El problema de la coparticipación federal de la Nación y las provincias ha generado en los últimos tiempos grandes cambios y transformaciones estructurales debido a la implementación de modelos económicos ineficientes y no concordantes con nuestro sistema federalista establecido por nuestra Constitución Nacional.
Es así como la distribución de los recursos económicos entre la Nación y las provincias constituyó desde siempre una problemática económica – política cuyos costos han sido perjudiciales para ambas partes en la coparticipación federal.
Ello ha sugerido históricamente una profunda división entre las masas sociales acordando una inequidad en la asignación de recursos profundizando aún más el modelo neoliberal conservador que siempre se implementó en la historia argentina, originando grietas innecesarias en la sociedad argentina.
Ya en la Constitución de 1853 se había instaurado un régimen de distribución de poder impositivo otorgando potestades a las provincias en base al tipo de impuesto, previéndose en varios incisos del artículo 75 de la Constitución Nacional las siguientes disposiciones en materia de coparticipación federal:
– 1- El inciso 1 del artículo 75 de la CN establece la facultad de establecer el derecho de exportación e importación de productos.
– 2-El inciso 2 del artículo 75 de la CN establece la potestad del gobierno federal de aplicar impuestos conjuntamente con las provincias.
Pero en la reforma constitucional del año 1994 el inciso 2 del mencionado artículo agregó el legislador un párrafo en donde se establece que las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de las que tengan asignación específica, son coparticipables, es decir, que las mismas se le otorga jerarquía constitucional dicha coparticipación entre la Nación y las provincias de los impuestos directos e indirectos que reconoce la Nación.
Se advierte que en la normativa citada, el legislador establece en la reforma constitucional de 1994 que el reparto de la recaudación impositiva se efectué mediante una ley convenio.
Es así como en el artículo 121 de la CN establece que “las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación”; aquí el legislador prevé el denominado principio de reserva por el cual las provincias conservan todas las atribuciones que no hayan sido objeto de delegación expresa al Estado Federal, ya sea en el contenido de la carta magna o por pactos preexistentes.
En la actualidad, las modificaciones del impuesto al cheque han generado nuevamente discusiones en el Congreso en como se distribuyen los recursos, produciendo largos debates y diferencias ofensivas, con la mera finalidad de detener los ataques de la oposición, una oposición que se encuentra cada vez más dividida haciendo más difícil la continuidad de las actividades legislativas en dicho organismo.
Una de las provincias que posee la intención de recuperar el porcentaje de coparticipación federal es la provincia de Buenos Aires pero si nos ponemos a pensar es una de las mas beneficiadas debido a la cantidad de planes sociales que se otorgan en comparación al resto de las provincias.
La reunión del oficialismo con las provincias en el día de mañana no será nada fácil, ofrecerá discusiones y pujas en torno a los intereses económicos y políticos de los gobernadores, quienes estarán entre la espada y la pared, ya que saben perfectamente que si se adhieren al proyecto de modificación al impuesto del cheque, perderán toda ayuda económica posible de parte del gobierno nacional.
No sería factible una solución desfinanciar a la Nación, puesto que originaría efectos negativos no sólo en la actividad económica sino también desde lo social y lo político, generando una vez más incertidumbres innecesarias en un año que promete ser complicado y agitado.
Debemos tener en cuenta que el rojo actual de las provincias asciende a los $ 29000 millones, un costo muy elevado producto de las diversas cesiones que efectuaron las mismas al gobierno central, y que ahora recuperar lo perdido no solucionaría los desequilibrios fiscales provinciales ya que se agravaría la situación económica y fiscal en el gobierno nacional.
Sin dudas, el diálogo del oficialismo con las provincias no será fácil ni tampoco imposible de llegar a un acuerdo que favorezca a ambos ya que lo que estaría en juego aquí es la continuidad de las instituciones y de la unidad nacional de todos los argentinos en el marco del sistema democrático.
– La autora es columnista de Salta 21; es Jefa de Trabajos Prácticos de las cátedras Análisis Económico y Financiero y de Elementos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Buenos Aires – Facultad de Derecho. Master en Derecho y Economía (tesis en preparación) – Universidad de Buenos Aires – Facultad de Derecho.
