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jueves, septiembre 24, 2020

Ahora sí, papel para todos con la nueva Ley aprobada

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El Senado Nacional aprobó una ley fundamental para fortalecer la libertad de expresión en la prensa escrita. El proyecto, que había recibido media sanción de Diputados la semana pasada, fue aprobado por 41 votos a favor, 26 en contra y una abstención.

Después de 18 meses de espera en el Congreso, cuando el jueves a la tarde el Senado aprobó la ley que declara de interés público la producción, distribución y comercialización del papel de diario, se dio un paso histórico para afianzar la libertad de expresión en la Argentina.

La ley pone fin, también, a más de 35 años de ventaja competitiva de los diarios propietarios de la mayoría del paquete accionario de la empresa, Claríny La Nación, que hasta ahora podían regular a su antojo la producción del insumo, comprar todo el papel que necesitaran a un precio diferencial sensiblemente menor al que imponían a los otros días y decidir a quiénes les vendían y a quiénes no. Estas ventajas –producto de un pacto secreto de sindicación entre los dos diarios que recién tomó estado público el año pasado– le permitieron a los accionistas privados, fundamentalmente a Clarín, obtener de manera desleal una posición dominante en el mercado, afectando la libertad de expresión.

Con la norma, Papel Prensa deberá vender el papel al mismo precio a todos los diarios, incluidos Clarín y La Nación, producir al máximo de su capacidad para abastecer la demanda del mercado interno y, en caso de que su producción sea inferior a las necesidades del mercado local, realizar las inversiones necesarias para para aumentarla. En caso de no hacerlas, podrá hacerlas el Estado –accionista minoritario de Papel Prensa– que podría, así, aumentar su participación accionaria en la empresa. El precio será controlado por una Comisión Bicameral, integrada por 8 diputados y 8 senadores, que recibirá diariamente de parte de la empresa información sobre su stock total y disponible.

La Ley también dispone la creación de una Comisión Federal Asesora, que estará integrada por un representante de los diarios de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, excluyendo a los diarios que participen directa o indirectamente en la producción de papel, y representantes de las asociaciones de consumidores. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía, que deberá garantizar la producción nacional en todas las etapas de la actividad, dictar normas complementarias, promover en los tribunales las acciones que tiendan a asegurar el cumplimiento del marco regulatorio y establecer normas de calidad.

La apropiación. Entre los fundamentos del proyecto que aprobó el Senado se incluyó el informe “Papel Prensa. La Verdad”, elaborado por la Secretaría de Comercio Interior, donde se estableció que, durante la última dictadura, Clarín, La Nación y La Razón se apropiaron de las acciones de la compañía –propiedad del Grupo Graiver– de manera coercitiva y utilizando las herramientas del terrorismo de Estado.

Precisamente, la causa que investiga la comisión de delitos de lesa humanidad para consumar esta apropiación pasó hace pocos días al juzgado federal de Julián Ercolini, luego de permanecer paralizada durante meses por un conflicto de competencias entre los jueces Daniel Rafecas y Arnaldo Corazza. Esta semana, la querella del Estado, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, aportó dos nuevas pruebas: se trata de otros tantos documentos, ahora desclasificados, del Departamento de Estado norteamericano. En uno de ellos, referido a la “libertad de expresión”, se señala que la Junta Militar y los tres diarios apropiadores acordaron una política de aplicación de fuertes impuestos a la importación de papel de diario para obligar a los medios pequeños a comprarle a Papel Prensa a un precio superior. En el otro, se explica cómo Clarín, La Nación y La Razón fueron beneficiados por la dictadura al comprar la empresa “a precios extraordinarios”. Miradas al Sur ha publicado durante los últimos dos años una investigación que demuestra cómo el Grupo Graiver debió desprenderse de las acciones de Papel Prensa bajo amenaza y a precio vil.

Junto con la presentación de estas nuevas pruebas, la querella del Estado solicitó a Ercolini que tome declaración indagatoria a los civiles y militares imputados en la investigación: la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble; el CEO del Grupo, Héctor Magnetto; el ex director de La Nación Bartolomé Mitre; los ex directivos de La Razón, Marcos, Sergio y Hugo Peralta Ramos; el ex secretario de redacción de Clarín Reinaldo Bandini; el dictador Jorge Videla, el ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, y el ex secretario de Industria de Videla, Raymundo Podestá.

– Miradas al Sur

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