El Prof. Alejandro Kauifman, director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA señala que el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual resulta de “fuerte sensibilidad para la universidad pública” por su compromiso con la sociedad.
– Por Gustavo Torres – Revista Zoom
En charla con ZOOM, asevera que “la dictadura favoreció la concentración y la impunidad” y apunta contra los medios masivos de comunicación por ser “de los pocos espacios sociales, culturales y empresariales de la Argentina que no ha tenido ninguna incidencia crítica respecto de su comportamiento durante la dictadura”.
El debate sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se instaló con una mesa de diálogo en la Universidad de Buenos Aires (UBA), espacio donde participan legisladores nacionales, funcionarios, académicos y representantes de organizaciones sociales. “Las políticas públicas sobre comunicación y cultura son temas sensibles para la universidad porque son puntos de referencia de sus producciones y de su compromiso con la sociedad”, afirma Alejandro Kaufman, director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Con esbozo de conceptos, cuales fueran piezas en un tablero de ajedrez, Kaufman va moviéndose con comodidad en su explicación sobre la esfera pública, la autonomía universitaria y el desarrollo tecnológico en favor de la sociedad. Aborda la importancia de sembrar ideas transformadoras sobre el papel de los medios hegemónicos de comunicación y sentencia a sus actores por la falta de autocrítica respecto de su comportamiento durante la dictadura, bajo cuya legislación siguen vigentes sus monopolios informativos. Señala que el debate sobre la ley de comunicación está ausente en los medios concentrados porque no pueden rebatir los argumentos, por lo tanto están tratando de omitirla o utilizar falacias y discusiones evasivas para desprestigiarla indirectamente.
¿Cuál es el papel de la universidad pública en el debate sobre el proyecto de Ley de Medios?
—La universidad estatal argentina no es una universidad cuyo trabajo esté determinado por el Estado ni por el gobierno, es una universidad que tiene libertad de cátedra y que está autogobernada. Debates como las políticas públicas de comunicación o en este caso el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual son temas muy sensibles, ya que ineludiblemente son puntos de referencia de lo que se realiza en la universidad pública, que no precisamente es pública por su carácter institucional y por su relación con sus integrantes, sino por su compromiso con la sociedad. Son temas de fuerte sensibilidad para la universidad, cuyo punto a tener en cuenta dentro del proyecto es que un tercio de los espacios disponibles para la producción audiovisual están destinados a organizaciones de carácter sin fines de lucro, como lo es la UBA. La universidad es un gran autor de la esfera pública, y en ese sentido actualmente tenemos restringida la posibilidad de intervenir en la sociedad.
Paradójicamente, la televisión argentina surgió en los estratos de la universidad pública.
—Lo mismo ocurre con todos los desarrollos tecnológicos, se podría decir también que en la universidad se descubren o se inventan nuevas formas de suturar caños de aceros sin costuras. Más allá de la iniciativa técnica que implica un desenvolvimiento, lo cierto es que en lo referente a la la discusión política y cultural, la universidad es un autor intrínseco ineludiblemente. No hay posibilidad de elaborar una dimensión técnica de la cuestión y después abstenerse de una intervención conceptual o de contenido sobre la misma.
¿Hay posibilidad de contar con un canal universitario?
—La posibilidad deberían ser varios canales, así como varias radios. En la carrera de Ciencias de la Comunicación producimos una gran cantidad de materiales.
El estudiante en curso es un sujeto de la comunicación muy importante, pero no tiene forma que le permita viabilizar su esfuerzo de producción, y es allí donde surge un debate. Si vamos a ver temas involucrados dentro de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual más allá de los aspectos técnicos de la ley, es decir, los aspectos que permiten viabilizar una finalidad política, esa finalidad tiene que ser la participación ciudadana. En un país como el nuestro, los índices de concentración de medios son extraordinarios a nivel mundial, lo cual supone una forma de ejercicio de poder excluyente, autoritario y extorsionador; que además tiene continuidad con los medios hegemónicos constituidos durante la dictadura militar.
Es uno de los pocos espacios sociales, culturales y empresariales de la Argentina que no ha tenido ninguna incidencia crítica respecto de su comportamiento durante la dictadura. Los mismos líderes de los medios de comunicación y de la industria del entretenimiento y de la información de la dictadura siguen estando en los lugares que ocupaban durante aquella época. Es gravísimo. Indudablemente, disponer monopólicamente de los medios de comunicación es la mejor manera de determinar los contenidos, las agendas, las formas como se discuten los temas. Porque, además, marcan la agenda, y el conjunto de los medios de comunicación determina la circulación mercantil de la industria cultural y de contenidos.
¿Qué comprende esa estructura mediática y qué efectos provoca en la sociedad?
—Instala ejercicios concretos del poder, de producir y trasmitir ideas, sobre el modo de comunicar, informar y producir sentido en una sociedad. Hay una disponibilidad para la manipulación de la población en el sentido de producir acontecimientos emotivos colectivos que han sido sistemáticamente utilizados en las más diversas situaciones de las últimas décadas.
En todos los momentos en la Argentina hubo profundas inestabilidades y crisis sociales, y los medios han sido efectivamente actores fundamentales de cómo se dieron esas crisis. Eso ocurrió durante los procesos hiperinflacionarios, ocurrió antes con la dictadura, con la crisis de 2001, con la destitución y el desguace del Estado, con su descalificación como entidad reguladora de ciertos criterios de equidad y de eficiencia colectiva y pública. Es decir, fueron los medios los que sustentaron el auge neoliberal de los ‘90 en la Argentina. Son los medios hegemónicos que marcan la agenda, determinan la conformación de un público; es decir, los medios conmueven al público, no porque el público sea pasivo, ni porque no pueda reinterpretar los contenidos de los medios, sino que la agenda hegemónica de los medios determina las condiciones de posibilidades y su horizonte. Determinan cuáles son las premisas y los criterios de lo posible, por eso también asfixian y constriñen el alcance de los medios alternativos o verdaderamente independientes de intereses políticos o económicos, porque definen la percepción, la expectativa y el sentido común. Construyen el sentido común en una sociedad donde están concentrados de forma monopólica y, además, íntimamente asociados a intereses económicos muy poderosos, donde es completamente inevitable que grandes corporaciones empresariales, en el mismo acto en el cual producen acontecimientos comunicacionales, están involucrando intereses económicos.
¿Es un momento propicio para dar esta discusión?
—Por supuesto, ¿por qué habría rechazo a que la Ley se discutiera en el momento político electoral? Es por esa misma razón que el gobierno quiere discutirla ahora.
El gobierno plantea el debate en un momento electoral, porque hay un espectro de coincidencia electoral donde todo el poder está del lado de los medios hegemónicos. Es una falacia suponer que es oportunista. Los medios hegemónicos en la Argentina están utilizando de la manera más perversa el impulso ilustrado democratizador de la palabra pública. Y se hacen acreedores de esa palabra pública contra el poder político.
Con el argumento de que el poder político es corrupto y por lo tanto no puede intervenir en el funcionamiento de los medios…
—Cuando en realidad es exactamente al revés. En este momento, el poder político tiene un carácter más progresivo y más ligado a intereses populares. Dije más, no absolutamente, porque se puede discutir mucho, pero sin lugar a dudas muchísimo más que las corporaciones multimediáticas que tienen intereses claramente independientes de cualquier instancia ético-política vinculada a lo popular.
Sin lugar a dudas, también es cierto que hay que pensar en la proyección político-cultural del problema comunicacional. Hay que pensar que las nuevas tecnologías en general pretenden deslocalizar y desmaterializar la cuestión patrimonial. Esa es una de las razones por la que las leyes tienen que actualizarse: tienen que regularse las nuevas situaciones tecnológicas para evitar que los poderes constituidos en las dimensiones clásicas de las restricciones patrimoniales, al pasar a posibilidades desmaterializadas de comunicación, no se mantengan intactas. El espectro de radio frecuencia es análogo a una noción de un territorio. El territorio, es decir, el asentamiento físico de la soberanía, supone una limitación vinculada con la materialidad. Si uno habla de un territorio, de un espectro limitado, por lo tanto no puede ser utilizado de forma discrecional por todo el mundo. Ahora bien, si se desarrollaran las nuevas tecnologías desmaterializadas, deslocalizadas desde lo patrimonial, se abrirían nuevas posibilidades. Eso no quiere decir que automáticamente se va a producir algún fenómeno democratizador o nuevas maneras de transmitir el poder de los monopolios a esas instancias novedosas. Esas nuevas maneras tendrían que ver con construcciones jurídicas, con construcciones lingüísticas, con construcciones simbólicas, con construcciones económicas, con relación al mercado y cuestiones translingüísticas. Recordemos que cuando empezó la web todo ocurría en inglés, fue importante todo el esfuerzo que hicieron las culturas no anglófonas para imponer sus lenguas y sus alfabetos.
Incluso la simbología lingüística estaba negada para la aplicación tecnológica local…
—Claro, la ñ todavía no está en igualdad de condiciones con los demás signos. Hubo un momento en que no podía traducirse otros alfabetos a la web. Ahora están todos los alfabetos y cada país con lengua no latina puede utilizar sus propios alfabetos, pero esto tiene que ver con la sociopolítica, que es muy difícil de percibir. La magnitud de la trasformación tecnológica es de tal grado, es tan difusa, es tan aleatoria y tan contingente, que para la gente común es muy difícil saber qué es lo que está ocurriendo. Creo que con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ocurre lo mismo. El consumidor, el público, el pueblo, el ciudadano no termina de tener una conciencia completamente alerta sobre qué es lo que se está discutiendo.
Respecto a la regulación, ¿es mejor que el Estado regule o puede haber otro camino?
—No tiene que ver con una preferencia filosófica o política por la noción del Estado regulador, sino con la lucha por la democracia y por las libertades civiles: el Estado regulador desde el punto de vista ético-político debe proteger a los más débiles. Durante el auge neoliberal, una de las consecuencias catastróficas que se producen, es que los más débiles y vulnerables quedaron sin ninguna protección y fueron absolutamente objeto-víctimas de las luchas entre los poderosos. La crisis de 2001 en la Argentina, donde millones de personas comiendo basura han sido un caso ejemplar en el mundo, demuestra de qué manera la autorregulación del mercado es catastrófica, es artificial, produce millones de víctimas. El Estado regulador es el Estado que responde por las garantías civiles. Eso no quiere decir que sea eficiente, no quiere decir tampoco que tenga en su condición intrínseca más esencial el objetivo de proteger a los más débiles. El Estado es una máquina de guerra, es una maquina normativa, es una maquina de dominación, pero al mismo tiempo en el orden moderno de los derechos civiles, de las ideologías burguesas, de las políticas democráticas y del Estado de derecho, el Estado es el garante de ciertas condiciones mínimas, y en ese sentido permite a los actores socio-políticos plantear la demanda sobre prácticas democráticas. Esto en un orden neoliberal con un Estado débil es imposible, porque no hay interlocutor. Las masas quedan en estado de abandono, de completa indefensión. Me parece que la discusión no tiene que ser sobre quién es más eficiente o por una serie de abstracciones sobre ciertos objetivos instrumentales. Es un problema de derecho y de ética política como lo decía antes, creo que es una cuestión por la que hay que definir al Estado como aquel que asume la responsabilidad de que el piso ético-político de una sociedad no descienda por debajo de ciertos niveles.
¿Cómo se puede concebir la regulación en el caso de los medios?
—En la regulación estatal de los medios de comunicación se asume toda clase de riesgos. Indudablemente existen tremendos riesgos de limitaciones, de obstrucciones de poder, de corrupción; o de lo que se quiera decir desde el punto de vista crítico, pero eso no es porque es peor el Estado. Es muy difícil saber quién es peor. Lo cierto es que el orden del libre mercado no ofrece ninguna garantía. El mercado no puede garantizar un piso de derecho. En cambio, el Estado lo puede hacer, porque lo ha hecho históricamente y lo sigue haciendo. Los momentos del siglo XX, y de estos últimos períodos del capitalismo avanzado, en que las sociedades han vividos mejores condiciones de convivencia y desarrollo político, cultural y económico han sido con estados reguladores.
¿Es una falacia que la regulación estatal pueda coartar la libertad en una sociedad?
—Esa falsedad la demuestran los países centrales, los países escandinavos y algunos países socialistas. Hay experiencias de cómo Checoslovaquia o Cuba, en ciertos momentos, llevaron a la práctica esta regulación con inclusión social. La negociación entre la libertad y la regulación es una falacia. Lo cierto es que ningún país capitalista de corriente neoliberal puede mantener el nivel de vida y la equidad que existe en Cuba. El día en que un país capitalista pueda hacer eso, sería bueno que muestre cómo, pero eso no ha ocurrido nunca, ni hay ninguna perspectiva de que pueda ocurrir. En el caso de Cuba, con una población alfabetizada con servicio de salud, educación, aclarando que no tengo simpatía ni admito ninguna concesión a la supresión de la libertad de expresión. Soy crítico de la isla que ha encarcelado a los homosexuales, a la regulación ideológica de la industria editorial y periodística durante muchos años, lo cierto es que los países capitalistas pueden señalar dictatorial al modelo cubano, pero no han sido capaces de tener ese nivel de inequidad. Me parece que cuando discutimos la Argentina en el momento que hay un gobierno de tipo populista, un gobierno de garantía de derechos básicos de la población que responde a un tradición nacional, tiene que ver con esa cuestión, es decir, con rechazar los niveles indecibles de inequidad social que ha habido en nuestro país. En un momento como este, plantear una ley antimonopólica en los medios de comunicación y una apertura para que la sociedad civil se exprese, me parece algo muy difícil de refutar y es por ello que los actores de los medios concentrados no están refutando: están tratando de silenciarla, de omitirla o de utilizar una series de falacias y discusiones indirectas para desprestigiarla, pero no se han atrevido a refutarla.
Entonces, ¿estamos con ventaja en esta batalla de ideas?
—Creo que sí, porque el nivel de grosería y de barbaridad que implica el modo en que dominan el mercado mediático es insostenible frente a cualquier otro país capitalista, incluso de los más neoliberales. En Argentina, ha sido la dictadura la que favoreció la concentración y la impunidad. Hay una historia que generó esta concentración para sostenerse hasta hoy, por lo tanto, es bueno que este debate se esté forjando, independientemente de cual fuere el resultado del proyecto de Ley. Ya es un hecho absolutamente positivo que la capacidad extorsiva de estos medios hegemónicos se vaya debilitando.
– Foto: Alejandro Santa Cruz
