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Por Paula Español * y German Herrera **

Se cumplen diez años de las trágicas jornadas de diciembre de 2001 que marcaron el derrumbe de la convertibilidad.

El aniversario adquiere un significado especial, no sólo por las enormes diferencias que separan a aquella Argentina de la actual, sino también por el paralelismo frente a la grave situación que atraviesa hoy el mundo desarrollado y, en especial, las economías de la periferia europea atrapadas bajo la carga de una moneda que no controlan.

La convertibilidad fijó por ley en 1991 el tipo de cambio a una paridad inamovible de “uno a uno” con el dólar, lo que requería que la base monetaria doméstica estuviera respaldada por idéntica cantidad de divisas. Así la relación cambiaria y la oferta monetaria dejaban de ser instrumentos activos de política económica.

La convertibilidad, como “la tablita” de Martínez de Hoz en 1978, apostó al ancla cambiaria para frenar la inflación precedente. A diferencia de su antecesora, lo consiguió y logró impulsar la actividad económica durante varios años. Pero los problemas estructurales de la convertibilidad se evidenciaron desde el principio.

Una de las inconsistencias más claras fue la acumulación crónica de desequilibrios en cuenta corriente (saldo de la balanza comercial y servicios financieros). Todos los años de la convertibilidad acabaron con un déficit marcado, el cual promedió los 8800 millones de dólares.

A partir del cambio de modelo se pasó a un superávit sostenido promedio de 7000 millones de dólares al año. La “solución estratégica” para financiar el rojo de las cuentas externas pasó por privatizar activos públicos y endeudar progresivamente al país. También el mercado interno exponía serios desequilibrios. La creciente desocupación, junto con la contracción de parte de la industria, revelaban una transformación regresiva del tejido productivo, con destrucción de empleo, de empresas y de encadenamientos sectoriales.

En la etapa recesiva de la convertibilidad se agudizaron sus inconsistencias. Además de la pérdida de la política cambiaria y monetaria, herramientas clave de intervención contracíclica, el Estado vio cercenada su capacidad de hacer política fiscal, en gran medida debido al masivo desfinanciamiento que ocasionó la reforma previsional de las AFJP.

En este contexto, la búsqueda del sostenimiento a cualquier precio del esquema macroeconómico y cambiario vigente relegaba, o en realidad suprimía, el debate central sobre la necesidad de apuntalar una estructura productiva dinámica, competitiva y diversificada, que hiciera viable la generación de empleo, el abastecimiento del mercado interno con producción nacional y el alejamiento de la restricción externa fruto del incremento de sus exportaciones.

Lejos de todo ello, la convertibilidad forzaba un sometimiento regresivo de la estructura productiva doméstica a las inconsistencias financieras y macroeconómicas del modelo.

Cuando finalmente se cerraron las fuentes de endeudamiento externo e interno, la nueva “solución” consistió en profundizar el ajuste: rebaja del 13 por ciento a jubilados y empleados públicos, ley de déficit cero.

Esto fue presentado por los mentores y defensores del modelo como la única alternativa posible. Los recortes y el ajuste deflacionario –decían– mejorarían la competitividad y las expectativas del mercado.

Esta causalidad descabellada es la que guía todavía hoy a los partidarios del paradigma económico ortodoxo, tal como se observa actualmente en Europa.

La evidencia histórica se empeña en mostrar lo contrario: las políticas de ajuste en contextos recesivos sólo constituyen una apuesta cortoplacista a favor del acreedor que no resulta sostenible en el tiempo porque, lejos de conseguir que la economía retome el crecimiento, condenan a los países y a sus pueblos a una trayectoria de lenta agonía. En el caso argentino, esa agonía desembocó en la peor crisis económica, política y social de sus doscientos años de historia.

Las variables que dan cuenta de dicha crisis exhiben un panorama semejante al de un país que ha enfrentado y perdido un conflicto bélico.

Vale recordar parte de aquella imagen: un sistema productivo paralizado (50 por ciento de capacidad ociosa en la industria), unos seis millones de desocupados y subocupados, y el 55 por ciento de los argentinos bajo el umbral de pobreza. Asimismo, y mirando hacia adelante, la Argentina sufría el peso de una deuda pública sin precedentes y absolutamente incompatible con un escenario potencial de crecimiento. Fue la postura que sostuvo Néstor Kirchner frente los acreedores ni bien asumió la presidencia en 2003 –como recordó la Presidenta en su reciente discurso de asunción–, y así llevó adelante una renegociación de la deuda sin precedentes.

Hoy parece lejano aquel trágico diciembre de 2001.

La Argentina exhibe desde entonces un nivel de transformación tan notable que –aun siendo conscientes de los desafíos que hoy se enfrentan– no resulta exagerado sostener que estamos en un país distinto.

Ese país recuperó y legitimó el rol del Estado en el proceso de desarrollo y demostró –en contraposición al discurso dominante– que su presencia activa no resulta en absoluto incompatible con la expansión de la actividad económica privada. A su vez, ese Estado conquistó equilibrios macroeconómicos centrales que permitieron disponer políticas estructurales de inclusión social que, además de mejorar sustancialmente la equidad, apuntalaron el mercado interno y retroalimentaron el crecimiento macroeconómico.

Sin embargo, es imposible desconocer lo que sucede en los países centrales. La gestión de la crisis que atraviesa el mundo desarrollado –y en particular Europa– revela que la visión económica ortodoxa, apoyada en los mismos preceptos neoliberales que guiaron a la Argentina hacia el desastre, sigue gozando de buena salud. Representa, por tanto, un desafío ineludible consolidar lo transitado hasta aquí y profundizar los cambios, en contraposición a las viejas recetas que han demostrado en la Argentina –y lo hacen hoy en otros sitios– su incapacidad para alentar un sendero sustentable de crecimiento con inclusión social

* Docente UBA y vicepresidenta de AEDA.

** Docente UNQ y economista de AEDA.

– Página 12

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