En el día de ayer la Sala III de la Cámara de Casación Penal de la Nación, con el voto mayoritario de los jueces de cámara Eduardo R. Riggi y Liliana Catucci, y el voto en minoría con una disidencia parcial de la Dra. Ana María Figueroa resolvió que 34 de los 37 ex militares y policías condenados por masivos delitos de lesa humanidad en la MEGACAUSA Arsenales II-Jefatura II, vuelvan a prisión domiciliaria, cesando así la imposición de cárcel común resuelta por el TOFC de Tucumán.
Este proceso, fue el más grande del NOA Argentino realizado hasta el momento. Allí se debatió la responsabilidad de 41 personas acusadas de múltiples homicidios calificados, privaciones ilegitimas de la libertad, torturas y abusos sexuales cometidos en dos de los CCD más grandes de Tucumán. En uno de estos, «Arsenales» partir del impulso dado por las organizaciones de DDHH de Tucumán y los familiares querellantes en la causa, se encontraron las fosas comunes donde fueron inhumados clandestinamente los desparecidos, luego de ser ejecutados.
Con total displicencia, estos jueces, resolvieron «restablecer el status quo del que gozaban los encausados antes del debate oral y público», es decir, permitir que los 37 acusados vuelvan a sus casas a gozar de privilegios que la mayoría de los encausados y condenados por delitos comunes, no tienen. Por la decisión de la Sala III, los genocidas están otra vez en las calles, entre nosotros. Estos jueces no se detuvieron ni un segundo a pensar en la seguridad de los cientos de testigos que declararon en contra de los imputados, ni por su seguridad, ni por su integridad psicológica, al saber que sus captores, sus torturadores están nuevamente libres. Fueron enviados a sus domicilios particulares, en prisiones domiciliarias que el Servicio Penitenciario Federal bajo ningún punto de vista está en condiciones de controlar de manera efectiva.
El primer paso para la impunidad lo dio la mayoría del Tribunal Oral de Tucumán (integrada por los Jueces Gabriel Casas y Carlos E. Jimenez Montilla), quienes absolvieron a 4 imputados en la sentencia definitiva de la megacausa y e impusieron bajos montos de penas en contra de quienes resultaron condenados por múltiples homicidios agravados y desapariciones forzadas en el marco del terrorismo de estado. Este pacto de la justicia con la impunidad, es refrendando por la Sala III de la CNCP, con lo resuelto en el día de ayer en tanto restituye el «status quo» a los condenados mientras que prolonga por tiempo indefinido la confirmación de la condena dictada en diciembre de 2013.
La decisión que aquí cuestionamos no hace más que dejar en claro que las estructuras del poder represivo mantienen su vigencia e influencia en los despachos judiciales algo que por otra parte quedó a todas luces claro con la suspensión del debate oral y público que debe realizarse en contra del ex juez federal Manlio Torcuato Martínez, acusado de múltiples delitos de lesa humanidad, y de haber brindado una colaboración decisiva para garantizar la impunidad de los perpetradores del terrorismo de estado.
LOS NÚMEROS DE LA MEGACAUSA Y LA BURLA DE LA CÁMARA DE CASACIÓN
40 AÑOS ESPERANDO JUSTICIA
13 MESES DE DEBATE ORAL Y PÚBLICO
212 víctimas
41 imputados
400 TESTIGOS ORALES
400 TESTIGOS INCORPORADOS POR LECTURA
150 LEGAJOS DE CONADEP
10.000 FOJAS
37 CONDENAS, 4 A PRISIÓN PERPETUA.
Creemos en la justicia, construimos justicia, luchamos toda la vida para sacar luz la verdad y hacer justicia por las aberraciones del estado terroristas de ayer. Hoy en esta democracia por la que hemos luchado desde siempre, repudiamos enérgicamente la decisión injusta y facilista de una justicia que sigue apostando al punto final biológico de los genocidas para resolver la pesada carga de su trabajo.
– ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS DE TUCUMÁN:
H.I.J.O.S. Tucumán
Fundación Memorias e Identidad del Tucumán
ANDHES
Asociación ex Presos Políticos de Tucumán
APDH Tucumán
FADETUC
Madres de Plaza de Mayo
