– Los atacantes actuaron con “acuerdo previo”
La jueza señaló que los detenidos “sabían y querían” matar. Otros dirigentes ferroviarios y de la Ugofe podrían quedar complicados.
Cristian Favale, Pablo Díaz, Gabriel Sánchez y Jorge González, cuatro de los siete procesados ayer.
Los siete detenidos por el asesinato del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra “sabían y querían” herir y matar “y emplearon los medios adecuados para ello”.
Actuaron con un claro “acuerdo previo”, convocados y organizados por delegados de la Unión Ferroviaria (UF). Por lo menos tres de los matones estuvieron armados y cada uno tuvo un papel específico en el ataque a los trabajadores tercerizados de la ex línea Roca y los militantes de agrupaciones políticas que intentaban cortar las vías en reclamo de puestos de trabajo.
A estas conclusiones llegó la jueza Wilma López al analizar las pruebas y testimonios recolectados hasta ahora en la investigación sobre los sucesos del 20 de octubre en Barracas y por eso resolvió procesarlos a todos con prisión preventiva como coautores de homicidio calificado en el crimen de Mariano Ferreyra, tentativa de homicidio calificado por las heridas de bala sufridas por Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos y por la coacción agravada ejercida sobre camarógrafos y periodistas justo antes de la balacera.
Del texto del procesamiento surgen los nombres de otros dirigentes ferroviarios que podrían quedar complicados y hasta directivos de la Unidad de Gestión Operativa de Emergencia (Ugofe), que explota la ex línea Roca. Además, la jueza ayer allanó el Departamento Central de la Policía Federal en busca del faltante de una hora crucial de las comunicaciones registradas por el Comando Radioeléctrico con los patrulleros que estaban en la zona, un material esencial para establecer el papel que tuvo esa fuerza en los hechos.
Según la resolución de la jueza, que tiene como base la investigación de la fiscal Cristina Caamaño, quienes dispararon fueron Cristian “Harry” Favale, barrabrava de Defensa y Justicia de 36 años, y Gabriel “Payaso” Sánchez, ex barra de Racing y guardatrén de la ex Roca, de 33; Guillermo Uño tuvo armas en su poder y se las entregó, junto con Favale y Sánchez, al portero del taller de Remedios de Escalada Juan Carlos Pérez.
“Negro, negro, le dimos”, le habría dicho Uño a Pérez, quien reunía “las armas de fuego recién utilizadas seguramente con miras a su ocultamiento”, dice el fallo. “Vayan y háblenlo con Pablo”, fue la respuesta que escucharon testigos.
“Pablo”, deduce la jueza, es el delegado ferroviario Pablo Díaz, de la Comisión de Reclamos del gremio, y el procesamiento advierte su “papel preponderante en la conformación y organización del grupo de personas que perpetró el ataque”.
A Jorge González y Salvador Pipito los acusa de amenazar a los camarógrafos y una periodista de CN5 justo cuando se estaban por producir los disparos, para evitar que quedara registro. “Bajá la cámara, no filmés, te vamos a romper todo”, increparon.
La decisión de dictar prisión preventiva a los siete procesados responde a que el principal delito que les atribuyen prevé prisión perpetua. Además, dice la jueza, hay numerosas amenazas denunciadas no sólo durante los acontecimientos sino con posterioridad. Varios testigos manifestaron temor a declarar y cuatro pidieron entrar en el programa de testigos protegidos, dos con identidad reservada. Para todos, además, dispuso embargos de 500 mil pesos. Favale, recordó Wilma López, tiene un juicio en Quilmes por portación de arma de guerra sin autorización legal.
La reconstrucción del juzgado y la fiscalía da cuenta de un primer momento de tensión en la estación Avellaneda, donde los tercerizados querían hacer el corte de vías y la patota de la UF, impedirlo. Los primeros junto con las organizaciones políticas y sociales caminaron bordeando las vías, mientras los ferroviarios los seguían por el terraplén del ferrocarril. Tras cruzar el puente Bosch, se tiraron piedras y otros elementos mutualmente. Luego los tercerizados y militantes del PO hicieron una asamblea en Luján y Santa Elena. En cuanto intentaron desconcentrar, recibieron el ataque de los ferroviarios, que llegaron en tres grupos. El grupo de choque “sobrepasó a la policía allí instalada (había tres patrulleros de la seccional 30ª) y fue directamente a agredir a los manifestantes”, describe el fallo.
Todo indica que Favale, quien habría llevado a otros agresores que no son ferroviarios, estaba junto a Pablo Díaz en ese momento.
“Acompañame a sacar a los zurdos”, le habría dicho el barrabrava –de barba candado y remera azul– al delegado, según testimonios. “Sacá los fierros”, habría sido la indicación de Díaz.
Favale, Díaz, Sánchez, Uño y Pérez se habrían separado del grupo hacia la derecha. “Favale se ubicó en el medio de la calle Pedro de Luján, y tras agacharse, habría efectuado tres o cuatro disparos con arma de fuego hasta que se le trabó”, detalla la imputación. “No puede ser que estos hijos de puta nos corran, mirá todos los que somos, al de la gomera, a ese gil de mierda le agujereé la panza”, le habría dicho Favale a Díaz.
A su vez, el Payaso Sánchez se ubicó, según la investigación, entre un Volkswagen Polo color verde y un árbol, sobre Luján, cerca del cruce con la calle Pedriel, sobre la vereda izquierda, “y se puso a disparar contra los manifestantes en un indeterminado número de veces”. Tenía una remera de Bob Marley, gorra negra y anteojos de sol. Luego, “a Pablo Díaz le sonó el handy anunciando que lo había llamado (Juan Carlos) “el Gallego Fernández –tercero en jerarquía de la Unión Ferroviaria –, quien le habría dicho que se vayan”. Entonces Pérez habría juntado las armas.
A Mariano lo habría matado una bala de la misma arma que perforó el cráneo de Elsa, quien sigue internada en el hospital Argerich. No se pudo determinar aún el calibre y origen de los proyectiles que hirieron en las piernas a Aguirre y Pintos.
La jueza explica que no es necesario establecer quién disparó ni con cuál de las armas, ya que basta que está probado que el grupo de la Unión Ferroviaria estaba organizado, obró con “premeditación” y con un “acuerdo común”. Ninguno de ellos, agrega, intentó frenar “el accionar ilícito”.
Los llamados telefónicos, radios y mensajes de texto enviados ese 20 de octubre antes, durante y después de la gresca por los imputados son exhibidos como una importante prueba. Favale, por ejemplo, se comunicaba con un Nextel a nombre del presidente del directorio de Ugofe, Joaquín Acuña. También hablaba con un delegado ferroviario de nombre Gustavo, aún sin identificar. Este, a la vez, se contactaba con Pablo Díaz. Favale habló todo el día con Juan Carlos Pérez, quien a su vez mantenía contacto radial con tres aparatos a nombre de Ugofe. Díaz durante el ataque hablaba con Sánchez y con el Gallego Fernández.
La jueza deja en claro que la investigación sigue y que podría haber muchos más imputados. Los llamados revelan nuevos nombres y hay otros dos delegados bajo la lupa: Aldo Amuchástegui y Alberto Carnovale. La magistrada allanó ayer mismo el Comando Radioeléctrico (ver aparte), como parte de la investigación sobre el papel que tuvo la Policía Federal: si actuó con negligencia o dejó la zona liberada.
Un gran primer paso
A apenas más de un mes del asesinato del militante Mariano Ferreyra, la jueza de instrucción Wilma López procesó y dictó prisión preventiva a siete sospechosos por considerarlos prima facie coautores de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado (ver asimismo nota central). El encuadre es severísimo: si se confirmara en la sentencia definitiva, la condena puede llegar a cadena perpetua.
La Jueza elogió la “rápida y eficaz investigación” de la fiscal Cristina Caamaño, con toda razón. En realidad, ambas se consagraron día y noche al expediente, que ya acumula 200 cuerpos, esto es cerca de 4000 fojas o sea 8000 páginas. Hay en ese mamotreto trámites o anversos de fojas no escritos, pero igualmente el volumen de material es revelador. Declararon decenas de testigos, hay una cantidad inconmensurable de material filmado y gráfico, pericias.
Debe dilucidarse un hecho que tuvo largo prólogo, pero cuyo desenlace fatídico sucedió en segundos. López lo reconstruye y explica con minucia, lo que dota de contundencia a su decisión.
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Su Señoría considera a los procesados coautores materiales. Para que exista coautoría en un crimen deben confluir: a) un plan común, b) objetivos comunes y c) división de roles. Los distintos roles deben sumar un requisito: que el obrar del coautor haya sido imprescindible para consumar el delito. En este caso hubo organizadores, personas que manejaban autos, otros que llevaron las armas de fuego, otros que las retiraron, otros que las dispararon. La jueza afirma que hay comprobados dos acusados que tiraron, Cristian Favale y Gabriel Fernando Sánchez, sin saberse con precisión quién efectuó los disparos que mataron e hirieron gravemente. En este estadio de la causa y dada la calificación elegida, ese punto no tiene relevancia.
La narrativa de la magistrada desmiente la de la Unión Ferroviaria (UF) y los acusados. Hubo dos grupos enfrentados pero, desde el vamos y máxime desde la retirada de las vías en Avellaneda, uno estaba en considerable inferioridad, había entre ellos mujeres y niños, buscaba retirarse. El otro era un colectivo organizado con anterioridad, agresor, armado y comandado con otros fines.
Todos los procesados estaban en el lugar donde se consumó el asesinato. La jueza López debía resolver prestamente sobre su situación procesal, la investigación debe seguir para desentrañar si hubo otros responsables menos ostensibles. “Por arriba” queda por pesquisarse la conducta de dirigentes de la UF de rango más alto que el procesado Pablo Marcelo Díaz. O sea, la existencia de lo que lenguaje común se llama “autores intelectuales”, que en jerga forense pueden ser “autores mediatos” o “instigadores”.
También está bajo la lupa el desempeño de la Policía Federal para corroborar si hubo de su parte obrar doloso o culposo.
Ambas investigaciones están en curso, bajo secreto sumarial. El fallo no tenía que referirse a ellas, pero depara algunos datos de interés, que se pasan a sintetizar.
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La prueba reseñada por la jueza es abrumadora. Hay, por cierto, declaraciones de trabajadores tercerizados y militantes del Partido Obrero. Pero también hay rotundos testimonios de asistentes casuales al hecho. Todos concuerdan: la patota actuó organizadamente y la conducía el dirigente ferroviario Díaz. El hombre declaró, contó una versión idílica: “la movilización (de ferroviarios y barras bravas) fue espontánea”. Explicó su presencia en el lugar porque “su obligación es estar siempre del lado de los trabajadores”.
Según Su Señoría, abruman las pruebas que acreditan todo lo contrario. Díaz reclutó a muchos de los participantes, dio las órdenes, habló por celular en forma ininterrumpida durante horas, a él se reportaban los matones. Favale lo habría interpelado diciéndole “no puede ser que estos hijos de puta nos corran, mirá todos los que somos, a ese gil de mierda le perforé la panza”.
Hablando de modo llano, Díaz está comprometido hasta el cuello. Queda por verse si en él se corta la cadena de responsabilidades penales de los líderes de la UF. La decisión de ayer reseña hechos que comprometen al número dos del gremio, el “Gallego” Juan Carlos Fernández. Díaz confiesa haber hablado con él porque era “su jefe”. Y hay testimonios de que, ya consumados los delitos, Fernández llamó a Díaz a su “handy” y le ordenó que se retiraran. El dato tiene su miga porque el ataque asesino no era transmitido por televisión (las imágenes televisivas que luego se conocieron, en especial las de C5N, se estaban grabando) así que el Gallego sabía que había víctimas por otros medios.
El secretario general de la UF, José Pedraza, declaró que él mismo bajó la orden de retirarse para que no hubiera disturbios. Otro relato angelical, que de paso se despega de sus subordinados.
Como fuera, Fernández estuvo al tanto de lo que pasaba, en comunicación con Díaz, que dirigía el operativo criminal: seguramente habrá novedades a su respecto. Para que pudiera considerárselo “coautor” debería probarse alguna actuación suya previa al hecho (en el “plan”), para incriminarlo como encubridor basta que haya asistido a sus compañeros después. El contexto indica que el operativo se hizo por órdenes superiores emanadas por arriba de Díaz.
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Pocas menciones hace la jueza López respecto de la Policía Federal, pero son muy sugestivas. La primera es que la División Roca de la Policía Federal “custodiaba” al grupo de la UF y la Bonaerense a los tercerizados.
La segunda es que había tres móviles de la seccional 30ª en el lugar del homicidio.
La tercera es que muchos integrantes de la patota se agolparon detrás de esos patrulleros. Entre ellos, los agresores que tenían las armas. O sea que los federales quedaron en medio de los dos grupos. La patota armada pasó delante de ellos antes de matar y herir.
La cuarta es la existencia de una filmación en video aportada por la citada División Roca efectuada “desde arriba del puente ferroviario que cruza la calle Pedro de Luján”. Vale decir, detrás de los agresores, a sus espaldas, con visión panorámica del escenario de los delitos.
En versiones informales los federales alegaron que no podían intervenir porque el protocolo vigente para manifestaciones veda hacerlo a policías con armas. Pero, en ese trance, ya no había una protesta social, sino un salvaje ataque con armas de fuego, que forzaba algo más profesional que la molicie policial durante y después de los delitos. No intervinieron, no asistieron a los heridos, no persiguieron a los agresores, no identificaron a nadie. A todos les cabe la presunción de inocencia, pero las sospechas y la necesidad de una investigación a fondo se potencian con la lectura del fallo.
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Los procesados pueden apelar. El trámite debe ser relativamente veloz, para lo que suelen ser los tribunales, porque hay en juego privaciones de libertad. A ojímetro, la Cámara no podría expedirse más allá de enero de 2011, ni mucho antes. Los acusados seguramente jugarán al Gran Bonete (“¿Yo, señor? No, señor”), tratando de zafar de a uno.
El resto de las averiguaciones seguirá su curso. La elaboración política de estos crímenes debe ir más allá de la causa penal, desde luego. Este diario ya ha hablado de eso y seguirá haciéndolo.
Allanamiento en la Federal
La jueza Wilma López allanó ayer el Departamento Central de Policía en busca de un “faltante” en las grabaciones del Comando Radioeléctrico que habían sido requeridas por su juzgado para analizar el papel de esta fuerza y los agentes que actuaron en la zona del ataque.
La magistrada había ordenado un peritaje sobre las comunicaciones que mantenían los policías que participaban y daban las instrucciones en el operativo. En el lugar había tres patrulleros de la comisaría 30, agentes del Departamento de Control de Líneas de la Superintendencia de Transporte y de la División Roca, policías bonaerenses (de Infantería) y dos helicópteros. Incluso pidió que se determinara si había tramos borrados o editados.
La Policia Federal le envió a la jueza grabaciones de las modulaciones policiales de ese día, pero faltaba un tramo determinante: la hora posterior al tiroteo y el asesinato de Mariano Ferreyra, es decir entre las 14 y las 15.
Finalmente, ayer, en el procedimiento donde también estuvo la fiscal Cristina Caamaño, apareció el tramo que faltaba. Página/12 reveló el domingo último el contenido de las modulaciones que constaban hasta ese momento en la causa.
Pablo Ferreyra analizó junto al CELS la causa judicial
Pablo Ferreyra, el hermano del militante del Partido Obrero (PO) asesinado en octubre, destacó ayer la decisión de la jueza Wilma López de procesar por homicidio calificado a los detenidos de la patota de la Unión Ferroviaria acusados de matar al joven.
“Estoy muy conforme con la actitud de la jueza y sobre todo con la de la fiscal (Cristina) Caamaño”, dijo Ferreyra, quien no obstante pidió continuar investigando “hacia arriba” para determinar las responsabilidades de la cúpula del sindicato ferroviario y de la Policía Federal.
Durante una conferencia de prensa en la sede del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organización que patrocina la presentación de la familia, Pablo Ferreyra aseguró que mediante la resolución dada a conocer ayer “la jueza está sentando un precedente para que se investiguen estas líneas hacia arriba”.
El titular del CELS, Horacio Verbitsky, destacó por su parte “la celeridad de la investigación” llevada a cabo por la jueza Wilma López. Para el presidente del organismo, el hecho de que a un mes del asesinato de Ferreyra ya existan siete detenidos constituye “una respuesta institucional seria” por parte del Estado, además de “una diferencia apreciable con lo acontecido” luego de otras muertes políticas, como las de diciembre de 2001 o la Masacre de Avellaneda. “La sociedad argentina tiene un índice de tolerancia muy bajo frente a las muertes de jóvenes por cuestiones políticas, y la celeridad judicial que ahora celebramos tiene que ver con este clima social”, concluyó.
No obstante, Verbitsky advirtió que aún hay dos líneas pendientes en el caso. La primera, determinar la responsabilidad de las policías Federal y Bonaerense, “que permitieron que el grupo armado pudiera perseguir y disparar al grupo desarmado”. La otra, la investigación pendiente “hacia el interior de la estructura de la Unión Ferroviaria”, el sindicato que conduce José Pedraza.
Pablo Ferreyra dijo estar “muy contento” con la masiva respuesta al festival organizado el martes en Plaza de Mayo reclamando justicia por la muerte de Mariano. “Llevan el mismo mensaje que tenemos nosotros, juicio y castigo. Siento que estamos en la misma sintonía”, aseguró.
– Página 12
