Los días 22 al 23 de Noviembre se realizara, por iniciativa del Parlamento del Uruguay, la Asamblea General y Seminario Regional “Armas Pequeñas y Ligeras a la luz de la agenda 2030 – Acción Parlamentaria para Sociedades Pacificas e Incluyentes” en el Parlamento de la República Oriental del Uruguay, más precisamente en el Edificio Anexo José Artigas.
La Diputada Nacional Diana Conti, por invitación del Parlamento del Uruguay, participara del evento en representación de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Durante el mismo se trataran propuestas de instrumentos legislativos para una mejor prevención y reducción de violencia por APAL (Armas Pequeñas y Armas Ligeras).
“Al igual que en el resto de América Latina, la realidad argentina demuestra que la violencia armada es un tema crucial, que se interrelaciona con muchas problemáticas distintas. El problema de las armas de fuego merece un tratamiento específico en el marco de las políticas del Estado, desarrollando políticas públicas que incidan sobre la fabricación, transferencia y circulación ilícita de armas de fuego, y sobre su acumulación excesiva y proliferación. Estos fenómenos implican una amenaza notable para la paz y la seguridad, afectando la necesidad humana básica de vivir sin sentirse amenazado. Trabajar este tema es fundamental para repercutir en una gran cantidad de conflictividades: violencia intrafamiliar, violencia en espectáculos deportivos, violencia institucional, entre muchas otras.
Desde nuestro lugar como legisladores, la experiencia nos ha demostrado que el simple aumento de penas no es una solución al problema. Es cierto que en ocasiones pueden ser necesarios nuevos tipos penales o modificación de las normas actuales. Pero esto siempre debe pensarse en el marco de una estrategia de incidencia mucho más amplia, articulando los distintos dispositivos con los que cuenta el Estado.” – enfatizó la Diputada.
Desde mediados de la década pasada, el Gobierno Nacional dio pasos muy claros en la política de armas, bajo la conducción de Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández de Kirchner luego. En este período, el Estado demostró la intención de afrontar este problema con una nueva visión, asumiendo mayores compromisos por parte de las áreas del Estado con responsabilidad en el tema. Algunas de las iniciativas legislativas que se tomaron fueron:
– En 2004 se creó el Registro Nacional de armas de fuego y materiales controlados, secuestrados o incautados (Ley 25.938)
– En 2005, en el ámbito de la Procuración General de la Nación, se creó la Unidad Fiscal para la investigación de delitos cometidos en el ámbito de actuación del Registro Nacional de Armas (Resolución 1/2005 de la Procuración)
– En 2006 se aprobó el Protocolo contra la Fabricación y el tráfico ilícito de Armas de Fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (Ley 26.138)
Se transfirió el Registro Nacional de Armas del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior (Decreto 1023/2006).
Se modificaron los requisitos para la obtención de la credencial del Legítimo Usuario (Disposición RENAR N° 197 y 198/06)
– En 2007 se declaró la emergencia nacional en la materia, y se creó el Programa Nacional de entrega de armas, un Comité de Coordinación y un Consejo Consultivo de las Políticas de control de armas de fuego (Ley 26.216). La vigencia de este Programa de entrega de armas se prorrogó varias veces durante los años sucesivos, para dar continuidad a la política.
Se establecieron medidas de seguridad para Legítimos Usuarios con tenencia de diez armas o más (Disposición RENAR N° 232/07)
– En 2012 se creó el Sistema de Gestión Integral de Materiales Controlados (SIGIMAC) (Disposición RENAR N° 643/12)
– En 2013 se estableció el Procedimiento de Participación Ciudadana por Oposición para la Autorización de Tenencia o Portación de Armas de Fuego (Resolución Ministerio de Justicia 373/13).
– En 2014 se aprobó el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que establece el decomiso de armas de fuego, municiones y explosivos en el marco de investigaciones penales (ley 27.063).
– Finalmente, en 2015, se reemplazó el Registro Nacional de Armas por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Ley 27.192)
“La gestión anterior evidenció una clara preocupación por el problema de la violencia armada, buscando abordarlo de manera integral “ – concluyó la Diputada.
– Prensa Diana Conti
