El impuesto está desactualizado, contiene numerosas distorsiones e inequidades que deberán sortearse en las sesiones extraordinarias de diciembre. Se abren ahora negociaciones para explorar las posibilidades un proyecto único, que contemple la iniciativa oficial y la impulsada por Sergio Massa.
El acuerdo alcanzado el miércoles pasado entre el Gobierno y la oposición desactivó la sesión especial que debía realizarse el jueves y pasó el debate sobre el controvertido impuesto a las Ganancias en las sesiones extraordinarias de diciembre convocadas el mismo jueves por decreto.
Se abren ahora negociaciones para explorar las posibilidades un proyecto único, que contemple la iniciativa oficial y la impulsada por Sergio Massa.
Las dificultades de esas negociaciones pasan por las fuertes diferencias entre ambas, el dinero en juego y los impuestos que habría que crear o aumentar para cubrir el costo fiscal.
El impuesto a las Ganancias está desactualizado, contiene numerosas distorsiones e inequidades acumuladas desde la reforma de la Alianza en 1999.
La explicación para que subsistiera tanto tiempo con tantas distorsiones es que pasó a ser uno de los “impuestos estrella”.
Según la consultora Economía y Regiones, en los últimos 8 años “el aumento de la importancia relativa de la recaudación de Ganancias en términos del PBI está explicado en un 68% por el mayor pago del gravamen por parte de los trabajadores”.
En la llamada “cuarta categoría” pasó de representar el 1,0% del PBI en 1999 al 3,21% en la actualidad, a la vez que fue abarcando a más dependientes en relación de dependencia (1,4 millones más 400.000 jubilados) cuando en los 90 solo impactaba en el personal jerárquico, como gerentes o supervisores.
El proyecto oficial de Ganancias implica la incorporación de que más trabajadores, jubilados y autónomos:
– El aumento del mínimo no imponible es del 15% y, en el caso de los casados con hijos, se elimina la deducción del cónyuge y otros parientes y por los hijos se admite a los menores de 18 años, cuando hasta ahora incluía hasta 24 años.
– Los que ya pagan este impuesto tendrían el año próximo un alivio acotado porque el incremento de las escalas salariales y de las alícuotas, que están congeladas desde el año 2000 y por los cambios en las tasas, es gradual ya que se extiende en el curso de tres años.
Andrés Mir, del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), dice que el proyecto apunta “hacia la reducción de las profundas distorsiones acumuladas durante la última década”.
No obstante, admite que “la gradualidad propuesta en la readecuación del impuesto, que ya empezó con el ajuste de deducciones del año 2016, implica que las reducciones de tasa efectiva no sean importantes si se los analiza en forma aislada y no en su conjunto».
«Esta situación puede provocar en los contribuyentes la sensación de que los cambios no han sido significativos. En este sentido, quizás debería avanzarse hacia una modificación de mayor importancia en el primer año, aun cuando globalmente se llegue a los mismos resultados”, indica.
El texto oficial tampoco contempla adecuar el Monotributo para compatibilizarlo con el régimen general, “a los efectos de que el pasar de uno a otro no signifique un salto extraordinario de presión tributaria, como sucede en la actualidad”.
Y como “no se plantea el ajuste de los valores de las deducciones para los años 2017, 2018 y 2019”, el efecto final de la reforma propuesta dependerá de que «los índices de inflación (y por consiguiente los ajustes nominales de ingresos) sean acotados en los próximos años”, agravado porque “tampoco se estipula un mecanismo de ajuste automático de los parámetros de liquidación, como existe en los países que tienen impuestos similares”.
Marcelo Rodríguez, de MR Consultores, señala que “más allá del incremento del 15% para el mínimo no imponible y la deducción por hijo, que en principio pareciera ser insuficiente, el proyecto debe ser analizado en forma integral toda vez que contempla, además, la modificación de las alícuotas progresivas. Este punto resulta muy ponderable atento a que las alícuotas se han mantenido invariables desde 1999”.
Y plantea que “del análisis de casos concretos, y estimando un incremento de los salarios de alrededor el 20% para 2017, se desprende que los asalariados tendrán una reducción del impuesto a ingresar que llega hasta el 5%”.
En la misma línea, el abogado previsionalista Adrián Troccoli dice que “el proyecto del Ejecutivo resulta por demás insuficiente para compensar el desfasaje que se acarrea por la escasa actualización del mínimo no imponible y las escalas, violando el derecho a la movilidad de los haberes jubilatorios, es decir, al mantenimiento de su poder adquisitivo en el tiempo”.
Agrega que “un gran grupo de jubilados que no se veían gravados por el impuesto a la fecha de adquisición de sus beneficios, lo estarán a partir del año 2017”.
¿Quién financia los cambios?
Sergio Massa propone gravar los plazos fijos y las Lebac para los inversores que superen $1.000.000 por año con $11.000 millones al año de recaudación.
Restituir las retenciones a las mineras y recaudar otros $5.000 millones. Un impuesto al juego, que implica gravar cada una de las 92.000 máquinas tragamonedas que hay en el país, con un efecto recaudatorio de $1.800 millones.
Y un impuesto extraordinario del 15% a las utilidades obtenidas por los que “apostaron” al dólar futuro, «con una recaudación estimada de $11.000 millones», asegura un matutino.
El proyecto de Frente Rrenovador dice también que habría que modificar “algunas leyes impositivas» que tienen “lagunas o baches fiscales”.
Por ejemplo, incluir dentro de impuestos internos a las bebidas energizantes que hoy no tributan.
– iProfesional
