El día 17 de diciembre del corriente año, llegaron al territorio de la comunidad Originaria Diaguita Calchaquí “Las Pailas”, ubicada a 16 Km. del municipio de Cachi, Provincia de Salta, un grupo de casi 25 policías en 4 móviles.
Los policías desalojaron a las familias de Egdmidio Liquín, Quintina Prieto, Andrés Mamaní, Gerardo Mamaní y Quintín Cruz, con una orden de desalojo emitida por el Juzgado Correccional y de Garantía Nº 8, que está a cargo de la jueza Mónica Gabriela Faber.
El comisario Laimes se hizo presente con la oficial Milena López junto al terrateniente Carlos Robles quien dice ser el nuevo dueño de las tierras, este último acompañado de Abelardo Alancay y con personal contratado para el desalojo en dos camiones particulares.
Seguidamente los efectivos policiales tomaron picos y empezaron a romper los candados y las paredes de las casas sacando todas las pertenencias de las familias. Los hechos se desarrollaron de manera violenta y sin piedad por toda la historia de vida que llevan en el lugar los miembros de la comunidad, fue muy doloroso lo que tuvieron que vivir los niños, las madres, jóvenes, mayores y ancianos al ver toda la destrucción que se estaba llevando a cabo, al mismo tiempo los efectivos policiales se prestaron para cargar las pertenencias de las familias en los camiones y también en los propios móviles policiales.
Luego llegó una máquina de la empresa Noroeste que ingresó al Territorio Diaguita Calchaquí de “Las Pailas” derribando las casas totalmente, también ingresó un tractor con una rastra conducido por el señor Orlando Alancay destruyendo totalmente los cultivos de poroto recién sembrado, pimiento, maíces, papas, y arvejas listas para cosechar. Estos hechos se realizan como una violación flagrante de los Derechos de los Pueblos Originarios, consagrados en la Constitución Nacional Art. 75. Inc. 17. Convenio 169 de la OIT (Ley 24.071), Declaración Universal de los Derechos Pueblos Indígenas de la ONU., Derechos Consuetudinarios como Pueblos preexistentes, desconociendo la ley 26160 y 26554 que suspende los desalojos de los Territorios Indígenas.
El lunes 20 ante la negativa de dar solución a la situación planteada, la comunidad de Las Pailas haciendo ejercicio pleno de su autonomía como Pueblo preexistente resuelve asentarse a 3 Km del lugar del desalojo, pidiendo la restitución inmediata de las familias desalojadas a su territorio.
El 21 de diciembre la comunidad se moviliza de manera pacífica hacia la plaza central del pueblo de Cachi, para luego cortar la ruta nacional 40 en busca de abrir un diálogo con el gobierno provincial para resolver de manera urgente la situación de emergencia en que quedaron las familias damnificadas, por lo cual se hace presente el ministro de trabajo de la provincia Rubén Fortuny generando una mesa de diálogo entre las Autoridades de los Pueblos Originarios y la provincia. Así se resuelve levantar el corte de ruta momentáneamente.
El 22, una Comisión de los Pueblos Originarios, integrada por las 4 autoridades de las comunidades de Las Pailas, El Algarrobal, Las Trancas y La Aguada, junto a las familias Diaguitas desalojadas son recibidos por la Ministra de Justicia Dra. María Inés Diez, en presencia de la técnica territorial del INAI Valeria Zambrano y el asesor jurídico de las comunidades Dr. Gustavo Miranda. La ministra se comprometió a resolver inmediatamente la situación de la comunidad y además a agilizar el trámite de las personerías jurídicas de las comunidades y el relevamiento territorial inmediato (26.160 y 26.554).
El jueves 23 la jueza Faber, quien fue recusada por la comunidad, se apersona en el municipio de Cachi, pidiendo audiencia con los damnificados, reunión en la cual este miembro del poder judicial desconoce absolutamente los Derechos de los Pueblos Originarios y pretende desconocer la preexistencia de los pueblos.
El lunes 27 llega al Territorio de la Comunidad, el coordinador de la Secretaria de Derechos Humanos Pablo Alavila en nombre del Ministerio de Gobierno de la provincia, para hacer un relevamiento e informe de los daños causados en el violento desalojo. Recorrió el territorio arrasado acompañado por las familias damnificadas y autoridades de las comunidades, comprometiéndose a presentar un informe real de los hechos con copia a la comunidad.
Al día de la fecha no hay respuestas concretas de parte del gobierno provincial, municipal y sus organismos competentes.
Se resuelve continuar en asamblea permanente y realizar las acciones necesarias que permitan resolver la situación de emergencia de nuestras familias y de nuestras comunidades.
Para nosotros los pueblos originarios la tierra no le pertenece al hombre sino que el hombre es quien pertenece a la tierra.
Exigimos:
· La Restitución inmediata de nuestro Territorio.
· La agilización de los registros de las Personerías Jurídicas.
· Inmediato Relevamiento Territorial.
· Tratamiento urgente del proyecto de ley de la Propiedad Comunitaria Indígena (decreto 700/10).
Solicitamos a las Organizaciones Territoriales Indígenas, a las Organizaciones Sociales y Políticas que acompañan con lealtad, hermandad y respeto la lucha de los pueblos a enviar sus adhesiones en repudio a este avasallamiento de nuestros derechos.
Contactos:
– Cacique de la Comunidad de Las Pailas, Ismael Viveros. Cel: 03868-15455942
– Ambrosio Casimiro Cel: 0387-154046787 email: ambrokchi@hotmail.com
– Manrique Burgos Cel: 0387-154819993 email: Manrique_345@hotmail.com
– Foto: Alfredo Pais
– Notas relacionadas:
Crónica del día que los campesinos de Cachi empezaron a decir ¡basta!
http://www.salta21.com/Cronica-del-dia-que-los-campesinos.html
Desalojo violento: en Cachi los diaguitas no son okupas!
http://www.salta21.com/Desalojo-violento-en-Cachi-los.html
Desalojo: Faber desconoce derechos de la Comunidad diaguita de Las Pailas
Lo de la Jueza Mónica Faber no es sorpresa, aquí encaja lo del refran, de tal palo tal astila, es hija de un represor, que trabajaba en la Federal y era la tercera autoridad en el año 1976, (Leavi, Mosquera y Faber, que me dicen)hacía inteligencia en la Unsa señalando a los estudiantes militantes para una futura desaparición y muerte, le decían el Loco Faber . Fue el que puso la bomba y destruyó el Aula Magna. Así que lo de la hija Jueza es una miniatura. Pero no deja de ser muy grave, el avasallamiento de los verdaderos dueños de la tierra. Y el Gobierno?, ellos mandaron a desalojar y se hacen los giles. Se quieren quedar con todo.