En el día en el que se cumplieron 35 años de la llegada de la más sangrienta dictadura cívico-militar, la Asociación de Periodistas de Salta, se constituyó en querellante en la causa en la que se investiga el secuestro y homicidio del periodista Héctor Luciano Jaime, cometidos en febrero de 1975, en el marco de la represión ilegal que se inició en el país aún antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
La causa, caratulada “Guil, Joaquín y otro s/privación ilegítima de la libertad y homicidio cometido en perjuicio de Luciano Jaime y otros”, está radicada en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo del juez Julio Leonardo Bavio. La constitución de querellante de APeS se hizo con la intención de aportar pruebas al proceso con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de este hecho que afecta directamente a la comunidad de trabajadores de prensa de Salta y del país.
Jaime fue secuestrado la noche del 12 de febrero de 1975, a la salida de su trabajo, en el diario El Intransigente, luego de que publicara una serie de notas sobre el asesinato del militante peronista y dirigente sindical Eduardo Fronda, cometidos en enero de 1975. Su cuerpo, explotado, apareció en el paraje El Encón Chico, en jurisdicción del departamento Campo Quijano.
Compañeros de trabajo y allegados refirieron que Luciano Jaime había recibido amenazas. En la causa consta la declaración de Sylvia Troyano, socia de APeS, y que fuera compañera de trabajo de Luciano Jaime, quien afirma que el periodista había sindicado a Joaquín Guil como autor de estas amenazas.
Se estima que Luciano Jaime fue asesinado la misma noche del 12 de febrero, aunque sus restos fueron encontrados recién el 15 de febrero, en El Encón Chico. Las primeras crónicas del suceso, publicadas por El Intransigente, detallan que fue baleado y explotado.
El diciembre pasado, el juez Bavio dictó la falta de mérito a favor de quien durante la dictadura fuera director de Seguridad de la policía salteña, Joaquín Guil, el principal imputado en la causa, pero la medida fue apelada por el fiscal Ricardo Toranzos, por lo que la causa está ahora en la Cámara Federal de Apelaciones.
APeS considera que el esclarecimiento de este crimen, y el juicio a quienes fueron responsables de él, es un acto de justicia que vendrá a fortalecer el sistema democrático y las libertades y derechos civiles.
Teniendo presente que cada vez que se ataca a la prensa y a los periodistas se afectan otros derechos colectivos, como la libertad de expresión y el derecho a recibir información veraz y oportuna, APeS entiende que es su obligación colaborar y exigir justicia para Luciano Jaime, quien dio muestras de un ejercicio del periodismo responsable y comprometido hasta las últimas consecuencias.
– Elena Corvalán
Presidenta
– Andrés Gauffín
Secretario
