Tras la polémica por el exabrupto de un funcionario clave del Gabinete, quedó bajo la lupa el manejo sospechoso del SOMU por la designación de decenas de personas. Además, reveló una pelea por el manejo de la caja del gremio, que incluye los fondos de la obra social, la fundación y la mutual.
El conflicto por el despido de la casera de Jorge Triaca preocupa al Gobierno. Luego de que el ministro de Trabajo se tomara este jueves vacaciones, sus allegados proseguían por estas horas en su tarea de bajarle el tono al caso de Sandra Heredia, la ex empleada del hermano del funcionario, Carlos Triaca, y delegada en la intervención del sindicato marítimo SOMU.
No es para menos. El affair expuso al titular de la cartera laboral a la crítica pública por maltrato e irregularidades laborales, justamente cuando él es el encargado de velar por el cumplimiento de las normas del trabajo.
Además del audio que se conoció en el que el ministro le dice «Sandra no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre», la mujer denunció que cobró su sueldo en negro durante tres años por sus tareas en la quinta de la familia Triaca.
Pero el caso reveló un aspecto quizás más inquietante para el Gobierno que el exabrupto de uno de sus funcionarios del Gabinete: el manejo sospechoso del SOMU, que incluye designación polémica de decenas de personas y una pelea en las sombras por la caja sindical.
Todo esto ocurrió en una entidad convertida por el oficialismo en emblema de su plan para «transparentar» el funcionamiento de las organizaciones de los trabajadores, en su lucha contra las «mafias sindicales».
Allí el Gobierno llevó adelante un primer experimento con el uso de la boleta electrónica en las elecciones realizadas entre el 18 y 22 de diciembre pasados.
La idea era renovar autoridades -en lo posible con candidatos afines- y sanear las cuentas.
La primera interventora Gladys Gonzalez registró un rojo de $5 millones al arribar al gremio, intervenido por el juez Rodolfo Canicoba Corral en febrero de 2016 y que durante 30 años estuvo bajo la conducción de Omar «Caballo» Suárez, ahora preso por corrupción.
Pero el resultado del restyling sindical no fue el esperado. Por empezar, la lista que ganó los comicios -la Verde 18- está encabezada por el moyanista Raúl Omar Durdos y su adjunto Daniel Mereles, quien a su vez está vinculado a Daniel Catalano, líder de ATE Capital y miltante de la CTA de Hugo Yasky.
La nueva conducción, que empezó a retomar funciones el 29 de diciembre, es todo menos macrista.
Por si eso fuera poco, el «caso Sandra» terminó de complicar las cosas y ahora la oposición quiere sacar rédito con la convocatoria del funcionario para que dé explicaciones en el Congreso.
Entre otras cosas, el escándalo puso al descubierto mecanismos poco transparentes de designación por parte de las autoridades.
El ministro reconoció que por una cuestión de «confianza» designó a la mujer como delegada en la seccional San Fernando del SOMU, donde se desempeñó desde abril de 2016 hasta hace poco, de lunes a viernes de 9 a 17, mientras que sábados y domingos cuidaba la quinta de su hermano, Carlos Triaca.
En el Gobierno niegan que la mujer fuera «ñoqui» o asistente del ministro. «La nombraron ahí para hacer tareas administrativas para lo cual no requería idoneidad», señalaron fuentes oficiales.
El titular de la cartera laboral reconoció incluso que hubo incorporaciones similares en las otras delegaciones del gremio marítimo, que posee 30 en todo el país. Heredia dijo que hubo 250 designaciones. Pero los funcionarios dicen que fueron muchos menos.
Entre ellos, figura Sergio Borsalino, cuñado del funcionario y, según fuentes oficiales, un «operador político» que oficia de nexo entre la Justicia y el Ministerio de Trabajo. En 2016, se conocieron 50 casos de contratos de esa cartera con universidades: Borsalino aparecía con $50.000, el sueldo más alto.
En la seccional San Fernando, las nuevas autoridades electas aseguran que Heredia tenía a su cargo mucho más que tareas «administrativas». Por ejemplo, designar personal embarcado y relevos en las tripulaciones en caso de faltantes, vacaciones o accidentes.
Pero había un problema: «No es una persona idónea, no es marítima, es asadora y no viene seguido por acá», dijo el secretario general electo de la delegación, Hernán de Cortés. El sindicalista la mensajeó esta semana para que le confirmara si iba a aparecer por la sede.
La pelea por la caja
Desde el 29 de diciembre, cuando se efectuó la toma de posesión parcial, comenzó una transición por la que los interventores de la Justicia y la cartera laboral siguen al frente de la institución y asesoran a los sindicalistas para concretar el traspaso final de mando el 12 de febrero.
El contrato de Heredia debía finalizar en esa fecha, pero los hombres del SOMU afirman que desde la semana pasada no la volvieron a ver, aunque ella nunca estuvo demasiado presente.
Su paso por la seccional solo quedó reflejado en la baja de tripulaciones y los problemas para pagar sueldos. A partir de julio, con la convocatoria a elecciones, la mujer manejó padrones, controló listas y tuvo a su cargo una caja chica de $40.000 mensuales, destinada a pagar comida, peajes y combustible.
Aunque las autoridades lo niegan, la sospecha es que su misión también era política: en concreto, garantizar el triunfo del sector de Ruben Manno, el candidato por la Lista 20 bendecido por el Gobierno.
«Ella misma reconoció que la orden que tenía era que ganara la lista 20, y no la nuestra que estamos a nivel nacional con la 18 verde», dijo De Cortés.
La campaña de octubre suscitó denuncias más fuertes. En comunicado de agosto del año pasado, la agrupación de Durdos acusó a González de usar fondos de la Fundación Azul y bienes del gremio para realizar propaganda política a favor de Cambiemos en las elecciones legislativas.
Según esta versión, la diputada electa habría gastado $3 millones para comprar cajas navideñas a los afiliados. Eso sin contar los gastos en colaboradores y publicidad en medios, un hecho que generó ruido en el juzgado de Canicoba Corral.
Pero el cono de sombra también alcanzó a la Justicia. El SOMU fue el primero de los ocho sindicatos que fueron intervenidos por orden judicial en el macrismo. En la Obra Social de Personal Marítimo (OPSM), el magistrado nombró a su cuñado, Ramiro Tejada, el único que permaneció en su cargo en los casi dos años que lleva la intervención.
En agosto del 2017, Canicoba Corral prorrogó la intervención hasta febrero de este año. La medida despertó críticas entre los marítimos que reclamaban elecciones inmediatas. Es que el plazo estipulado por la Cámara Federal para devolver el gremio a sus afiliados era el 16 de ese mes.
El triunviro moyanista y líder portuario Juan Carlos Schmid advirtió que la demora en la normalización dejaba en manos del Gobierno la negociación salarial y el convenio. En rigor, el SOMU cerró entonces una de las paritarias más bajas, con una suba del 21%, que incluyó sumas fijas y claúsula gatillo.
A río revuelto, las cámaras privadas arpovecharon y modificaron de facto en algunos casos las condiciones de trabajo, reduciendo las tripulaciones con aval u omisión de los interventores.
La principal incógnita ahora es el futuro de la obra social. Fuentes judiciales prevén que Tejada seguirá al frente después del 12 de febrero, y los mismos pasos podrían seguir los funcionarios a cargo de la fundación Azul, la mutual y las empresas marítimas del gremio, entre ellas Malonot S.A.
«Hay varias cosas pendientes de regularizar», alegan fuentes de la Justicia. La obra social, por caso, debió pedir un préstamo para afrontar sus pasivos.
En el Gobierno sostienen que Durdos ve con buenos ojos el trabajo hecho en ese terreno. Eso sí, de extenderse la normalización, los sindicalistas electos solo tendrán en sus manos la caja del SOMU. Lo que no es poco: según los interventores, acumuló $200 millones en los últimos dos años.
– Iprofesional
