Sosa Vallejo era entrevistado por el periodista Sergio Poma por FM Noticias en momentos en los que el cronista de la emisora transmitía las nuevas acciones policiales de represión y desalojo en San Expedito, el magistrado se mostró sorprendido y contrariado porque su orden no había sido acatada por el Poder Ejecutivo. Sosa Vallejo apuntó que no hay ninguna disposición del código penal que autorice al Ejecutivo a actuar en contra de disposiciones emanadas del Poder Judicial en atribuciones que clara y tajantemente le son conferidas por la Constitución a este poder del estado.
A lo largo de la noche, medio centenar de personas -entre ellas dirigentes y abogados de Derechos Humanos y de agrupaciones políticas y sociales- manifestaban frente a la Alcaidía donde permanecían privadas de su libertad las 50 personas detenidas en San Expedito. Los doctores Tort y Castiella se hicieron presentes para gestionar su liberación. A las 22.30 fueron liberados los tres últimos detenidos.
