Los que suscribimos la presente, miembros de organizaciones de los pueblos originarios y de familias campesinas del Chaco Salteño; también Instituciones de apoyo y acompañantes a saber:
1. Organización Zonal Wichi Amtée (Riv. Banda Sur);
2. Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat (Pilcomayo);
3. Comunidad Iguopeigenda (Río Blanco Banda Sur – Orán);
4. Federación Aba Guaraní (Orán);
5. Consejo de Organizaciones Wichi Zona Bermejo (Embarcación);
6. Organización Zonal Wichi T’ chot Lhamejenpe (Los Blancos – Morillo);
7. Organización de Familias Criollas (OFC – Pilcomayo);
8. Comunidad Indígena Kolla – Guaraní Río Blanco Banda Norte (Orán);
9. CONAMIRA, mujeres indígenas (guaraní – Pichanal);
10. Consejo del Pueblo Indígena (guaraní- Pichanal);
11. Asociación Pequeños Productores del Chaco Salteño
(Dragones, Hickmann, Embarcación, Pluma de Pato, Morillo, Los Blancos);
12. Comisión Zonal Criolla Los Blancos
13. Comunidades Wichi de la cuenca del Río Itiyuro
14. Obispado de la Nueva Orán
15. Asociana
16. Fundapaz
17. Tepeyac
18. Federación Agraria Argentina
En el marco del 4º Encuentro de Comunidades Indígenas y Criollas con conflictos de tierras rurales fiscales y privadas, convocadas por el Obispado de Orán, el 30 de agosto del año dos mil ocho, decidimos conformar una Mesa de Tierra.
En cuyo ámbito de diálogo y participación, redactamos la presente acta donde resolvimos dirigirnos al Poder Ejecutivo Nacional, al Gobernador de la Provincia de Salta, a los integrantes del Poder Legislativo de Salta y al pueblo en general para Manifestar lo siguiente:
Reclamamos que el Estado en su conjunto, asuma el rol que le compete, a fin de hacer posible la materialización de nuestro derecho sobre la tierra en áreas fiscales y privadas, el que existe y tenemos en virtud de la legislación nacional, provincial e internacional que se encuentra plenamente vigente y rige los destinos de los hombres de bien de ésta tierra.
Que a fin de que tal derecho deje de ser una mera declamación, con la que se hace bandera en época electoral, exigimos que el Gobierno de la Provincia de Salta culmine con los procesos iniciados, en algunos casos desde hace más de quince años, en los cuales unificamos nuestros intereses en una causa común, a pesar de la diversidad de caracteres de nuestras organizaciones.
Hemos efectuado con el ánimo de aportar y construir una solución justa innumerables aportes a los procesos iniciados, presentando informes técnicos, sociales, estadísticos, acuerdos entre pobladores locales, mapas y todo cuanto nos fue requerido en las instancias oportunas para avanzar en estos procesos.
Creeemos que no existiendo obstáculo que impida el otorgamiento de las escrituras traslativas de dominio, salvo la falta de decisión política y de gestión efectiva y concreta para avanzar es que pedimos se instrumenten los medios y recursos a fin de garantizar este derecho a miles de familias de la provincia de Salta que habitan tierras fiscales y tierras privadas con derecho posesorio o amparados en la legislación nacional e internacional que rige sobre los territorios de los pueblos originarios.
Exigimos que en el ejercicio del Poder de Contralor indelegable que le compete al Estado, sin el cual no existe política ambiental posible, se articulen de manera urgente los mecanismos pertinentes y necesarios para lograr la inmediata Suspensión de los Desmontes autorizados y en ejecución, que han devastado de modo irreversible, el ecosistema del cual, Todos, no sólo los firmantes… Somos parte.
Solicitamos se implementen mecanismos y dispositivos de control efectivos que detengan la tala ilegal e indiscriminada con la cual cotidianamente nos enfrentamos en nuestros territorios, que tantas veces denunciamos y, de la cual sólo obtienen réditos unos pocos, en detrimento del bienestar común.
Requerimos que se respete nuestro derecho a participar bajo 
mecanismos reales de participación y no bajo meros formalismos administrativos como ha ocurrido hasta ahora, en las decisiones que involucren al destino de nuestros recursos naturales, y en ese ámbito Demandamos que no se otorguen autorizaciones para nuevos desmontes sin que sea debidamente evaluado el Impacto no sólo ambiental sino también Social que ello conlleva, para lo cual Instamos, a que se nos Garantice una efectiva participación a la hora de resolver sobre estos Intereses, como lo establece en uno de sus artículos el Convenio N° 169 de la OIT, entre otros el Art. 15 punto 1: “Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos”.
Por último, nos ponemos a disposición del Gobernador de la Provincia y de aquel funcionario que él designe para trabajar en conjunto, en búsqueda de una solución justa a todos estos planteos y nos comprometemos a aportar toda la información y conocimiento que hemos construido en tantos años de trabajo y lucha en nuestras tierras y territorios que habitamos.
– Orán, 28 de noviembre de 2008
