La oposición despliega una estrategia en la que el objetivo de máxima es lograr la renuncia de la ministra antes de las elecciones. El Gobierno la defiende y exalta su efectividad en la política anti-narcotráfico. Analistas creen que la postura del macrismo subestima el potencial de las denuncias.
Está en el manual de cualquier aprendiz de político: «voltear» a un ministro siempre ha sido uno de los mayores logros de un opositor ante un gobierno.
Significa infligir un daño de imagen y exponer una debilidad del presidente de turno, que queda desprestigiado ante la opinión pública, al tener que «quemar» a un funcionario «fusible» como única forma posible de contener una crisis.
Lo sabía bien Cristina Kirchner, para quien echar a un integrante cuestionado de su gestión era algo inconcebible. Aun si se trataba de aquellos seriamente criticados desde fuera y adentro de sus filas, siempre se encargaba de elogiar en público y ratificar su continuidad.
Así ocurrió con figuras que, a fuerza de ser defendidas, terminaron siendo emblemas de su gobierno, como Guillermo Moreno o Julio de Vido.
Habiendo dejado el poder y desde la vereda de enfrente, el kirchnerismo se fijó tempranamente como objetivo apuntarle a ministros macristas de alto perfil.
No por casualidad, la consigna «Chau Aranguren» fue el centro de la estrategia opositora cuando el debate más caliente pasaba por el ajuste de las tarifas públicas.
Ahora, queda cada día más claro, la nueva protagonista de esa puja clásica es Patricia Bullrich.
De hecho, el caso Santiago Maldonado parece ir perdiendo gradualmente su foco policial para transformarse en una pulseada política en torno a la continuidad de la ministra de Defensa y su responsabilidad por presunto «encubrimiento» de la Gendarmería.
El hashtag «BullrichRenuncia» ha sido instalado en Twitter y es uno de los tópicos más fuertes en las redes sociales en estos días.
Cada intervención de un político opositor respecto del caso Maldonado suele culminar con un reclamo: que la ministra sea apartada.
Como contrapartida, cada respuesta de un funcionario respecto del accionar gubernamental suele terminar con una declaración de apoyo hacia Bullrich.
Lo ocurrido con el joven desaparecido cobró aún más fuerza a partir del cambio de carátula en la causa judicial: al denominarse «desaparición forzada», pasa explícitamente a implicar una culpa estatal.
El discurso del hermano de Santiago, en el acto de Plaza de Mayo, dio la señal final: la pregunta «¿Dónde está?» pasó a ser sustituida por el pedido de que Bullrich «dé un paso al costado».
Por si faltaba un complemento para esta consigna, los incidentes posteriores al acto, con la siembra de sospecha sobre si hubo policías que iniciaron los desmanes, aportaron el ingrediente político que faltaba.
Una enemiga ideal
En la agenda política de la oposición, y especialmente del kirchnerismo, Bullrich pasó a ser una pieza codiciada.
Como aspiración de mínima, se aspira a desprestigiar a la ministra y, por «propiedad transitiva», al resto del gobierno de Mauricio Macri.
Y, como objetivo de máxima, a forzar su renuncia antes de las elecciones del 22 de octubre, lo cual implicaría una victoria política: supondría un cambio en la agenda pública justo cuando el Gobierno, que antes prefería no hablar de economía, empieza a tener buenos resultados para exhibir.
La propia Cristina Kirchner dio pistas al respecto: el día en que anunció su ajustada victoria -tras el escrutinio definitivo de la provincia de Buenos Aires- llamó a su militancia a cambiar la estrategia.
Así como en las PASO el foco había estado en los costos sociales del ajuste económico de Macri, para esta nueva etapa habría que instalar una «campaña ciudadana» con mayor foco en los derechos humanos y los valores republicanos.
«Debo admitir que hacía mucho tiempo que no sentía esta naturalización del mal en las instituciones de la democracia argentina. No quiero que Argentina vuelva a ser un país donde el que piensa diferente tiene miedo», planteó la ex mandataria.
En alusión a una denuncia de la diputada Victoria Donda, escribió en las redes sociales: «Si la ministra tiene otras hipótesis sobre la desaparición de Santiago Maldonado ¿Por qué miente a sabiendas? ¿A quién está protegiendo?»
La «hipótesis» en cuestión refiere a una frase de Bullrich en la comisión de Derechos Humanos de la cámara de Diputados. Durante una conversación informal, la ministra dijo que nada podía descartarse, incluyendo que en una acción represiva «se le haya ido la mano a algún gendarme».
Luego, desde el oficialismo se relativizó el sentido de esa frase y se acusó a la oposición de sacarla de contexto, para presentarla como si fuera la hipótesis principal que se maneja en el Gobierno.
En todo caso, el tono y las palabras de la ministra pasaron a ser un tema secundario, políticamente hablando: lo importante es que quedó instalada una sospecha que le dio a la oposición la oportunidad que estaba esperando.
En el marco de esta nueva estrategia, la argumentación para pedir la renuncia aparece ligada a las denuncias de organizaciones de derechos humanos respecto de cómo Bullrich había intentado promover pistas «truchas».
Así, Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales -cuya figura pública más notoria es el periodista Horacio Verbitsky-, planteó: «Lamentablemente el Gobierno, a través de la Ministra de Seguridad, se dedicó a desviar la investigación».
Era una alusión a la hipótesis de que Maldonado podría haber sido herido al participar en un ataque a un puesto de guardia de una estancia perteneciente al grupo italiano Benetton. También una acusación sobre falta de voluntad para peritar los teléfonos de los propios gendarmes.
La estrategia quedó completa con la apertura de una investigación en sede judicial contra Bullrich por encubrimiento de la desaparición de Maldonado.
En el macrismo, ¿apoyo genuino o calculado?
La condición de Bullrich como «trofeo de guerra» no sólo queda evidenciada por la estrategia adoptada por parte de la oposición, sino también por la forma en que el Gobierno ha salido a defender a la funcionaria.
En los corrillos políticos ha circulado la versión sobre críticas internas al accionar de la ministra, y en varias ocasiones testigos han hablado sobre muestras de incomodidad por parte del ministro de Justicia, Germán Garavano, quien acompañó a Bullrich a reuniones con organismos de derechos humanos.
Más explícitamente, socios de Macri en la coalición Cambiemos, como el radical Ernesto Sanz, han sugerido que el accionar de la funcionaria sólo ha empeorado las cosas.
«Acá hubo algún error de comunicación o de manejo», señaló el dirigente el pasado miércoles, para quien recién se actuó de manera correcta «con la respuesta del Gobierno de las últimas 48 horas».
Era una referencia a la admisión del Gobierno de que no debía descartarse de plano una línea investigativa que incluyera a la Gendarmería.
Sin embargo, la versión oficial sobre la ministra ha sido de una defensa cerrada. Así lo planteó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien afirmó que en el Gobierno están «muy contentos con el trabajo que lidera».
La frase no se refería únicamente al caso Maldonado sino, sobre todo, a los avances «en el combate contra el narcotráfico y la reforma en las fuerzas de seguridad».
Esa línea de defensa quedó expuesta de manera mucho más explícita en las redes sociales: no sólo la ministra es defendida por «cibermilitantes» como adalid en la lucha contra las mafias narco sino que ella misma, desde su cuenta oficial, hace un reporte diario sobre cada acción en la que se encuentra un cargamento de droga.
En uno de esos mensajes, coincidiendo con el momento de mayores críticas sobre el caso Maldonado, Bullrich aseguró: «Hemos logrado algo que para nosotros es muy fuerte. Que Rosario no sea vista como una ciudad narco».
En definitiva, el mensaje entrelíneas del Gobierno parece claro: se ha convertido en una de las funcionarias exitosas en el combate contra el crimen organizado, su accionar deja en evidencia la falta de resultados de la gestión K y es por eso que se la persigue políticamente.
Esto plantea un debate entre los analistas: ¿es positivo para el Gobierno defender a un integrante cuestionado por un tema de derechos humanos, con el argumento de que su accionar es efectivo en la lucha anti-narco?
Muchos creen que es un error político. Como Marcos Novaro, director del Centro de Investigaciones Políticas, para quien el macrismo «se expone a pagar un costo por renunciar a tener una agenda de derechos humanos».
«Es evidente que Macri tomó la decisión de defender a Bullrich pase lo que pase. Creo que lo hará incluso si se llegara a probar que Maldonado fue desaparecido por la Gendarmería», señala Novaro.
«En ese caso, se trataría de plantear el tema como una cuestión de responsabilidades individuales de los involucrados y no como un problema institucional», agrega.
No obstante, el politólogo pone la lupa sobre un tema clave: casi todos creen que no es una buena idea contraponer las críticas por el caso Maldonado con una «contra-agenda» de lucha al narcotráfico.
Desde ese punto de vista, en la dinámica de la pelea por sostener a Bullrich, el riesgo del macrismo es caer en una estrategia comunicacional que pueda ser interpretada como una justificación de «excesos» en el accionar policial.
Algo así como «reprimen mapuches pero descubren droga».
¿Pianta votos o carta de triunfo?
Falta la respuesta a la gran pregunta política: ¿tendrá el caso Maldonado un impacto traducible en votos?
Las encuestas no lo reflejan, o al menos no todavía. Es posible que eso refuerce la postura del macrismo de cerrar filas en torno a la ministro.
En todo caso, parece inevitable que en las próximas semanas esta pelea se agudice. La oposición ya decidió que es buena estrategia transformar a Bullrich en la cara y símbolo del Gobierno.
A diferencia de lo que ocurre con la economía, que en contraposición de los viejos tiempos hoy no tiene funcionarios conocidos -mucha gente no termina de registrar a Nicolás Dujovne ni a «Toto» Caputo», en el área de la seguridad sí hay alguien de alto perfil.
Para el kirchnerismo, ese es otro motivo más para sacar fichas del tema de la deuda externa y apuntar más a los derechos humanos.
El rostro de Bullrich es ampliamente conocido y al que se le puede hacer «memes» en redes sociales, gracias al gusto de la ministra por participar en los operativos vistiendo uniforme militar.
En términos de comunicación, un blanco ideal. Curiosamente, el macrismo también parece sentirse cómodo con el hecho de que sea una de las caras más reconocibles del Gobierno. Y, por ahora, cree que tiene más motivos para sostenerla que para hacer valer su condición de «fusible».
