ATAP apoya a ATE en su reclamo de recomposición salarial

La Asociación de Trabajadores de la Administración Pública Provincial y Municipal de Salta (ATAP), no sólo que se solidariza con el planteo actual de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), sino que se compromete ha fortalecer los legítimos reclamos de una recomposición salarial por el desfasaje que existe con respecto a la canasta familiar real, y otros, para que esos derechos del trabajo que son hechos presentes y concretos, no supuestos o futuros, sean eficaces y oportunos, no letras muertas.

En rigor, la ATAP propone que la petición, entre otros, debe consistir en:

– 1) Que la recomposición salarial tenga como base legal el salario mínimo vital y móvil (SMVM) establecido por el Consejo Nacional del Empleo del Salario Mínimo de $ 1.740 a partir de agosto del corriente y $ 1.840 a partir de enero de 2.011 y garantizado expresamente por el derecho constitucional del Art. 14º bis de la Constitución Nacional.

Mínimo: Significa que es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia por su jornada laboral.
Vital: Quiere decir que debe asegurarle al trabajador la satisfacción de sus necesidades básicas, esto es alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y cobertura previsional.

Móvil: Implica que debe ajustarse periódicamente de acuerdo a las variaciones del costo de la vida.

– 2) Que las Asignaciones Familiares por hijo se equiparen con el monto de la Asignación Universal por hijo de $ 220 implementada a nivel Nacional.

– 3) Que se respete y aplique literalmente el concepto de remuneración (no conceptos irregulares de no remunerativos) según el Art. 6º de la Ley Nº 24.241 del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones que ordena: “Se considera remuneración, a los fines del SIJP, todo ingreso que percibiere el afiliado en dinero o en especie susceptible de apreciación pecuniaria, en retribución o compensación o con motivo de su actividad personal, en concepto de sueldo, sueldo anual complementario, salario, honorarios, comisiones, participación en las ganancias, habilitación, propinas, gratificaciones y suplementos adicionales que tengan el carácter de habituales y regulares, viáticos y gastos de representación, excepto en la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes, y toda otra retribución, cualquiera fuere la denominación que se le asigne, percibida por servicios ordinarios o prestados en relación de dependencia”.

Así, en este escenario de años de una constante violación y represión (como la del día 17/09/10 en la entrada principal de la DGR) de los derechos y garantías e impunidad de los funcionarios públicos (que son ciudadanos con funciones públicas, no son el Estado, el Estado somos todos) con respecto a los trabajadores públicos, de un significativo contraste entre un sistema constitucional y legal establecido (Art. 14º bis de la Constitución Nacional, Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, etc.) de protección de los derechos laborales y civiles y una realidad totalmente distinta, inversa e indefensa, donde se ha construido o se pretende un “modelo” de trabajador: sumisos, desalentados, indiferentes, obedientes a renunciar implícitamente el derecho del trabajo e incluso explícitamente, donde la incapacidad de reclamación se ha instalado profundamente y donde la justicia, como Órgano Institucional en este sistema republicano, es virtualmente un apéndice connivente del gobernante de turno, para acentuar la vigente precarización y pauperización laboral. LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES RECONOCIDOS SE EJERCEN.

– Sergio Martín Zamboni y Miguel Hugo Rojo (Miembros de ATAP)