Entidades de defensa al consumidor se reunieron con Aranguren y expresaron posiciones dispares respecto al precio que debe tener el servicio
Las entidades de defensa de los consumidores tuvieron posiciones dispares respecto al cuadro tarifario del gas que propondrá el Gobierno en la audiencia pública de la próxima semana, ya que algunas consideraron que al incremento del 203% promedio como “excesivo” y otras lo tildaron de “razonable”.
Luego de la reunión que mantuvo el ministro de Energía, Juan José Aranguren, con representantes de las entidades de defensa del consumidor, Héctor Polino, de Consumidores Libres, sostuvo que el aumento de las tarifas no pueden “superar el 30 o 35%” porque eso “genera dificultades en los usuarios de la clase media y clase media baja, que no están comprendidos en la tarifa social”.
Por otra parte, Pedro Bussetti, de ADECUA, señaló que “cuanto menos se pague es mejor”, pero “si empezamos en el 1.000% (de aumento) y hoy estamos en el 200, uno puede decir que sí, que (el incremento) es razonable, pero hay que ver cómo impacta en el consumo de la gente”.
Polino sostuvo que “los aumentos tienen que ser razonables, equilibrados y graduales” y el 203% promedio que propone el Gobierno “sigue siendo excesivo, porque los aumentos que tuvieron los trabajadores en relación de dependencia y los jubilados no llega ese porcentaje”.
“Me parece que hoy todo aumento en las tarifas que supere el 30 o 35% crea una dificultad a gran parte de esa población, que no sólo tiene que pagar ese aumento sino también el del agua potable, la energía eléctrica, los medicamentos y los alimentos”, sostuvo.
Para Polino, “la reunión fue muy buena, con una exposición amplia y completa” por parte de Aranguren y señaló que “hemos hablado mucho sobre la tarifa social que creemos que hay que modificar algunas restricciones que existen, como que alguien que tenga un auto con menos de 15 años de antigüedad o una persona que tenga dos propiedades no puede acceder a ella”.
Sobre la audiencia pública, el titular de Consumidores Libres se mostró “optimista” porque “creo que va a imperar la racionalidad en la toma de las decisiones”.
Acerca del valor del gas en boca de pozo, Polino sostuvo que “me parece que los valores que se lanzaron” en la reunión y que no comentó “están por encima de la media mundial”.
“Eso va a ser motivo de discusión en la audiencia pública con las empresas petroleras”, agregó. En tanto, Bussetti expresó que “ahondamos en el tema de la tarifa social y la reunión nos sirvió para tener un panorama mucho más claro”.
Consultado acerca de si le parecía razonable el incremento promedio del 203% que propondrá el Gobierno, Bussetti señaló “siempre cuanto menos (se pague) es mejor”, pero “si tenemos en cuenta que empezamos con un 1000% (de incremento) y hoy estamos en el 200, uno puede decir que sí”.
“Lógicamente que después hay que tener en cuenta cómo impacta en el bolsillo de la gente, pero hoy por hoy un 200% suena razonable”.
Por su parte, al término del encuentro, Aranguren, ratificó que “en la audiencia pública” para discutir la suba de la tarifa «demostraremos la gradualidad y la racionalidad en la que pensamos avanzar en un esquema tarifario que hoy genera distorsión y es inequitativo e impide que el 40% de los argentinos no tiene acceso a la red de gas natural”.
Tras volver a admitir que no fue «claro” en la explicación de los aumentos tarifarios, lo que provocó amparos judiciales y un fallo de la Corte que obligó a la revisión del incremento, Aranguren precisó que en octubre “a los que menos consumo tienen les va a llegar (una factura de) $140 por mes, mientras que los que no tienen acceso y adquieren la garrafa pagan $300 y subsidian el consumo” de los que sí están conectados.
El ministro comentó que “en la segunda quincena de octubre” se realizará otra audiencia pública sobre la tarifa de gas para tratar “el tema del transporte y la distribución, como parte de una revisión integral para los próximo cinco años”.
En lo que respecta a los subsidios, indicó que el Gobierno «plantea reducirlos en tres años», salvo el caso de los usuarios de La Patagonia a los cuales se les reducirá ese beneficio “en seis años”.
Con el nuevo esquema tarifario, “los usuarios de menor consumo, que en abril iban a tener un aumento del 300%, tendrán en octubre un incremento del 237%”, señaló Aranguren, quien reiteró que el promedio de la suba de la tarifa de gas “será del 203%”.
Luego de especificar que el Gobierno “va a contemplar casos excepcionales” en donde se registre algún aumento muy superior al promedio, el titular de Energía puntualizó que “los subsidios tienen que ser bien dirigidos para aquellos que lo necesitan”.
“El subsidio que vamos a mantener es de la tarifa social, para apoyar a los más vulnerables” porque el propósito de la modificación tarifaria es ir incorporando a la red de gas natural a aquellos que no están conectados, porque “buscamos que haya gas para todos los argentinos”.
El funcionario, quien indicó que con el anterior esquema “la producción de gas cayó un 20% y las reservas un 50%”, admitió sus errores en la comunicación.
“No fui claro en explicitar de dónde partimos, hacia dónde queremos llegar y el mecanismo que proponemos para hacerlo”, señaló Aranguren.
De la reunión participaron por el Gobierno, además de Aranguren, uno de los coordinadores del Gabinete Económico, Gustavo Lopetegui, y el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), David Tezanos.
Entre las organizaciones de defensa del Consumidor, además de las que representan Polino y Bussetti, asistieron Sandra González, de ADECUA, Susana Andrada, del Centro de Educación al Consumidor, Osvaldo Bassano, de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, e Isabel Novosad, de Prevención, Asesoramiento y Defensa del Consumidor (PADEC).
Pymes, en alerta
La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) apeló la decisión de un juez de San Martín de rechazar un amparo presentado contra el tarifazo del gas e insistió con que se frene el aumento en los servicios públicos.
«En el día de la fecha, la CAME ha interpuesto recurso de apelación contra la Resolución del Dr. Oscar Alberto Papavero, juez a cargo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 1 de San Martín, por la que dispuso rechazar la acción de amparo deducida por CAME contra las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y ENERGAS que aumentaron el servicio público de gas», expresó la entidad en un comunicado.
CAME consideró que «su estatuto social le otorga las facultades necesarias para iniciar acciones de amparo en representación de las pequeñas y medianas empresas del comercio, la industria, la producción y el turismo».
«En consecuencia, resulta absurdo el fallo del juez por el que considera que estaríamos frente a un ‘universo de ignotos con fines dentro del cual estarían comprendidas un sinnúmero de micro, pequeñas y medianas empresas del comercio, la industria, el turismo y la producción'», añadió.
Y agregó: «Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se expidió respecto a la legalidad manifiesta de los aumentos tarifarios dispuestos por las resoluciones ministeriales cuestionadas, por lo que la Justicia debe tener en consideración tal antecedente del máximo tribunal para hacer extensiva esta nulidad a los usuarios pymes».
– iProfesional
