En base a un presunto «ordenamiento fiscal y administrativo sin precedentes» el gobernador Romero pretende dejar en la calle a cientos de trabajadores públicos precarizados. Éste era el regalo de fin de año para ellos. La pesadilla rozó cerca…
El fracasado y embaucador «Proyecto de Ley de Disciplina y Transparencia Fiscal y Derogación de la Ley de Reforma Administrativa del Estado y Emergencia Económica», entregado en una primera oportunidad subrepticia e informalmente por el Poder Ejecutivo al Presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Godoy, pone en evidencia innegable el lado más oscuro y perverso del gobierno de Juan Romero. Confirmada la dirección de los resultados electorales se formaliza a través de las vías correspondientes. Eran los deberes que expresamente debía realizar el “alumno” Walter Wayar, si la realidad electoral le resultaba favorable.
Así, el artículo 24° taxativamente establece: “Al final de cada mandato del gobernador quedan extinguidas de pleno derecho todas las designaciones sin estabilidad, ya sean estas transitorias o temporales, como así también los contratos personales de prestación de servicios”.
Es decir tenía premeditadamente previsto echar a la calle a cientos de trabajadores públicos, entre ellos profesionales, precarizados (en negro) en algunos casos de 10 a 12 años de antigüedad. Muchos de ellos condicionados a encolumnarse partidariamente e incluso le descuentan compulsivamente la cuota partidaria. También parte de ellos utilizados como fiscales generales para controlar las elecciones pasadas. Hablamos de los que trabajan normalmente como cualquier hijo de vecino cumpliendo el horario correspondiente. Incluso existen artículos que invocan incertidumbre en derechos adquiridos de los trabajadores de planta permanente, incluida su estabilidad. Para ellos, era este regalo de fin de año. La pesadilla rozó cerca.
Para nosotros como Asociación de Trabajadores de la Administración Pública Provincial y Municipal de Salta (A.T.A.P.), el mencionado Proyecto está indefectiblemente caído. No existe margen ni fuerza política para tratar y aprobar tan falaz y nefasta iniciativa. Es suficiente una ironía del propio Presidente de la Cámara de Diputados que ante el nuevo contexto político, adujo algo así: No se descarta que haya legisladores del bloque oficial que ya estén cruzando el río en moto. Nuestro criterio es que la solución debe ser considerada en el marco de la equidad y el derecho que plantea el electo gobernador Juan Manuel Urtubey.
Los argumentos con los que fundamenta el gobierno de Romero el tratamiento de este Proyecto es que: “se remite luego de alcanzar, a través de la gestión de gobierno de estos últimos doce años, un ordenamiento fiscal y administrativo sin precedentes”.
Las objeciones de la A.T.A.P.
Como contrapartida, nuestras objeciones a esta tesitura, es precisar dos ejes insoslayables y elocuentes que demuestran una falacia colosal. Que en nada se condice con un gobierno bien ordenado ni administrativa, económica, y financieramente. Una redundancia, la esencia y espíritu de un gobierno antidemocrático e impune que emerge con mayor claridad ante la consideración pública. Primero, existe acreditada irregularidad en la imputación o registración de las cuentas públicas de la Provincia, ya que se realizan en función de la denominada “Ley de Administración Financiera” ficticia o trucha.
El sistema informático (sistema JD EDWARDS -nombre del creador- de gestión presupuestaria) que registra el movimiento de las cuentas públicas, se habría implementado oportunamente en función a lo establecido en la Ley de Administración Financiera 24.156 a Nivel Nacional. Pero acá en la Provincia dicha ley es virtualmente una copia, pero solamente un Proyecto.
Esto lo hemos revelado públicamente en reiteradas oportunidades e incluso mediante una denuncia penal conjuntamente con los Periodistas Sergio Poma, José Acho y Miguel Brizuela, en contra de los funcionarios públicos Juan Romero, Javier David y Fernando Yarade como directos responsables.
Así desde el punto de vista técnico, no todas las transacciones pasan por el sistema. Porque no todos los órganos y/o organismos del Estado provincial las tiene registradas en su totalidad. Es un método implementado parcialmente. Y así, a través de este procedimiento no es posible verificar la integridad de las transacciones realizadas por la Administración Pública Provincial. En rigor, concluyentemente no podemos hablar de legalidad cuando literalmente no existe la norma.
El caso Plumada y el endeudamiento
¿A que se puede atribuir esto cuando en realidad el actual oficialismo siempre tuvo mayoría en ambas cámaras para aprobar dicho Proyecto como Ley? ¿Cuál es la opinión de la Sindicatura General, la Auditoria General de la Provincia y la Comisión Bicameral Examinadora de las Cuentas de Inversión de la Legislatura? Otra incógnita: Por ejemplo, ¿es posible auditar el Ente Regulador de los Servicios o la Secretaria de Ingresos Públicos cuando existen actuales Auditores que, antes eran responsables de esos sectores?
Y la otra viga central de objeción es que toda la documentación pública que, constitucional y legalmente se establece que debe estar bajo la guarda del Estado, ilícitamente la derivaron a la guarda del sector privado (Empresa de transporte, Plumada S.A.). Incluso actualmente, con una agilidad que asombra, siguen trasladando o sacando cajas de documentación desde distintos lugares de la Administración Pública a lugares desconocidos.
Así en dicho contrato en una cláusula, con respecto al extravío, destrucción total o parcial, robo, sustracción total o parcial, desaparición o siniestro de la documentación, sugestivamente, la empresa solamente es responsable por el valor del kilo papel. Esa documentación pública es el respaldo o prueba de las transacciones realizadas por el Estado.
Después de 12 años de gestión, no se realizó una planificación estratégica ni se decidió programar en el largo plazo una eficiente administración de la Hacienda Pública Provincial. Es necesario que el Gobierno Provincial saliente haga conocer a la opinión pública la deuda de los acreedores de la Provincia declarada en dicho término de gestión, justificando claramente su origen. Se considera que es significativo el endeudamiento ya que se comprometieron las futuras regalías petrolíferas de la Provincia. Al publicar se demuestra la transparencia, un requisito ineludible de la confianza en los actos de gobierno. ¿O el nuevo gobierno se hará cargo de esta situación y recibirá una gestión financiera fuertemente sospechada bajo beneficio de inventario sin delimitar responsabilidades?
La opción de Urtubey: Institucionalidad o impunidad
Ahora también contradictoriamente y referido al endeudamiento, en un artículo se sostiene: El capital no amortizado (no pagado) de la deuda pública, no deberá exceder el setenta por ciento (70 %) de los recursos corrientes anuales, pero los funcionarios que están en retirada o virtualmente huyendo no tenían límites para endeudarse como ya demuestra y debe ratificar formalmente la realidad.
Otra paradoja: en uno de los artículos del Proyecto, se prohíbe la emisión de cuasi monedas, bonos, etc. Debe tenerse en cuenta que el autor o firmante, Juan Romero, propició y efectivizó la circulación de los denominados “tickets alimentarios” aun en vigencia que cumplen todos los requisitos de una cuasimoneda.
La dicotomía es, si por la inapelable decisión del soberano pueblo, el nuevo orden institucional político restablece efectivamente el estado de derecho como nuevo estilo de vida de los salteños o seguirá vigente la política del mayor referente de la impunidad de nuestra Salta la linda.
– Miguel Rojo, Eduardo Vargas y Sergio Ibarra, Secretario General, Secretario Adjunto y Secretario de Organización respectivamente de la Asociación de Trabajadores de la Administración Pública Provincial y Municipal de Salta (A.T.A.P.)
