Desde hace años el gobierno viene haciendo auto-elogios de su gestión en materia científico-técnica con el silencio cómplice de la oposición, que no alcanza a percibir el terrible daño que desde las altas esferas de la burocracia científica se ha venido derramando en las filas de todo el aparato educativo del país incluida la enseñanza primaria.
Debe señalarse que en dicho ámbito reina el silencio de los sepulcros, pues los miles de científicos enrolados en los organismos de ciencia se encuentran amedrentados por un contubernio mezcla de autoritarismo y favoritismo. En efecto, como lo he venido denunciando desde hace más de una década, en diversos escritos publicados en la web titulados “La Mala Praxis en la Educación y la Ciencia Argentina” (2010), “La Mano Invisible del Mercado en la Educación y la Ciencia” (2011), “Obsecuencia de los Jueces al Poder Político en Argentina” (2012), y “La prueba de la infamia en la ciencia argentina” (2014), los organismos de ciencia–desde la Agencia (ANPCYT) hasta el CONICET–se han convertido en antros burocráticos donde medran los amigos del poder, con la complicidad de funcionarios administrativos, jueces, fiscales y camaristas, y donde se persigue a quienes se atreven a alzar la voz.
El Juez Federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó archivar las denuncias formuladas en 2010 contra dicha Agencia, y la Sala II de la Cámara Federal Penal integrada por Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah confirmó el fallo en diciembre de 2011, siendo el único testigo aceptado por el Juez, el Lic. Carlos Casanello, Director del FONCYT, y por tanto funcionario del mismo órgano imputado. El fallo que ordenó el archivo de la denuncia está fundado entonces en un testigo falso y por ende en un falso testimonio, y es por tanto nulo de nulidad absoluta, y su causa merece ser reabierta por el hecho nuevo que significa haberse descubierto la verdadera identidad del testigo.
La Agencia se fundó para financiar las investigaciones de aquellos investigadores que carecen de cobertura institucional o universitaria, y alcanzó a distribuir entre sus acólitos y entre las filas del mandarinato académico dominante U$S 1240 millones de dólares originados en un préstamo del BID, entre 2003 y 2010, mediante la artimaña de un supuesto mecanismo de pares evaluadores, que contó con la autoría intelectual del actual Ministro de Ciencia y Técnica Dr. Lino Barañao, cuando oficiaba de Secretario de Ciencia y Técnica (SECyT). Este sistema consistió en una veintena de Mesas Coordinadoras compuestas por tríadas de científicos, cuyos integrantes en su totalidad (medio centenar) –perteneciendo a los organismos de ciencia– beneficiaron a sus propios proyectos de investigación con suculentos subsidios. Para ello instrumentaron el simulacro de cumplir con el requisito de no ser juez y parte, retirándose de la Mesa correspondiente cada vez que el proyecto del eventual beneficiario era evaluado. Y una vez obtenido el subsidio volvía a sentarse en la Mesa para corresponder a los otros dos integrantes con sendos subsidios, una verdadera calesita con sortija fraguada.
También otorgaron subsidios a altos funcionarios del área científica, tales como sesenta (60) miembros de las comisiones asesoras del Conicet, tres (3) miembros del directorio del Conicet; dos miembros del Directorio de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), y seis (6) secretarios de Ciencia y Técnica de seis (6) Universidades Nacionales (Tucumán, Córdoba, Rosario, Sur, MdP, UBA). Y la cuenta sigue, afectando también a otras entidades públicas.
Pero aún más grave que la malversación inferida a la infraestructura científica del país (laboratorios, bibliotecas), es el daño moral practicado a la conciencia de la elite intelectual. Este último daño no es medible ni cuantificable porque agravia la capacidad creativa de quienes deben generar conocimiento original, y perjudica a la inmensa masa de la sociedad cuyas instituciones educativas en sus tres ciclos (superiores, media y primaria) deben nutrirse de sus hallazgos. ¿Por qué motivo decimos que agravia su capacidad creativa? Por la sencilla razón que un investigador debe trabajar en el seno de una comunidad científica sin privilegios, favoritismos, ni cobrar dos veces por el mismo trabajo, pues de lo contrario se le amputa la voluntad de afrontar la búsqueda del conocimiento transformándolos en burócratas rutinarios con meras aspiraciones escalafonarias. Sembrar la comunidad científica con licencias para medrar en instituciones que carecen de auditorías internas equivale a privar a sus integrantes de su bien más preciado, que es su honra y su libertad de pensamiento. Sin intelectuales libres y dignos, una sociedad está condenada a la mediocridad y al fracaso, por más que cuente con tecnología informática, mucho dinero y profusión de investigadores.
El periodismo libre enancado en una pirámide cuya base científica y tecnológica está minada por el miedo y el temor a denunciar su propia realidad cuenta con los días contados pues tiene impedido poder reproducirse, y al ser incapaz de ampliar sus filas con elementos innovadores necesariamente deberá acudir a fuentes externas al sistema amordazado. La prensa libre no puede seguir encubriendo un aparato científico sumido en la vergüenza y la humillación, como ocurrió el pasado año con el filósofo Santiago Kovadloff, entrevistado por el periodista Alfredo Leuco, quien se deshizo en elogios a la gestión del Ministro Barañao y no otorgó derecho a réplica. El año previo a dicha entrevista, el periodista Leuco había incurrido también en igual despropósito.
¿Cómo es posible que el periodismo supuestamente opositor al oficialismo actual caiga en la flagrante contradicción de apoyar activa o pasivamente al Ministro responsable de haber sembrado un clima de miedo y silencio? ¿Cómo es posible que ADEPA, APTRA y otras asociaciones de periodistas de investigación callen esta siniestra realidad? ¿Acaso las corrupciones denunciadas contra Jaime, Báez y Boudou son más graves que la que protagonizaron Barañao y el Directorio de la Agencia con su artimaña fraudulenta para distribuir subsidios? ¿Cuál es la ventaja comparativa de callar esta situación? ¿cual de los dos grupos delictivos viene causando más daño al entramado cultural y social del país? ¿Son acaso comparables?
La respuesta a estos interrogantes es de Perogrullo. Sin embargo, la gran prensa y sus periodistas de investigación (que incluye al PPT) insisten en practicar lo del avestruz, no midiendo sus responsabilidades, porque especula que la corrupción en la ciencia no mide en las encuestas, que basta con que ellos puedan ejercer la libertad de prensa no importa si los científicos estén amedrentados o privados de esas mismas libertades, y que por ende no es preciso combatir la propaganda oficial en materia de falsos logros científicos.
¿O acaso la gran prensa calla esa propaganda porque ella misma cuenta en su propio seno con varios “Niembros” y “Amadeos” de la ciencia, cuya identidad quiere preservar para poder encumbrarlos cuando la taba le caiga en suerte? ¿Acaso con los “Niembros” y “Amadeos” que tienen en su nómina puede la gran prensa opositora apostar a un triunfo político? ¿Acaso esos “Niembros” y “Amadeos” desatarían un salto cualitativo en la ciencia argentina? ¿Piensa acaso la gran prensa poder vencer la corrupción callando las impunidades y dolos que ocurren en las más altas esferas del aparato científico? ¿Acaso cree que la corrupción en la ciencia es algo pasajero, irrelevante e inofensivo, subsanable con más presupuesto y con más nombramientos de investigadores? ¿Acaso piensa que la ciencia argentina no debe rendir cuentas de sus desmanejos ante la comunidad científica internacional y ante la institución internacional que prestó el dinero al país (BID)? o ¿acaso aguarda que algún organismo internacional incrimine a la Argentina y a su periodismo por el comportamiento en esta materia, para recién entonces tomar cartas en el asunto de marras?
– Eduardo R. Saguier
Museo Roca-CONICET-
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