Ante la degradación del funcionamiento de la Dirección de Rentas, ATAP exige al gobierno que cesen los privilegios, dejen sin efectos ciertos contratos, expliciten la competencia de los trabajadores, mejoren las condiciones laborales, entre otros puntos.
Puntos o temas, ya transmitidos verbalmente al Director de la Dirección General de Rentas, Diego Dante Dorigato, hace aproximadamente dos semanas:
– 1) Se deje sin efecto el contrato de la Provincia de Salta con los Comisionados del Gobernador en la Delegación de la Dirección en la Ciudad de Buenos Aires referido al Convenio Multilateral. Considerando que la Dirección tiene la estructura de la misma y el personal a disposición o para que le hagan el trabajo a los denominados Comisionados y estos cobran por sus “patrióticos servicios” millonarias cifras de comisiones en desmedro de la propia Dirección, Provincia, trabajadores y ciudadanos en general. El gobierno de Juan Romero, contrató a dichos Comisionados porque supuestamente no había personal idóneo en la Dirección para que realice esas tareas. ¿Este gobierno hace más de un año piensa lo mismo? Tampoco consideramos que deban cambiarse los Comisionados por otros afines al actual gobierno. Caso: Consultoría del actual Senador por Capital, Fernando Yarade.
– 2) Se implemente un Manual de Funciones donde se explicite la competencia de los trabajadores –según su función- de la Dirección inclusive en los Puestos de Control, teniendo en cuenta lo que establece el artículo 41º de la Ley Nº 5.546 y los referidos a la carrera administrativa artículos 25º y 26º de la citada Ley. Donde también se exprese de acuerdo a la normativa en vigencia la incompatibilidad de los funcionarios con respecto a servicios o trabajos que se puedan realizar a contribuyentes o terceros como particulares. Caso: Actual Director General de la Dirección General de Rentas de la Provincia.
3) Los Puestos de Control instalados en rutas de diferentes lugares de la Provincia no se encuentran en condiciones óptimas para que los trabajadores puedan desarrollar las tareas habituales y redunden en un mejor rendimiento. Caso: Puesto El Naranjo, donde no existen garantías de seguridad mínima en la ruta. Caso: Puesto Río Caraparí en Salvador Mazza, no existe una normativa precisa o instrucciones uniformes para el desempeño de los trabajadores de las tareas en el lugar. Por ejemplo hace una semana, desde la Dirección se procedió a realizar una devolución o dejar sin efecto un decomiso efectuado a una Empresa conocida de la zona. La misma realizó el transporte de más de 32.000 kgs. de trigo con la supuesta documentación respaldatoria de un remito. Que según la normativa en vigencia –de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) y AFIP- está absolutamente prohibido. En rigor, la norma instituye: “Se establece el uso obligatorio de cartas de porte para el transporte de granos en todas sus modalidades, eliminando la posibilidad de documentar los traslados de cortas distancias mediante remitos”.
– 4) Entendemos que se debe evitar el irregular otorgamiento de Funciones Jerárquicas privilegiadas, que corresponden a Jefes de Subprogramas, a parientes de funcionarios del Ministerio de Finanzas.
– 5) Como contrapartida y más allá de la convocatoria de los concursos establecidos por Decreto Nº 4.508/08, se regularice la situación laboral de aquellos trabajadores de planta permanente, artículos 30º del Decreto Nº 1.178/96, contratados, etc. que en la práctica y desde hace bastante tiempo cumplen determinadas funciones con las responsabilidades del caso, incluso con extensiones horarias y fuera de las jornadas normales laborales en horarios nocturnos y feriados ya sean en operativos, puntos fijos y Puestos de Control y no son reconocidas remunerativamente y/o los beneficios correspondientes. Además de la paradójica situación –en casos- de que los trabajadores –virtualmente en negro- deben exigir a los contribuyentes la regularización de los trabajadores en negro. Implicando literalmente una acentuada forma de precarización del trabajo en la Administración Pública.
– 6) Dejamos constancia que como organización gremial no tuvimos participación de ninguna forma en una nueva reestructuración o modificaciones laborales que ya se habría efectuado, a pesar de la desmentida del Director General, en principio en el Subprograma Auditoria de la Dirección. Donde también se incorporarían agentes de otras reparticiones con funciones jerárquicas. Consideramos y es nuestra posición que dichas modificaciones laborales deben realizarse en el marco legal y constitucional correspondiente, respetando el derecho a la estabilidad y carrera administrativa de los trabajadores estatales.
– 7) Advertimos que, la degradación del funcionamiento de la Dirección General de Rentas como Órgano de Recaudación por excelencia, es un problema de gestión deliberada, y de potencialmente encontrar las soluciones en las tercerizaciones de áreas susceptibles de negocios fructíferos para funcionarios inescrupulosos. Caso: Consultoría de un ex Ministro de Hacienda y actual Senador de la Provincia por Capital.
Secretario General, Miguel Hugo Rojo; Secretario Adjunto, Néstor Eduardo Vargas, Secretario de Organización, Sergio Gerardo Ibarra, y el Secretario de Finanzas, Sergio Martín Zamboni
