Cerco Judicial: Los cuatro casos que complican a Cristina

El testimonio judicial de un exespía que acusó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) de estar detrás de la muerte del fiscal Alberto Nisman generó mucho revuelo en Argentina la semana pasada.

Más cuando la declaración de Antonio Stiuso, alias «Jaime» –uno de los colaboradores más cercanos del fiscal hallado muerto el 18 de enero de 2015– se produjo días después de que un fiscal de la Cámara del Crimen dictaminara que Nisman fue víctima de un homicidio.

El fiscal, Ricardo Sáenz, aseguró no tener «ninguna duda» de que a Nisman «lo mataron» y le dijo a la agencia de noticias DyN que «no se puede descartar» que la expresidenta Fernández sea citada a declarar en la causa.

Y esa no sería la primera investigación judicial que involucra a la exmandataria.

Según la periodista del diario Clarín María Eugenia Duffard, los registros electrónicos de la Justicia Federal muestran que Fernández arrastra desde su presidencia al menos 50 causas penales en trámite.

Muchos de esos casos tomaron impulso a partir del año pasado, el último de los ocho años de mandato de Fernández.

La exjefa de Estado lo atribuye a una persecución política, y ha acusado a algunos jueces y fiscales de haber formado un «Partido Judicial» para atacarla.

La consultora política Graciela Römer, sin embargo, le dijo a BBC Mundo que es común que el fin de ciclo presidencial «acelere procesos judiciales aletargados».

Y Gabriel Puricelli, presidente del Laboratorio de Políticas Públicas (LPP), destacó que algo similar ocurrió con Carlos Saúl Menem (1989-1999), quien todavía hoy –17 años después de haber gobernado– sigue enfrentando a las cortes.

Causas

En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, los procesos judiciales que avanzaron a paso lento en 2015 parecen haber tomado vuelo en los últimos tres meses, desde que dejó el poder.

La exmandataria incluso sumó una nueva denuncia por la que ya fue citada a declarar el 13 de abril próximo.

Algunos analistas creen que esa podría ser la primera de varias visitas a los tribunales, debido a que Fernández ya no cuenta con fueros que la eximan, pues en la actualidad no ocupa ningún cargo público.

BBC Mundo enumera los principales casos que la involucran y sus posibles repercusiones.

1. CASO NISMAN

En 2015 la justicia desechó la denuncia que había presentado el fiscal Nisman contra la entonces mandataria días antes de morir, en la que la acusaba de firmar un pacto con Irán con la intención de encubrir la participación de ese país en el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Sin embargo, ahora Fernández podría enfrentar otra acusación: la de haber instigado la muerte de Nisman.

El fiscal de la Cámara del Crimen Ricardo Sáenz es el primer funcionario público que adhiere a la teoría de un homicidio y resta ver si ese tribunal acepta su pedido de investigar.

Entre tanto, se espera que la causa –que hasta ahora era investigada por la justicia de instrucción– pase al fuero federal, luego de que la jueza Fabiana Palmaghini, que llevó el caso desde un comienzo, se declarara «incompetente» tras tomar la declaración al exespía Stiuso.

Aunque esa declaración –que duró unas 15 horas– tiene secreto de sumario, diversas fuentes, incluyendo a un abogado que estuvo presente, señalaron que Stiuso vinculó a la expresidenta y a otros funcionarios con la muerte, que –según el espía– fue un asesinato encubierto como un suicidio.

Sin embargo, si bien el caso Nisman ha tenido un fuerte impacto mediático y político en Argentina, son pocos los que creen que pueda complicar jurídicamente a Fernández.

En primer lugar porque la declaración de Stiuso podría estar cargada de parcialidad: fue despedido por la entonces jefa de Estado a finales de 2014.

Pero además, el propio abogado del exespía reconoció que no tiene evidencias ni testigos para sustentar su teoría.

2. CASO DÓLAR FUTURO

Un caso que sí podría prosperar, en cambio, es el que llevará a Fernández por primera vez ante los tribunales, en abril próximo.

La expresidenta fue citada a declarar en una investigación por presuntas irregularidades en los contratos de dólar futuro operados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) al final de su mandato.

Se trata de un negocio multimillonario que benefició a grandes corporaciones y al poder financiero, que consistía en vender dólares a un precio bastante menor que el de mercado, algo ilegal.

12 otros funcionarios también están siendo investigados, entre ellos el exministro de Economía Axel Kicillof y el extitular del BCRA Alejandro Vanoli.

Fernández será la última en comparecer.

El juez que lleva la causa, Claudio Bonadio, es considerado un «enemigo» del kirchnerismo, y ya acusó antes a Fernández y a su entorno (ver CASO HOTESUR).

Según Bonadio, la venta ilegal de dólares a futuro le generó pérdidas al Estado por más de US$520 millones y llevó a que el 87% de la emisión monetaria del BCRA desde que asumió Mauricio Macri en diciembre se usara para pagar estas pérdidas.

Kicillof acusó a Bonadio de ser parte del «Partido Judicial» y de realizar una «persecución política».

En tanto, el kirchnerismo informó que organizará marchas para protestar el día de la declaración de Fernández.

Si bien es la primera citación judicial que enfrenta la expresidenta, se trata de una indagatoria y no de un procesamiento.

Los expertos remarcan que incluso si la causa avanzara y Fernández fuera procesada, no correría riesgo de ir a prisión ya que el delito que se investiga contempla una pena máxima de 6 años, que en Argentina es excarcelable.

3. CASO HOTESUR

Muchos analistas coinciden en que la causa que más compromete a la expresidenta es el llamado caso Hotesur, en el que tanto Fernández como otros miembros de su familia están imputados por presunto lavado de dinero.

El proceso –que originalmente estuvo en manos del juez Bonadio, hasta que este fue apartado por pedido de los denunciados– investiga una posible maniobra de blanqueo de divisas ilegales o una devolución de favores por la adjudicación de obras públicas.

Concretamente se investiga si la sociedad Hotesur, que administra distintos hoteles y pertenece a Fernández, sus hijos y sobrinos, entre otros, alquiló cientos de habitaciones al empresario Lázaro Báez, un aliado del gobierno y uno de los principales concesionarios de obra pública durante el kirchnerismo.

Recientemente el juez que heredó la causa, Daniel Rafecas, derivó gran parte del caso a su colega Julián Ercolini, quien deberá decidir si avanza.

Hace unos días, el máximo tribunal penal del país decidió que el caso se siga tramitando en los tribunales federales de Buenos Aires, un revés para la familia Kirchner que había pedido que la causa se trasladara a Santa Cruz, provincia patagónica que es gobernada por Alicia Kirchner, cuñada de la expresidenta.

En tanto, Rafecas investiga otro posible delito asociado a los hoteles de la expresidenta: un acuerdo comercial por el que Aerolíneas Argentinas –estatizada por Fernández– alquilaba habitaciones para sus tripulaciones en el hotel Alto Calafate, de la familia Kirchner.

El juez también analiza los posibles delitos cometidos dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) para obviar las inconsistencias de la sociedad Hotesur, y por último, las supuestas falencias en las declaraciones juradas patrimoniales de la expresidenta.

4. CASO FINANCIACIÓN DE CAMPAÑA

Otra causa que se reavivó desde que Fernández dejó la presidencia es el de la investigación sobre la financiación de su campaña presidencial de 2007.

El juez federal Ariel Lijo citó la última semana a exfuncionarios y empresarios sospechados de lavado de dinero.

La investigación se centra en los aportes realizados por empresas vinculadas a los sectores de la salud y a farmacéuticas, que representaron un tercio del total recaudado.

Según el juez, varias de las compañías no pudieron justificar los fondos aportados, que estaban por encima de «los parámetros de dinero que manejaban estas empresas».

Algunos de los aportantes también tenían vínculos con el tráfico ilegal de efedrina, aunque el magistrado aclaró que será «muy difícil probar» esa relación.

Aunque Fernández no está imputada en la causa, sí lo están los tres principales recaudadores de su campaña presidencial del 2007: Héctor Capaccioli, exsuperintendente de Servicios de Salud, Sebastián Gramajo, exgerente de la Administración Nacional de la Seguridad Social y Hernán Diez, exdirector de Lotería Nacional.

– BBC Mundo