El miércoles pasado en horas de la noche, los integrantes de A.T.A.P. confirmaron a la Ministra Nora Giménez, la medida extrema que llevarían a cabo a partir del jueves 22 a solicitud del restablecimiento del Estado de Derecho. Ayer se produjeron novedades después de 16 años de espera. Una medida contundente despejó el camino de los empleados administrativos y su letargo de años de padecimientos, burocracia y persecución gremial.
La medida adoptada por los secretarios de A.T.A.P. (Asociación de Trabajadores de la Administración Pública Provincial y Municipal de Salta) Miguel Rojo, Eduardo Vargas y Sergio Ibarra, sacudió y preocupó al actual gobierno. En estos momentos en los que una revuelta es casi impensada a horas del arribo de la presidenta a Salta, la realización de una huelga de hambre ponía al descubierto las falencias de la justicia como resabio del gobierno anterior y la falta de resolución del actual.
Un giro se vislumbró ayer, en horas de la mañana cuando Jorgelina Montanari, de la Comisión Directiva de A.T.A.P., recibió un llamado telefónico a su celular, proveniente del abogado Matías Posadas, Secretario de la Función Pública Provincial. El funcionario fue con la intencionalidad de arreglar el caso Miguel Rojo y el de otros siete u ocho empleados administrativos que se encuentran en idéntica situación de desarraigo e inconstitucionalidad. Recordemos que Rojo fue separado de su cargo original en Rentas y enviado a Obras Públicas con un sueldo inferior, motivo por el cual denunció ante todas las instituciones pertinentes, la persecución gremial de la que viene siendo objeto.
Matías Posadas puso en aviso que se constituiría en Plaza 9 de julio para tratar allí los asuntos del caso Rojo y atender al petitorio hasta ese momento, ignorado por el gobierno. Tal es así, que reiteró el llmado al mediodía haciendo conocer la voluntad del gobernador, de proponer una solución.
Rojo, Ibarra y Vargas, se habían dispuesto ya en horas de la mañana para cumplir con la huelga de hambre. Atentos al llamado recibido por la Señora Montanari, respondieron con un impás y se manejaron con el inicio de la medida en forma “silenciosa”, por lo que guardaron todo tipo de cartel de protesta a los efectos de esperar la presencia de Posadas quien había prometido urgente respuesta. Se posicionaron en la Plaza 9 en actitud de vigilia.
Salta 21 estuvo allí desde las 15 hs. y vio que hasta ese momento, justo al frente del banco Macro, acompañaron la medida diversos compañeros de trabajo; y en el lugar se encontraban los tres miembros de A.T.A.P., además de Cristina Cobos y de Jorgelina Montanari, ambas de la Comisión Directiva del Gremio.
Agentes de la Custodia Presidencial arribados a Salta rondaron durante la siesta frente a la Catedral – en plenas refacciones- y fotografiaron a los grupos que allí se encontraban; asimismo, durante la presencia de los funcionarios en reunión con los huelguistas, numeroso personal policial se hallaban en las cercanías.
A las 16. 05 hs., en presencia de Vargas, Rojo, Ibarra, Montanari y Salta 21, (resguardados por la «Ley») llegaron el Dr. Matías Posadas, Secretario de la Función Pública, y el Lic. Gonzalo Quilodrán, Secretario de Relaciones Institucionales. En tono cordial, Posadas explicó que las órdenes del gobernador Juan Manuel Urtubey son de destrabar el conflicto: “Urtubey habló personalmente conmigo y me dijo que destrabemos, Miguel”- dijo. A los 5 minutos, horas 16.10, llamó el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Nicolás Juárez Campos, al celular de Gonzalo Quilodrán para hablar con Miguel Rojo.
El Secretario Gral. de A.T.A.P., M. Rojo, le aclaró a Juárez Campos que entiende la buena disposición del gobierno y la actitud del nuevo ministerio; señaló que lamentablemente los hechos habían obligado a realizar esta medida porque se había ampliado el paquete de reclamos sin respuestas.
Quilodrán dijo que el gobernador le pidió expresamente que concurriera para acompañar a Posadas en una vía de solución.
Posadas dijo a Rojo que volverá a Rentas, le aseguró que recuperará su antiguo cargo en la DGR y señaló: “si algunos funcionarios están en desacuerdo es problema de los funcionarios” y recalcó que Urtubey quiere que se arregle su situación lo antes posible.
Rojo abogó por sus compañeros, siete u ocho que están en situación semejante. Posadas explicó que verá esos casos y que volverán todos a sus trabajos. Dentro de este marco, se encuentran en consideración el caso de Beatriz Romero Lucero quien volvería a la DGR y el de Marina Guanca, por cesantía. El Secretario de la Función Pública también señaló que se acordará el pago del fondo retroactivo. Esto implica saldar años de deuda en conceptos de haberes por la diferencia de los cargos, que en el caso de Miguel Rojo, son inferiores a los que ganaba como empleado de rentas.
Posadas acordó con los presentes, firmar un Acta provisoria en horas de esta mañana sobre “lo aquí hablado” para lo cual los citó en su oficina (Secretaría de la Gobernación) a las 8, 15. Dejó expreso que esto se soluciona con un decreto y que hasta tanto, el Acta es una medida previa que garantiza la solución.
Miguel Rojo agradeció el gesto del gobierno y manifestó que su deseo es restablecer el estado de derecho.
Por su parte, la Sra. Montanari les manifestó a los funcionarios que esto es una buena señal del actual gobierno.
En diálogo con Salta 21, Rojo y Montanari dijeron que su preocupación es la Justicia dentro de la administración y el normal funcionamiento de las Instituciones republicanas. “Valoramos el gesto del gobierno”– dijeron con ánimos.
Anteriormente, los miembros de A.T.A.P., en representación de los trabajadores, habían realizado varias presentaciones y pedidos que no fueron escuchados. Un último petitorio fue elevado al gobernador con fecha 7 de mayo, que contiene nueve puntos y considera en cada caso el cumplimiento de las normas del Derecho interno, Convenios y decisiones de la O.I.T. y demás Tratados de los Derechos Humanos así como la plena vigencia de las leyes correspondientes (7.371/05, 24.714, etc.).
Nora Jiménez fue quien recibió el petitorio y manifestó que era de su incumbencia únicamente el Código de Descuento y que no era viable por la falta de personería gremial de A.T.A.P. Todo esto sin peso debido a que los Convenios de O.I.T. y demás Tratados están por encima de este cuestionamiento y son atendibles por Ley.
Miguel Rojo y Jorgelina Montanari se mostraron conformes con este giro de los hechos y suspendieron la huelga de hambre en forma inmediata. Montanari remarcó que esto terminaría con la persecución gremial que hubo durante el gobierno de Romero. A ella le iniciaron dos sumarios y una causa penal: “Todos nosotros padecimos persecución”– puntualizó.
Rojo concluyó: “después de 16 años esto apunta a una vuelta al Estado de Derecho”.
– Notas relacionadas:
http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/rojo3.html El Caso del sindicalista Miguel Rojo continúa en la más absoluta impunidad
http://www.salta21.com/spip.php?article773&var_mode=calcul Huelga de hambre de los gremialistas de A.T.A.P.
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