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domingo, noviembre 24, 2024

Fuegos de artificio y narcotráfico

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En Tucumán y Salta se ven caravanas de autos con cien personas armadas que pertenecen a organizaciones del narcotráfico.

La muy publicitada entrevista supuestamente reveladora que la revista Noticias hiciera al presidente de la Corte de Justicia de Argentina el Dr. Ricardo LORENZETTI, en la cual se hizo decir al funcionario judicial que reconocía haber hablado con el secretario legal y técnico de la Presidencia de la Nación el cordobés Carlos ZANNINI antes de resolver la constitucionalidad de la ley de medios, resultó un fiasco periodístico de grandes dimensiones.

Ante el comunicado oficial del más alto tribunal de la Nación que desmentía esa verdadera fábula periodística, el editor responsable –o irresponsable según se mire- Jorge FONTEVECCHIA pidió disculpas por lo que llamó un malentendido por error del entrevistador en el armado del texto final. Un verdadero bochorno editorial que dejó no sólo mal parado al empresario de medios, sino también, a los ya voceros oficiosos sin careta del grupo Clarín como la Dra. Elisa CARRIÓ, que a minutos de conocida la entrevista luego rectificada, anunció el pedido de juicio político al Dr. LORENZETTI, entre otras acusaciones escatológicas típicas del irregular estilo de hacer política de la Señora.

En medio de este sainete periodístico los llamados grandes diarios de Argentina (Clarin, La Nación, El Cronista Comercial, entre otros) repotenciaron con títulos en letras de molde y comenzaron a repicar lo que inmediatamente llamaron confesión escandalosa, y que luego de la rectificación de Perfil tuvieron que declararse en retirada para no continuar con el papelón, y pasaron rápidamente a hablar de las importantísimas novedades relativas a la invasión de caracoles gigantes en Corrientes, la separación de una modelo de un futbolista en Europa y del error de una novia china de pasar la noche de bodas con el padrino y no con el marido. Este es el llamado periodismo independiente.

Pero casi nadie advirtió lo que sí debería haber sido motivo de escándalo o por lo menos de atención periodística seria, la advertencia de la máxima autoridad judicial Argentina que expuso su preocupación de que en Tucumán y Salta se vean caravanas de autos con cien personas armadas que pertenecen a organizaciones del narcotráfico y que no se pueden controlar. A pesar del peso de semejante afirmación el autodenominado periodismo libre no acusó recibo. ¿Por qué será no?

Al mismo tiempo el gobernador de la Provincia de Salta reunido con el novel Ministro de Defensa Agustín ROSSI, que luego de sucesivos fracasos electorales fuera designado en el cargo sin antecedente alguno en el área en el mes de junio de 2013, expusieron que cada seis meses colocarán un radar en la frontera, como enésima demostración de los fuegos de artificio que cada vez que aparece una ejecución sospechosa en el límite con Bolivia se salen a mostrar, para que los votantes de las inminentes elecciones del próximo domingo crean que existe un compromiso político para combatir esa nefasta actividad. En el mismo acto protocolar se firmó un convenio para la futura creación de un jardín maternal, y aunque cueste creerlo ese fue el motivo del viaje del improvisado ministro.

En medio de todas estas desvergüenzas el Juez Federal de Orán que trabaja en medio del escabroso terreno donde se desarrolla la actividad del narcotráfico, sitio éste que el ministro ROSSI no conoce ni quiere aparentemente conocer, reclama a gritos que necesita mucho más personal que los dieciocho empleados con los que cuenta, que se requiere otro tribunal, una alcaidía para alojamiento de presos, logística, computadores, y móviles. En resumen necesita de todo porque tiene veinte mil causas a cargo y nadie lo escucha. El Secretario de Seguridad de la Nación el mediático Sergio BERNI fue a Orán recientemente, sobrevolando durante quince minutos en helicóptero el área de frontera y afirmó que todo estaba bien.

Las organizaciones para la actividad de narcotráfico y ligadas también a trata de personas, contrabando de divisas, armas y logística para la instalación de laboratorios y cocinas, cuentan objetivamente con mayores recursos que el propio Estado, y por eso andan en caravanas como Juan por su casa. Pero además de tener dinero y poder, y esto hay que decirlo con todas las letras, cuentan invariablemente con la complicidad del poder político. Los actos con ampulosos anuncios que luego nunca se cumplen, los planes de radarización postergados, los ridículos vuelos para la foto de BERNI y la inexistencia de juzgado federal en Tartagal, el retiro de la gendarmería de la frontera, y la mirada extraviada de todos los funcionarios de todos los poderes del Estado que miran para cualquier lado menos para donde está el problema, dan cuenta de ello.

Para muestra de la preocupación por no avanzar seriamente en el tema, basta con recordar que hace tres años la justicia salteña condenó a cuatro personas por el asesinato de la productora Liliana LEDESMA, y ordenó en su resolución final, que se investigara a los autores ideológicos de su muerte, que habían sido reiteradamente mencionados durante el juicio. Hasta la fecha no se ha escrito una sola foja para esa tarea, y el principal sospechoso actúa como dirigente oficialista en todas y cada una de las elecciones a la vista de todos, incluidos los jueces que deberían haberlo investigado, y otros de los acusados sigue detenido en Bolivia a la espera de un postergadísimo trámite de extradición que nunca termina.

Esta poderosa actividad delictiva tiene ramificaciones en la clase dominante, cuando no forma parte de ella. Y la clase económica dominante es la dueña del poder político en el que se sostiene elección tras elección, precisamente para no cambiar nada. Si realmente se tuviera empeño en combatir esta actividad se debería dotar a la justicia federal de más recursos, sancionar la ley de derribo para vuelos clandestinos, instalar radares de veinticuatro horas en la frontera y no en horario comercial diurno como hasta ahora, tener aviones en condiciones para interceptar, y fundamentalmente poner el poder judicial a trabajar en serio, con recursos y decisión política. Todo lo demás que se anuncia, se vocifera, y se difunde en vísperas de elecciones lo único que seguirá evidenciando es la silenciosa dejadez
cuando no complicidad, de simular con fuegos de artificio lo que en realidad no se quiere cambiar.

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