La jueza Sandra Espeche dará a conocer esta tarde la sentencia en la querella que el vicepresidente de la Junta, Fernando Mazzone, le inició a la profesora Milagro Castro por presuntas calumnias e injurias. Hubo un interesante duelo de alegatos.
El juicio en el caso Fernando Mazzone vs Milagro Castro por presuntas calumnias e injurias llega hoy a su fin. Por lo menos en una primera instancia porque, se sabe, en la vía judicial existe la posibilidad de apelar a una instancia superior.
El caso tiene repercusión en el ámbito docente y también alcanzó amplia difusión pública a partir de la cobertura de medios como FM Noticias, Cable Expréss, Nuevo Diario y Salta 21.
Tras el cuestionamiento de docentes del colegio 20 de Febrero al nombramiento de la profesora Mónica Luna -esposa de Fernando Mazzone– se realizó una reunión en la que Castro habría dicho que el funcionario tiene licencia hasta para matar. En esta frase estaría el delito de calumnia e injuria por el que el vicepresidente de la Junta querelló a la maestra jardinera y profesora de geografía.
Lo medular del juicio giró en torno a si Castro dijo o no la frase, si el acta del secretario y el primer informe de la directora que no la registra son válidos o lo es el informe que forzó luego el supervisor Aldo Pastrana, que sí la contiene.
Interesante duelo de alegatos
En la audiencia de la semana anterior se realizaron los alegatos de los letrados Flavia Calvente, apoderada de Mazzone, y de Roberto Pecci, representante legal de Castro.
Calvente mostró que se había preparado adecuadamente, con citas eruditas y lecturas de documentos generados en el transcurso del proceso, para apoyar el argumento de que efectivamente quedó demostrado que Milagro Castro calumnió e injurió a su tío provocándole un grave perjuicio moral, social e incluso psicofísico. «Tiene daño coronario irreversible por estrés», señaló.
Por ello pidió que se condene a la profesora querellada a dos años de prisión y al pago de 30 mil pesos por daño moral, físico, psicológico con descrédito social y profesional de su representado. Solicita también que Castro se retracte públicamente por todos los medios en los que se «virtió la calumnia».
Pecci, a su turno, cuestionó de raíz que la presunta expresión calumniosa proferida por su defendida en la reunión del 22 de mayo de 2006 estuviera probada. En primer lugar porque no figura en el acta que realizó el secretario. Tampoco en la que el supervisor Aldo Pastrana le pidió luego a la directora Ramona Amaya y sólo aparece en la que él mismo redactó y luego exigió que la rectora firmara.
«No se ha cometido delito alguno», afirmó Pecci y recordó que la prueba documental debe ser cierta, explícita, necesaria, clara y concluyente. También cuestionó la forma irregular con la que el informe presuntamente incriminante llegó a manos de Mazzone, supuestamente a través de su envío a la Junta, pero sin sellos de emisión ni recepción. Tampoco hay fechas en los informes. Es extraño -destacó- que la directora diga que en realidad sacó una copia de su computadora porque el documento original se perdió.
Con todo ello Pecci dejó la impresión que pudo demoler la veracidad, confiabilidad y legalidad de la principal prueba documental. Mostró que en definitiva es ilícita y penalmente inadmisible porque fue producida y manipulada con la intencionalidad manifiesta de incriminar a la profesora Milagro Castro como represalia por sus objeciones -que incluso si hubieren resultado erróneas eran, destacó el letrado, expresadas de buena fe-.
Pero no sólo eso. En caso -sólo hipotético, porque niega que esté acreditado- que se hubiera proferido la frase considerada como delictuosa, señala Pecci que había un clima exaltado en la reunión generado por la impotencia ante lo que se presumía una injusticia. El lenguaje, recordó, a veces falla tanto en la expresión exacta de lo que se quiere decir como en la interpretación de lo que se dice.
En definitiva, para el abogado Roberto Pecci no está demostrada la injuria, no existió calumnia, no hay prueba del presunto daño moral o psicofísico, al punto que cuando el conflicto estalló -y con posterioridad incluso- el querellante se encontraba en Madrid, haciendo cursos de posgrado. Y recordó además que una de las testigos propuestas por Mazzone, la profesora Jarro, declaró que cuando se enteró de la presunta frase calumniosa e injuriosa «le dió risa».
«A la luz de este proceso sólo puede deducirse que ha sido una manera de acallar una voz que se alza en defensa de los derechos de la comunidad docente», concluyó Pecci.
Aprendizaje in situ
Un aporte interesante para la instrucción de los trabajadores de prensa fue la afirmación de Calvente -reafirmada por Pecci- que en la jurisprudencia actual ya no se considera tanto para la configuración del delito el ánimo de injuriar sino el «dolo simple». Y que hay en el caso del periodismo una mayor protección habida cuenta que puede existir un problema de «error en las fuentes». (Parece que aquí no llegamos todavía a la doctrina de la «real malicia» que ampara la labor periodística en las democracias más avanzadas).
Como a continuación se iba a leer el veredicto, este cronista pensó -tal vez instigado por su ignorancia judicial-: si el juez ya trae preparada la sentencia, ¿qué función pueden tener alegatos tan interesantes, fundamentados y hasta didácticos como los que acabamos de escuchar si no pueden influir ni tan siquiera mínimamente en el fallo? ¿Son un elemento decorativo? ¿Una efusión retórica sin importancia en el proceso? Una explicación de un colega avezado en lides judiciales: «la sentencia se basa en todo el proceso, en los testimonios y sobre todo en la documentación, no en los alegatos» no alcanzó a despejar la sensación de incomodidad, la impresión de que hay algo fallado en el sistema de emisión de fallos.
Pero como si hubiera adivinado esta objeción la jueza Sandra Espeche dijo entonces que dada la complejidad de la causa y la amplitud de la documental que ella incluye la sentencia sería dictada el martes 23 a las 17,30, o sea en la tarde de hoy.
Mazzone-Castro: fallo tras intensos alegatos de Calvente y Pecci
Buen dia, entiendo como dice sentirse el Sr Mazzone, pero tambien tengo la terrible sensacion que se quiere tapar el sol con un dedo, de hechos que suceden casi a diario, en el tema de designaciones no solo en el Ministerio de Educacion sino en otros tambien, entonces me pongo en el lugar de la Profesora Castro que es la voz de muchos, que no tienen padrinos, que no tienen un pariente ligado al poder para ascender y que ven avasallados su derechos por personas que entran a la administracion publica no por la puerta sino por la ventana y esto es real, ¿entonces, quien ofende a quien?
Yolanda Justiniano
D.N.I.12.957.034