La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina acaba de dictar un fallo que declara aplicable la llamada normativa del “2×1”, que corresponde a la derogada ley 24.390, en la causa: (Expte “BIGNONE, Benito A. y otro s/recurso extraordinario”), en beneficio de condenado Luis MUIÑA.
Esa disposición legal que fuera sancionada por el Congreso de la Nación Argentina en Noviembre del año 1994, estuvo vigente hasta el mes de Junio de 2001, en que fuera derogada por la ley 25.430.
En su artículo 7º la primera de las leyes –que se reitera ya no está vigente- disponía que todo el tiempo posterior a los dos años de dictada una prisión preventiva sin dictado de condena, para el imputado se debían computar dos días de prisión por cada uno efectivo.
El caso que nos ocupa beneficia con esa sentencia a una persona que estuvo detenida sin condena entre los años 1994 y 2001, por aplicación de la ley penal más benigna con carácter retroactivo, que es una garantía de orden constitucional.
La ley que estableció durante casi siete años esa forma de cómputo garantista de la detención, fue acorde al cumplimiento de los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, que exigían el juzgamiento dentro de un plazo razonable para todo imputado.
Siguiendo este concepto, afirmar con cierta ligereza que el fallo de la Corte de Justicia –que bueno es aclarar fue dictado con tres votos a favor y dos en contra- atenta contra elementales principios de derechos humanos, es un error, porque precisamente la norma fue dictada para que los detenidos no se eternizaran en prisión esperando un juicio que nunca llegaba por la mora judicial, en defensa de esos derechos elementales.
En virtud de esta clara disposición nacional, y aunque el resultado final de la legislación aplicable entonces nos cause desazón, desprecio y repulsa por la gravedad de los delitos cometidos por estos sujetos, no hay un solo argumento legal para no ser aplicada en este caso.
Porque el Estado de Derecho no puede regir para unos sí y para otros no según el tipo de delitos –diferencia que la ley nunca hizo- o porque los beneficiados no nos simpatizan. Ese es precisamente el punto que nos diferencia de los dictadores y genocidas. Nosotros sí respetamos los derechos humanos.
Lo que causa escozor y rechazo empero es la ironía de la historia que termina beneficiando con la aplicación de normativas garantistas a quienes no tuvieron reparo alguno en violar todas y cada una de las garantías de cualquier ciudadano durante la dictadura Videlista, y también desde antes.
No nos debe pasar por alto en el presente caso, que el dictado inoportuno de este fallo legal pero aberrante, resulta acorde a los tiempos que corren, y no es un producto del azar ni de la aplicación de principios de equidad y justicia, sino que ha sido redactado siguiendo la corriente actual de pensamiento del oficialismo gobernante.
Y no es una actitud de uno de los poderes del Estado –integrado el fallo por los controvertidos ministros Rosatti y Rosenkrantz– aislada del contexto que nos toca vivir, sino que es un eslabón más en la cadena de cambios retrógrados de la coalición gobernante.
Como no ha sido casual que precisamente el mismísimo 1º de Mayo el diputado del PRO Pablo TONELLI a la manera de vocero inoficioso del macrismo, celebrara la flexibilización laboral en Vaca Muerta, restando derechos salariales a los obreros petroleros, y anhelando que esa variante debía aplicarse en todo el País.
Y como tampoco es casual que la Conferencia Episcopal Argentina al mismo tiempo convoque a la reconciliación, o que el Secretario de Derechos Humanos de la Nación Claudio AVRUJ diga que hay que ser respetuosos del fallo, o que Cecilia PANDO festeje afirmando que ahora las cosas han empezado a funcionar.
Tampoco fue un hecho aislado que los diputados del frente PRO-CAMBIEMOS el último 24 de Marzo posaran en bloque con un cartel que decía “Los DD HH no tienen dueño”, que refrendaba el brulote del presidente MACRI cuando afirmó que con él se acababa el curro de los derechos humanos.
En definitiva el fallo de la Corte de Justicia es un oportuno giro a la derecha más recalcitrante que nos toca nuevamente sufrir, demostrando una vez más que el sistema judicial no es ciego, y que objetivamente sus máximos exponentes están siempre dispuestos a congraciarse con los de su clase.
Todo a contrapelo del sentido común, la necesidad de verdadera equidad y la decepción de la ciudadanía expectante, que ve frustrarse otra vez más una oportunidad histórica de hacer justicia.
