A partir de una causa judicial sobre la actuación de la morgue durante la dictadura, la investigadora analiza el comportamiento de los jueces en ese período. Los lazos de amistad en la familia judicial. La naturalización de los crímenes de los militares.
“Mientras arriba (en los tribunales) rechazaban los hábeas corpus, abajo (en la morgue) ordenaban inhumar los cuerpos de los mismos que habían rechazado”, graficó una abogada en una de las entrevistas que María José Sarrabayrouse Oliveira * hizo para su investigación.
El libro Poder Judicial y Dictadura. El caso de la morgue es el resultado de su tesis de doctorado. Allí, a partir del análisis de una causa judicial concreta, la antropóloga aborda el comportamiento de los distintos actores judiciales durante el terrorismo de Estado y las relaciones que condicionaron sus prácticas. Además de hacer una pintura histórica, establece tres grupos entre los magistrados: los orgánicos, los independientes y los adaptados.
– ¿Cómo empieza la investigación?
– Es producto de mi tesis de doctorado. Mi tesis de licenciatura fue sobre la implementación de los juicios orales en la Justicia nacional. Una de las cosas que me llamó la atención mientras investigaba era que en distintos personajes del Poder Judicial surgía la idea de que “el Poder Judicial antes no era así”. Decían que había bajado mucho el nivel y planteaban que se debía al desembarco menemista. La acusación era que nombraban a gente que venía de afuera, que no eran los nyc (nacidos y criados). Empecé a ver que entre los que se suponía que valían, la gente de la familia judicial, muchos habían ingresado o hecho su carrera durante la dictadura. A partir de ahí se me presenta la idea de averiguar qué pasó con la Justicia durante la dictadura. Se cruzó en mi vida la causa de la morgue judicial, una denuncia del CELS a raíz de que por la morgue habían pasado desaparecidos sin la intervención de un juez competente y por orden de fuerzas militares. En la causa estaba involucrado el presidente de la Cámara del Crimen y por eso un montón de otros jueces se excusaron de intervenir (ver aparte).
– ¿Y qué encontró? ¿Cómo se puede caracterizar al comportamiento del Poder Judicial durante la dictadura?
– El accionar de la Justicia fue, en general, cómplice. También creo, y esto intento explicarlo a partir de tres grupos: los adaptados, los orgánicos y los independientes, que esta complicidad tuvo sus matices. Hubo distintas responsabilidades. Y hubo jueces y funcionarios judiciales que actuaron de forma independiente. Está el caso de Carlos Oliveri, que es quien termina llevando el caso de la morgue, que es un juez que produce la prueba por la desaparición de Norberto Gómez, que es lo que a su vez permite que se abra el caso de la morgue.
– Es decir que había grietas por donde avanzar, aun con limitaciones.
– Totalmente. Había cosas que te podían costar la vida, pero en este caso, por ejemplo, se dejó la prueba sobre un crimen asentada en un documento público y eso luego sirvió para un montón de cuestiones. Después, hubo claros colaboracionistas y, por otro lado, está ese gran mundo gris de los que corrían para un lado o para el otro… Creo que el Poder Judicial tiene mucho de eso, de “adaptación al medio”. En relación con los empleados, era gente que vivía de eso.
– Los médicos hicieron las autopsias que permitieron establecer que no hubo enfrentamientos sino que hubo asesinatos a quemarropa. ¿Fue un acto de independencia o producto no deseado de la burocracia?
– Es complicado. Si se leen los testimonios de los médicos en el expediente administrativo que hizo la Corte, en los testimonios de antes del 30 de octubre de 1983, ellos cuentan que hicieron su trabajo, sin mayores detalles. A posteriori, poco más que habían hecho la revolución. Ellos mismos decían “si no hubiese sido por nosotros que dejamos registro, esto no se hubiese sabido”. Es cierto. Lo que hicieron sirvió. Pero no sé si fue intencional. Yo creo que se curaron en salud. Dijeron “yo cumplo con mi tarea”.
– Durante la investigación de Oliveri se descubrió que hubo un acuerdo del presidente de la Cámara del Crimen con las autoridades militares.
– Tiene que ver con esa idea de que la dictadura creó un Poder Judicial. La dictadura lo que hizo fue montarse sobre una estructura preexistente y utilizarla en función de sus intereses. Para eso tuvo que echar gente, hacer desaparecer gente, meter en cana a otros, también es cierto. Lo que también tuvieron que hacer –y esto lo muestra el encuentro entre el presidente de la Cámara del Crimen Mario Pena y el coronel Roberto Roualdés– es negociar. Cuando en 1971 con el Camarón (la Cámara Federal en lo Penal) se arma un fuero antisubversivo, no tienen que ir a buscar a gente de afuera, lo integran con el riñón de la Justicia y son personas de renombre y con mucho poder. Cuando asume Cámpora y se deroga el Camarón, a sus miembros les dieron una jubilación anticipada. Y son los que vuelven en el ’76.
– Actualmente hay varias investigaciones sobre la complicidad de los jueces. ¿Cree que sigue operando la “familia judicial” o hubo una ruptura en los lazos de lealtad?
– Creo que la distancia ayuda a que se pueda investigar. Pero sigue siendo un tema difícil. Más allá de las amistades de un juez con otro hay algo corporativo, aunque hay muchos más críticos. En el caso en el que la complicidad fue desembozada, tal vez no hay problemas, pero cuando el tema no es tan obvio, hay problemas. Porque además, las lealtades no son entre personas, son entre grupos. Pertenecer a cierto grupo, cierto sector, el respeto que les tienen a ciertas personas en la academia. Sobre Pena, muchos de mis entrevistados decían “qué barbaridad el caso de la morgue”, pero “era un tipo muy afable, muy simpático, un hincha de River, muy querido en la facultad”. Creo que la familia judicial sigue operando.
– Surge del libro una especie de naturalización en la Justicia sobre lo que pasaba en la dictadura. Como si fuese normal que entrara gran cantidad de cadáveres jóvenes a la morgue, que no interviniera un juez, que los militares tomaran el control de lo que debía hacer la Justicia.
– Hay una cuestión que tiene que ver con cualquier institución, no sólo en la Justicia. Giddens habla de “conciencia práctica”, que es la forma en que uno funciona cotidianamente sin tener una reflexión absoluta sobre lo que hace. Pero que tengas una conciencia práctica no significa que no tengas una conciencia reflexiva: si te preguntan por qué hacés determinada cosa podés contestar. Creo que acá operaba la conciencia práctica, en un contexto de terror. Sabemos cuáles son las nuevas reglas y pensamos que en este estado de excepción éste es el funcionamiento. Y no había demasiados cuestionamientos. Es la lógica del “algo habrán hecho” y funciona como un justificativo, como el que ve que secuestran a su vecino. No es quien lo denuncia, pero mira para otro lado y se autojustifica. Creo que de eso hubo mucho de parte de los jueces. También es cierto que los jueces vieron un montón de cosas que no dicen. Había cosas que estaban por fuera de lo cotidiano y ellos optaron por naturalizar.
– Pero un juez no es como cualquier vecino, tiene otras responsabilidades.
– Claro. Y circulan por lugares diferentes, tienen acceso a información que otros no y tienen más poder que cualquier hijo de vecino. Entonces lo de “no me di cuenta, no sabía lo que estaba pasando” es relativo, pero sí se puede pensar en la naturalización en el sentido en que pensaban que ciertos valores estaban bien.
– ¿Y cómo ve ahora al Poder Judicial, siguen primando los adaptados?
– Creo que sí. Pero de cualquier manera hay un activismo judicial interesante. Hay figuras interesantes. Pero hay muchos adaptados.
– También se puede pensar que el Poder Judicial, como otras instituciones, es producto de su contexto histórico.
– Pero son muy producto, muy producto.
(*) María José Sarrabayrouse Oliveira, autora de Poder Judicial y Dictadura. El caso de la morgue.
– Por Victoria Ginzberg – Página 12
