La justicia sin venda y un modelo perverso

Si el detenido hubiese tenido apellido criollo, hubiese vivido en una zona rural pobre, y no hubiese estado vinculado por el rugby a un sector social y deportivo influyente, no habría tenido prensa, y todavía estaría detenido y probablemente procesado.

El 29 de enero de 2014 al finalizar un partido de fútbol fue agredido salvajemente JOSÉ MARÍA GARCÍA, que en estado de cuadriplejía irreversible lucha por su vida en un instituto especializado de Buenos Aires.

El mediático personaje MARCELO TINELLI manifestó en los medios salteños cuando vino a ofrecer su ayuda a la familia de la víctima, que había recibido un llamado oficial para informarle que a la brevedad se operaría la detención del autor.

De esta manera, un tercero ajeno al Poder Judicial de Salta y a la causa, estaba más informado que los mismos funcionarios, en una muestra clara y patente del triste papel del gobierno, más preocupado en ofrecer salidas mágicas que en abordar soluciones para un problema social, y de paso quedar bien con un comunicador que influye sobre millones de argentinos idiotizados con un programa televisivo de dudosa calidad.

Al día siguiente se detuvo apresuradamente a MAURO PEROTTI, con la contundente prueba de que al momento de la agresión colectiva de una docena de inadaptados, uno de ellos mencionó su primer nombre.

Pero MAURO PEROTTI no reunía los requisitos para endilgarle de arriba un hecho como este: no es negro, no vive en una villa, ni en un asentamiento, y además juega al rugby en Gimnasia y Tiro. Para completar los elementos a su favor, su arbitraria detención fue detonante de otra batalla mediática librada por el diario de mayor circulación en Salta contra el oficialismo, y la publicidad del papelón tuvo su peso.

El mismo PEROTTI tuvo palabras más que acertadas sobre este punto, cuando al ser entrevistado para que relate su experiencia (El Tribuno 01/03/2014 Sección Policiales), manifestó que le preocupaba pensar cuántas personas podían estar en su misma situación. Para que la vergüenza del oficialismo sea completa, ambas familias –las del agredido y las del detenido sin causa alguna- marcharon juntas en la plaza principal de Salta reclamando justicia.

Por el estrépito público del tema, el sistema judicial actuó con una celeridad y una eficiencia pocas veces vista, y sólo en tres días estuvo resuelta la situación procesal del imputado, se hizo el reconocimiento en rueda de personas con resultado negativo, y se decidió su libertad.

Que esto suceda no debería ser noticia, pero lo es porque no en todos los casos se actúa de esta manera. Si el detenido hubiese tenido apellido criollo, hubiese vivido en una zona rural pobre, y no hubiese estado vinculado por el rugby a un sector social y deportivo influyente, no habría tenido prensa, y todavía estaría detenido y probablemente procesado.

No es la misma suerte de muchos ciudadanos de Salta que son clientes fijos del sistema penal, y para quienes basta la sola calificación de sospechoso que da la actuación policial para entrar en esa máquina de moler personas que es la Alcaidía Judicial y todo el engendro de juzgados, fiscalías y oficinas varias que con las reformas procesales sucesivas que nos rigen, operan como vulneradores diarios de garantías fundamentales.

Por citar un ejemplo, podemos recordar la detención de DANIEL VILTE LAXI y SANTOS VERA –morochos ellos, pobres, empleados rurales, sin prensa, y con supuestas pruebas de cargo aportadas por la policía- detenidos sólo por el testimonio de otro imputado, GUSTAVO LASI, a quien la prueba de ADN dio positiva.

Hasta el mismo padre de CASSANDRE BOUVIER, el señor Jean Michel BOUVIER, cuando vino a la inauguración de un monumento en la Quebrada de San Lorenzo, opinó que si el ADN no había dado positivo en relación a los detenidos, no habría pruebas científicas que avalaran su detención. El gobernador URTUBEY, en tanto, fijaba su mirada en la base del monolito queriendo que la tierra lo trague, y pensando en que acababa de premiar al personal policial que había intervenido en la tortura de los detenidos.

Un sistema judicial como el nuestro sirve al poder político-social-económico instalado en la Provincia, -el actual y los anteriores- para contener represiva y arbitrariamente a la clase pobre de Salta, que no goza de las ventajas de ciudadanos de clase media que cuando se ven involucrados en hechos policiales –con o sin causa- reciben un trato distinto.

Se discrimina por color de piel, lugar donde se habita, forma de vestirse, condición económica y por tener o no relaciones sociales, y todos los actores del sistema miran para otro lado como si esto no pasara.

Esta situación objetiva y perversa conviene al estado de cosas, se reprime a los que no tienen voz, y se lleva adelante una ficción de sociedad estable que no es tal. Este es el modelo al que el oficialismo –y los anteriores- llaman de inclusión y de justicia social, con una estructura represiva judicial que no tiene ninguna venda, y que está muy pero muy lejos de ser precisamente un ejemplo a seguir.