Desde Andhes condenaron enérgicamente la represión llevada a cabo por las fuerzas policiales en el marco de la manifestación del 24 de Agosto, en Tucumán. Asimismo consideraron que estos hechos “responden a una escalada de violencia institucional que demuestra la falta de voluntad política del gobierno provincial de enmarcar la tarea de las fuerzas de seguridad en el pleno e irrestricto respeto de los derechos humanos. Por último, exige sanciones para los responsables políticos de la represión como de los ejecutores de la misma”.
Desde la organización afirmaron que “la actuación de las fuerzas de seguridad fue claramente excesiva, irracional y violatoria de derechos fundamentales”. Concretamente, destacaron que “las fuerzas de seguridad no actuaron conforme con estándares mínimos que regulan el accionar de las fuerzas policiales en el contexto de manifestaciones públicas. Estos estándares se encuentran contenidos por resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación que establece un paradigma democrático del uso de la fuerza pública, y que fue suscripto por la provincia mediante un convenio marco dentro del Programa Federal de Asistencia y Colaboración por la Seguridad. La falta de diálogo disuasivo por parte de las fuerzas policiales, la presencia de personal policial de civil y no identificable, el uso desmedido de balas de goma, de gases lacrimógenos, y la intervención abusiva de la policía montada, entre otras cuestiones observadas en este hecho, contradicen claramente este nuevo paradigma”.
Desde el Área de Seguridad y DDHH de andhes manifestaron que este hecho “debe ser entendido como parte de una escalada de violencia institucional en la provincia. Lamentablemente en Tucumán el uso abusivo de la fuerza de seguridad es un patrón que se repite en diferentes ámbitos, y que denota la necesidad de una reforma integral de la política de seguridad. En la actualidad, es inadmisible la existencia de recurrentes maltratos carcelarios, detenciones ilegales por contravenciones, hacinamiento y apremios ilegales en comisarías, armados de causas judiciales, y hechos represivos en contexto de protesta social”.
En relación al reciente hecho represivo sucedido en Tucumán, desde la organización de DDHH, remarcaron que “el gobierno provincial debe informar sobre quiénes tomaron la decisión de reprimir ilegalmente a los fines de que los funcionarios civiles y de las fuerzas de seguridad reciban sanciones correspondientes. Es importante que las autoridades asuman la responsabilidad del hecho, y rindan cuentas de su accionar ilegítimo”.
Finalmente, desde andhes insistieron que la reforma integral de la política pública de seguridad debería implicar, entre otras medidas “el diseño de programas concretos en repuesta a problemáticas específicas vinculadas al delito; la redefinición del modelo institucional policial (vertical, reactivo y represivo) en sintonía con un estado democrático, junto con la reforma curricular y el modelo pedagógico utilizado en la formación policial; la creación de oficinas internas de control civil del desempeño de la tarea policial; el estudio sistemático y confiable de estadísticas para el diseño, revisión y rediseño de políticas públicas; la articulación de la institución policial con otras agencias del estado; la reforma de la Ley de Contravenciones Policiales; la reforma de la Ley Organica de la Policía y la creación de la comisión local para la Prevencion de la Tortura”.
