Cómo y por qué el gobierno aplastó la huelga policial

La crisis de Seguridad que jaqueaba al gobierno de Juan Manuel Urtubey está superada. El movimiento policial fue derrotado. Los policías vuelven al trabajo sin el aumento que reclamaban y sin anulación de las sanciones. Las razones de la derrota.

Tras varias horas de reunión con el ministro de Seguridad Pablo Kosiner se anunció un arreglo. Rubén Argañaraz informó en el corte a las 22,30 que se había firmado un acta e instó a levantar la medida.

No había aumento pero sí el compromiso de que si los docentes logran un incremento mayor al 12 por ciento, el gobierno también se lo concederá a los policías, en igual proporción. Hay también una vaga promesa de un posible incremento en julio, si mejora la situación económica.

Con respecto a las sanciones, se dijo que serán suspendidas. Pero no fueron anuladas y hay un margen para sanciones. Además existe una causa federal por el corte que podría avanzar más allá de la decisión política sobre la situación de los líderes de la protesta y de quienes se plegaron a ella.

El informe de Argañaraz fue recibido en un ambiente signado por la desconfianza, la decepción y la bronca; otro grupo festejaba, convencido de que se había ganado la lucha. No faltaron discusiones e incluso intentos de agresión a Rubén Argañaraz. Los huelguistas abandonaron la ruta y volvieron hacia la ciudad.

La ruta estuvo abierta desde el mediodía. Hubo, sin embargo cierta congestión, porque se formó un «túnel» y los vehículos sólo podían avanzar lentamente entre dos filas de manifestantes.

Un suboficial, que integró el cuerpo de delegados le dijo a Salta 21 : «esto es muy raro. Creo que se privilegiaron situaciones personales. No está nada claro. No nos mostraron el acta. Fuimos a jefatura y nos dijeron que no existe ningún acta. Me parece que terminaron entregando la lucha porque no logramos nada de lo que pedíamos y ahora estamos expuestos a lo peor, porque van a rodar cabezas».

Razones de la derrota de una protesta histórica

1. La crisis económica

La debacle económica mundial, y la concomitante crisis nacional y provincial es real. Los recursos -incluso financieros- se redujeron, así como el margen de los gobiernos para hacer frente a los justos reclamos de los trabajadores, quienes deberán afrontar con la caída de sus ingresos el costo de la desaceleración económica. Un gobierno conservador manejado por la oligarquía no es el mejor reaseguro del asalariado en circunstancias como éstas. Llevar el piso salarial de 1.600 a 1.900 pesos implicó un aumento de la inversión en seguridad importante en un momento de caída de los recursos estatales de un 20%.

2. Los niveles de adhesión

Fueron altos. Pero no lo suficiente para torcer el brazo de los gobernantes. Los huelguistas hablaban del 90 por ciento y el gobierno del 30 por ciento. Alcanzó a un 70 u 80 por ciento, pero en esta circunstancia tan difícil debía acercarse al ciento por ciento para asegurar el triunfo de la protesta. En los últimos días hubo un desgranamiento. «Yo volví a trabajar hoy porque mi familia estaba muy alarmada, pero sigo apoyando la huelga», dijo en la tarde de ayer un agente que patrullaba el centro junto a cadetes de la escuela de oficiales Martín Miguel de Güemes.

3. Manipulación y censura en los medios

Los medios nacionales no reflejaron la gravedad de la crisis de seguridad que vivió Salta durante 13 días. Que los policías hayan salido del acuartelamiento y realizado marchas multitudinarias, y que la lucha terminara con una medida insólita y sin precedentes de un corte de ruta ameritaba una resonancia mediática importante a nivel nacional e incluso internacional. El silencio y la censura es atribuído a las cifras millonarias que Urtubey volcó en la prensa nacional en pautas de publicidad. Los grandes medios locales se transformaron en voceros del gobierno y en transmisores de sus amenazas, mentiras y falsas promesas. Los policías perdieron la guerra mediática.

4. Indiferencia u oposición de la opinión pública

La gente se puso en contra de la protesta policial. Los salteños los veían pasar por las calles con sorpresa o indiferencia. Muy pocos los aplaudían o se solidarizaban con ellos. Repetían los dichos de Martín Grande y el diario El Tribuno. Hasta el habitualmente mesurado Ignacio Esteban se quejó ayer del «maltrato» recibido por sus cronistas. No hablaron de la situación salarial de los policías, de su imposibilidad de acceder a una vivienda, de un sistema que los obliga a trabajar tres semanas seguidas para descansar un fin de semana, de la cantidad de horas que trabajan, del aumento del riesgo de vida por el incremento de la delincuencia. El comentario de un taxista resume todo: «y cuánto quieren ganar estos tipos, que nunca están cuando se los necesita?»

5. Falta de cobertura legal

Para luchar por una mejora en el salario o en las condiciones laborales los policías -que son en definitiva trabajadores del estado- deben inevitablemente caer en la ilegalidad. En ese marco al tradicional autoacuartelamiento los policías sumaron en su desesperación a la protesta acciones inéditas en Salta y el país como lo fueron las marchas y manifestaciones públicas y el corte de ruta. Esto fue percibido como un peligro inusitado por el sistema político-económico-mediático que los usa como guardianes de los privilegios de una sociedad desigual. El otrora «progresista» juez Miguel Antonio Medina respondió con los resortes del sistema legal vigente a través de intimaciones y la amenaza de una represión que sería llevada a cabo por Gendarmería mientras el gobierno, a través de El tribuno, anunciaba no sólo sanciones sino el peor castigo: la baja, el paso de la condición de empleado mal pagado a la condición de desocupado.

6. Especulación, amenazas y presión de políticos y funcionarios

El presidente de la cámara de diputados Manuel Santiago Godoy, que pasó de ser un joven izquierdista a un aliado del poder económico de Romero y del gobierno conservador de Urtubey, con un nivel de vida como el que ningún agente alcanzará en su vida, logró que los representantes de los policías entregaran el arma y la credencial, con la promesa del restablecimiento de un diálogo que podría llevar a una mínima atención a sus demandas. Luego vino el continuo juego de la jefatura y de Kosiner de que todo se solucionaría si levantaban las medidas. Y finalmente la presión del gobierno nacional a través del ministro de Kristina Florencio Randazzo. El secretario de prensa, Gonzalo Quilodrán, no tuvo empacho en recurrir a la peor falla ética que puede tener el periodismo: la mentira. Dijo por televisión que la ayuda destinada a las víctimas de la catástrofe de Tartagal no llegaba porque no la dejaban pasar en el corte.

7. Mala imagen de la policía

El policía es visto como un aliado del ciudadano. Como la persona en la que se puede confiar con los ojos cerrados. Aquel que se juega la vida para resguardar los derechos de la integridad de todos. Un samaritano que piensa primero en el prójimo que en sí mismo. Un ser honesto, un ejemplo, un héroe. En Canadá y en Finlandia.

En Salta el policía es un vago, un coimero, un represor. Una escoria humana de la que hay que tener más cuidado que de un delincuente. Un ignorante, un obsecuente, un criminal legal. ¿Quién está dispuesto a apoyar a gente de esta calaña? Sin embargo, los cronistas de Salta 21, a pesar de que conocemos el lado oscuro de la policía porque somos docentes y fuimos reprimidos por ellos, comprobamos en la cobertura de la crisis policial que son trabajadores sociales falibles usados por el poder para beneficio de los privilegiados.

8. La traición de los jefes

La verdadera corrupción policial está en el nivel de la cúpula que maneja la fuerza. Apoyan al gobierno porque tienen privilegios. Tienen un nivel de vida que muestra un abismo con el de los agentes y suboficiales. No dudan en presionar, amenazar y hostigar a sus subordinados para mantener sus privilegios. Viven dentro del nivel de la clase media alta y se mueven en autos de lujo. Pero
usan los los patrulleros para que los lleven a sus vivienda y los despositen en sus despachos. No visten uniforme para no actuar en caso de delitos flagrantes ni poner en riesgo sus vidas en actos de servicio al ciudadano a lo que están obligados por ley. Los policías los acusan de constituir una casta que no da el ejemplo, pero que en la lucha por el salario -de la cual son los principales beneficiarios- son el enemigo número uno del agente y del suboficial.

9. La agachada y la debilidad de los dirigentes

Ser el líder de una lucha salarial es algo difícil y muy duro. Implica estar expuesto a lo peor, el ataque del poder político-económico-mediático que no duda en asestar los golpes más bajos. Un informe del maléfico D2, departamento de «inteligencia» policial, recomendaba en la lucha docente del 2007 atacar a los líderes de la protesta en sus «puntos débiles», y de hecho hubo serias amenazas a la integridad física de sus familiares..-

No hay piedad para las cuestiones personales, ni se duda en recurrir a la mentira y la difamación para desacreditarlos. La propia secretaria de Derechos Humanos María Pace fue usada en la protesta policial por El Tribuno para desprestigiar al cabo Rubén Argañaraz por supuestas madres de adolescentes adictos a los que habría maltratado en la seccional Décima. No se publicaron nombres de los acusadores ni se registraron denuncias formales.

El desenlace de la crisis policial -al que muchos policías no dudan en calificar como «una traición»- también muestra que el liderazgo de la protesta policial tampoco estuvo a la altura de las circunstancias.

10. La emergencia por el desastre de Tartagal

A veces la lucha de los trabajadores se gana o se pierde por circunstancias ajenas al conflicto sectorial. Los docentes salteños salieron de conflictos muy duros con un triunfo o una ganancia aunque sea mínima en un caso porque una mejora prometida no se vio reflejada en el cajero, en otra por la represión inusitada en La Noche de las Tizas e incluso por el asesinato del profesor Carlos
Fuentealba en Neuquén.

Muchos pensaron que la protesta policial -dado su alcance y gravedad- terminaría con la renuncia de Urtubey o con un intervención federal. Pero el desastre de Tartagal terminó jugando a favor del gobernador como la excusa perfecta que incineró la protesta ante la opinión pública y actuó como una bomba en la conciencia de los propios policías que pensaban que su lugar en tan dramática circunstancia estaba en la ayuda a la población afectada en el Norte y no en el corte de ruta en el acceso a la capital de la provincia.

De las diez causas de la derrota del movimiento policial, ésta es tal vez la más importante. Porque parece que fue la que más influyó sobre la decisión de los representantes de los policías autoconvocados que levantaron -en una decisión confusa y arbitraria- la medida de fuerza y así se transformaron de líderes heroicos y confiables en sospechosos de traición, entregadores de la lucha y culpables de la derrota.