Para la justicia no existe el hombre víctima de violencia familiar

Rubén Portocarrero denuncia: “la violencia no es patrimonio del hombre”. Se siente víctima de un sistema machista en el que se culpa al hombre fácilmente y en el que sólo basta la palabra de una mujer para condenar. Portocarrero reclama Imparcialidad. “Los hombres no denuncian la violencia familiar y si lo hacen, no son escuchados y enseguida se los apunta como delincuentes”- dice.

El profesor Rubén Portocarrero expresa que la cara visible del problema es la mujer pero no es el único caso. Los hombres están expuestos a la violencia familiar en donde se los castiga con no ver a sus hijos. Este es el caso del profesor, padre de una niña de 6 años a quien tiene prohibido visitar porque su madre declaró sentir temor de que él pueda hablar en su contra.

“Cuando una mujer te acusa de golpearla, pese a que lo haga para socavar y aunque no se compruebe, te miran como un delincuente desde el más pinche hasta el juez y ya estás condenado de antemano”- sostiene.

El profesor manifiesta: “ahora me puedo defender”. Cuenta que estuvo al borde del suicidio en dos oportunidades y que debió recurrir a psicólogos y psiquiatras. Está con cambios de funciones por problemas de fobia social. Se recupera de a poco, con voluntad y con ganas de ver a su hija y de recuperar sus bienes.

Relata que se «juntó» en 1999 con otra docente, militante de un partido político, madre de dos niños de otra pareja. Vivían en principio en barrio Santa Ana, en alquiler. Este barrio, según cuenta, fue propuesto por él para evitar que los hijos de su pareja queden solos, ya que su madre vivía en la zona. Notaba en la convivencia que su pareja abandonaba a los niños y se negaba a poner una niñera.

En el año 2000, Portocarrero tiene un problema con la ex pareja de su concubina, aludiendo este que no se había separado de ella, que mantenía amabas relaciones, lo que se contradecía con los dichos de la mujer, quien sostenía que se había separado ya y por malos tratos.

Posteriormente, en el 2001, compran a crédito una casa en calle Siria que les pertenece en un 50 % a cada uno y cuyo pago se completaría en el 2012. Esta casa tiene dos pisos y siete dormitorios por los que sobraba espacio para los hijos de su pareja y la hija en común, que aún albergaba en su vientre.

Por cercanía a sus respectivos trabajos, alquilan una casa en Barrio Intersindical donde concurren a vivir a partir del año 2003. A la par, alquilan la casa de calle Siria.

En el 2005, el 27 de octubre, Portocarrero realiza una exposición policial en la que deja constancia de abandono a su hija por parte de su madre. Ese mismo año, el 15 de abril, expone en la policía que desde febrero se ha disuelto el concubinato.

Por ese motivo decide ocupar el domicilio de calle Siria, que ya no sería dado en alquiler pero al llegar a la casa descubre que ha sido alquilado por su ex pareja.

En el año 2006, el profesor solicita un préstamo en Banco Nación y se compra una vivienda en el barrio Aráoz. En términos propios, comete el error de permitirle que se ella se aloje en la casa porque se había quedado sin vivienda. En su propia casa pudo vivir solamente un mes. El 18 de abril de 2006, Portocarrero concurre a exponer que su ex concubina estaba violenta e incurría en amenazas y queda detenido porque ella lo denuncia por violencia. Es detenido y puesto preso. El juez (Marinaro) le da dos opciones: quedarse preso o autoexcluirse. El profesor optó por autoexcluirse, por lo que debió dejar su casa. Los mandatos fueron: no ingresar a su casa ni ver a su hija.

A partir de allí y por otras denuncias de su ex pareja, le embargan el 30 % del sueldo lo que equivale a cerca de $ 1200 para la manutención de su hija; además de ello, no puede vivir en su propia casa, a la que debe pagar una cifra al Banco de $ 850 mensuales. Aclara que ya hace 5 meses que debe la cuota. La ex pareja, profesora en Ciencias Jurídicas quien dicta la cátedra de Derecho, recibe actualmente el pago del alquiler de la calle Siria, cuenta con el 30 % del sueldo por la niña en común y reside en la propiedad de Portocarrero.

Por tales motivos, el profesor reclama a la justicia ver a su hija y vivir en su casa, previo desalojo de su ex pareja, quien tiene la propiedad de Siria para vivir, según lo expresado anteriormente. El abogado de la mujer le reclama en el juicio: “¿Ud. va a desalojar a su hijita?” Además de ello, el abogado impone otro argumento; su defendida vive cerca de sus zonas laborales, cuestión que también es escuchada por el juez. Relata que en las audiencias, su ex pareja llegó a desmayarse y fue asistida por el SAMEC.

El profesor sostiene que su ex concubina le dijo que haría un escándalo mediático si la desalojan, en el caso que resulte favorable para él.

Tanto los hijos de su ex pareja como la pequeña hija en común, concurren a escuelas públicas. El profesor la denunció también por fraguar documentación, ya que la nena, su hija, va a un segundo grado y tiene 6 años. En otra oportunidad, denunció también que la profesora llevaba a su hijo a los cortes de ruta en Aunor, aunque tuvo problemas para ser tomada tal denuncia por no ser el padre del niño. Él argumenta que cumplió este rol y que le preocupa el estado de los tres niños, no solamente el de su hija natural. Portocarrero expresa que con su hija mayor, la profesora también fraguó documentos y la hizo ingresar antes a la escuela.

Rubén Portocarrero expresa que sus reclamos no son escuchados, sí los que van en su contra, tal es así, que la docente tiene- según nos relata- informes impecables de su situación y los jueces, en términos del profesor, la favorecen ampliamente y no dan lugar a su defensa ni a sus denuncias.

Una anécdota del caso es que el Juez le pregunta al docente si la Sra. es su esposa a lo que responde que «no», dado que no se han casado; le preguntan a ella si es la esposa y contesta que «sí»: entonces la respuesta es válida, ella es lo que dice ser.

“Algo no está bien en la sociedad”– expresa. También recurrió al SAVIC (Servicio de Asistencia a la Víctima). Otro juez que intervino en la causa, alegó que él como padre tiene derechos de ver a su hija, pero con mediación de terceros. Cuando Portocarrero se dirige a este lugar observa que hay juegos para niños, atención de personal especializado y piensa que esta vez podrá ver a su hija. Pero le contestan: “Ud. no es víctima”, se declaran no aptos para cumplir esta función y que esos juegos están para entretenimientos de los niños cuando sus madres van a denunciar mal trato y violencia familiar.

En el caso de la psicóloga, toda palabra que él exprese es tomada en tono grave. Por ejemplo, cuando el profesor se refirió a la maduración de su hija, y que esta no está en edad para cursar un segundo grado, expresó la frase “rigor científico” a los que la psicóloga en tono tremebundo le contestó: “¡cómo va usar el término rigor!”.

Según el contexto de la situación, el docente entiende que si el juez decidiera el desalojo, quedaría mal ante la sociedad dado que los hombres parecen no ser escuchados en casos de violencia familiar de la que considera ser parte. Para los jueces, en una pareja, sólo las mujeres reciben maltrato y son víctimas.

“Se la han agarrado conmigo”- dice. “Mi estado es de desesperación pero no cuenta para la justicia. Necesito y pido imparcialidad”. “¿Y si yo me hubiera suicidado? (silencio reflexivo) ¿Cuántos suicidios podrían evitarse si no existiera este prejuicio machista?”- concluye.