A pesar de la existencia de la Comunidad Indígena Diaguita Calchaquí de Animaná, empresarios siguen usurpando territorios, amparados por la policía y la Justicia provincial que archiva las denuncias de los miembros de la Comunidad. Solo gracias a la presión de las organizaciones se logró una audiencia para el día viernes 13 en la ciudad de Salta. Pero hay mucha preocupación por el desenlace de la instancia judicial.
El día miércoles 11 de noviembre, a pesar de las reiteradas denuncias por usurpación presentadas por miembros de la Comunidad Indígena Diaguita Calchaquí de Animaná, el empresario local Ramiro Michel ingresó nuevamente en el territorio de la comunidad acompañado por la policía para intentar empezar a “explotar” un sector del territorio, el paraje Potrerillo, reclamándolo como suyo. Sus palabras fueron “mientras tanto a esto lo exploto, porque a esto lo compré yo”…
Inmediatamente se hicieron presentes miembros de la comunidad, reclamando se respetaran sus derechos reconocidos por el artículo 75 de la Constitución Nacional , el convenio 169 de la OIT y la Ley Nacional 26.160.[1]
Asimismo, presentaron copias de las varias denuncias presentadas ante la justicia. Sin embargo, la policía presente solo reconocía algunos papeles presentados por el empresario, negando el derecho de la comunidad indígena. Incluso un anciano miembro de la comunidad sufrió el apremio psicológico policial al ser indagado merced a una denuncia en su contra presentada por el empresario.
Ante la presión de los miembros de la comunidad, y la presencia de miembros de las comunidades indígenas Diaguita Calchaqui de El Divisadero y Suri Diaguita Calchaqui de Santa Bárbara, y del Encuentro Calchaquí – Movimiento Nacional Campesino Indígena – Vía Campesina Argentina, la policía se vio obligada a comunicarse con el fiscal a cargo, quien finalmente convocó a una audiencia para el día viernes 13 de noviembre a las 10:00 en la ciudad de Salta.
Este caso es uno más en el contexto de intentos de usurpación y avance sobre territorios campesinos e indígenas por parte de empresarios locales y extranjeros, buscando aumentar sus negocios a partir de la explotación ambiciosa de nuestros bienes naturales. El mismo día de este hecho, la vecina comunidad indígena de El Divisadero impidió la usurpación de sus territorios por parte de un empresario acompañado por la policía sin ningún tipo de orden judicial. Y estas comunidades son parte del mismo territorio Diaguita del que forma parte la comunidad de Chuschagasta, donde el mismo 12 de octubre fue asesinado un miembro mayor de la comunidad en manos de un empresario.
La audiencia se realizó en el Juzgado de Instrucción Formal de 4a. Nominación, Juez Dr. Antonio Pastrana. La presión de todas las organizaciones aportó para que se garantice el acceso al Derecho por parte de la comunidad.
[1] La Constitución Nacional reconoce a los indígenas derechos de propiedad comunitaria sobre las tierras que tradicionalmente ocupan: este hecho reviste tanto e incluso mayor valor legal que un título de propiedad. El Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (Obs. Indiv. Convenio 169, Perú, 2001) afirma que “la ocupación tradicional confiere derecho a la tierra en virtud del Convenio, independientemente de que tal derecho se hubiera reconocido o no”, entendiendo a éstas como “las tierras que han llegado a constituir parte de su medio de vida”.
