La expropiación parcial de YPF constituye una gran iniciativa política, verificado en la amplísima votación favorable en el Parlamento argentino y en la consideración de la opinión pública.
Podría decirse, como sostuvimos hace poco, que el fin del consenso privatizador es un dato de la realidad, y un interrogante a futuro es sobre otras áreas estratégicas que en los 90´ fueron entregadas a la iniciativa privada. Algunas de las cuales son muy rentables, tal el caso de las telefónicas, y otras deficitarias, caso del transporte, especialmente ferroviario.
Incluso, más allá de la renta, debiera pesar a la hora de definir el carácter de una explotación, si privado, estatal, o “social”, la “utilidad para la comunidad” de esa producción o servicio. Un ejemplo es la actividad financiera, mayoritariamente privatizada y extranjerizada. Nuestro comentario apunta a pensar más allá de la recuperación de la gestión estatal de la principal petrolera en la Argentina y remite a un debate sobre el papel del Estado y de la sociedad en su conjunto en la gestión cotidiana de los asuntos económicos, o sea, discutir el porqué y el para qué; los cómo y los cuando de la producción y circulación de bienes y servicios.
Desde ayer lunes 7 de mayo de 2012 rige la nueva legislación, coincidente con una nueva gestión designada por el Poder Ejecutivo hasta la normalización vía asamblea de accionistas, la que además, definirá en el nuevo marco legal la política de la empresa, que como sabemos es “testigo” del sector de hidrocarburos y por ende clave a la hora de pensar la política energética y petrolera. El interrogante es entonces ¿petróleo para qué? A responder desde las consideraciones legales de una actividad de “interés público” y el “autoabastecimiento” proclamado en la legislación. Siendo el petróleo un insumo estratégico de la producción, conviene discutir el modelo productivo en curso, el sentido principal de la producción local, sus destinatarios y el patrón de consumo que favorece.
Nuestra reflexión apunta a considerar el sentido de la producción en la Argentina, lo que implica hablar y discutir sobre los distintos sectores productivos. ¿Qué se produce, cómo se lo hace y para quién se produce? Ello supone discutir la producción primaria, sea en agricultura, la ganadería o la minería; pero también la industria y la cadena de valor en la provisión de insumos industriales; tanto como en la construcción y especialmente en la energía. Para que se entienda, lo que se pretende discutir es si el modelo en el agro tiene que privilegiar la soja y el biocombustible, con destino principal en el mercado mundial, apoyado por precios internacionales muy favorables, o si esa producción tiene que involucrar el debate sobre población, territorio y defensa de los recursos naturales. Si el privilegio es la “soberanía alimentaria” como proyecto nacional, regional o mundial; o si lo que define es la apropiación de renta del suelo, aún en el caso de que mayoritariamente se apropie por el Estado nacional vía retenciones, o los municipios y provincias vía redistribución del fondo sojero.
Me detengo en el ejemplo de la soja por su extensión en el territorio e importancia en el cambio cultural que está generando, sea por la expansión de la frontera agrícola, por la subordinación al mercado mundial, por el despoblamiento del campo, o por sus efectos relativos a la salud por la fumigación. Claro que también podríamos hablar de la mega minería a cielo abierto y sus múltiples impactos económicos, sociales y culturales. En ambos casos existe un efecto riqueza que son los ingresos que se derraman por el circuito privado o el estatal (vía retenciones), procesos imponderables de evaluar en el mediano y largo plazo. No sería distinta la reflexión sobre la construcción, la producción energética o los procesos industriales. ¿Qué necesidad se debe resolver en la construcción? Por ahora, en la última década, el privilegio fue el resguardo de valor, la especulación o la transformación de activos líquidos en propiedades. Es cierto que existe vivienda social de reciente construcción, pero no es lo que define el boom inmobiliario de estos años. En el mismo sentido, ¿qué transporte, el público o el privado? ¿Se debe continuar el aliento al automotor, con 60/70 % de exportación e importación? Una u otra definición, en cada caso comentado supone una orientación de uso del petróleo extraído por YPF.
Existen quienes señalan que estos interrogantes solo pueden resolverse si la expropiación hubiese sido del 100%, o si se en lugar de mantener una S.A. se hubiese optado por una empresa estatal. La opción elegida parte de considerar que con el 51% y una gestión profesional bajo dirección de una política del Estado alcanza para resolver soberanamente. Lo que no está suficientemente discutido es cuál es esa definición política de matriz energética, del sentido de la producción petrolera y gasífera, del modelo productivo y de desarrollo de la Argentina, y en todo caso, de la inserción de esa política local en el escenario mundial. ¿Se trata de una inserción competitiva en el mercado mundial, buscando asociaciones con las transnacionales que definen el mercado, o se piensa en propuestas alternativas asociando la definición nacional en el marco de la integración regional?
Muchos interrogantes no pueden responderse en la coyuntura, y son pensados para habilitar un gran debate, pero convengamos, que esa discusión solo puede hacerse desde el gran consenso que supone la expropiación, aún parcial de YPF.
– Julio C. Gambina es Doctor en Ciencias Sociales de la UBA. Profesor de Economía Política en la U.N. de Rosario. Presidente de la Fisyp. Integrante del Comité Directivo de CLACSO.
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