Siendo inconstitucional la declaración de ilegalidad, la multa es nula de toda nulidad.
Señor Gobernador de la Provincia de Salta
Dr. JUAN MANUEL URTUBEY
Nos dirigimos a Usted en nombre de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Salta, a fin de solicitarle ordene la inmediata suspensión de la acción judicial que la Provincia ha iniciado contra nuestro Sindicato persiguiendo el cobro de una multa ilegal.
Queremos poner en su conocimiento que un eventual embargo o ejecución sobre los bienes de la UTA constituye una flagrante violación de la Libertad Sindical dado que nuestros bienes están al servicio de la acción sindical y de la defensa de los derechos de los trabajadores del transporte automotor.
Nuestros afiliados resultarán gravemente afectados por cualquier medida de embargo o ejecución que recaiga sobre el patrimonio sindical. En especial, impedirá el funcionamiento de la Farmacia Sindical que facilita a los trabajadores el acceso a los medicamentos.
Señor Gobernador: El Poder Ejecutivo debería saber que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que la Administración carece de potestad para declarar ilegal una huelga; una competencia que un Estado democrático debe atribuir a un ente independiente. Por tanto, siendo inconstitucional la declaración de ilegalidad, la multa es nula de toda nulidad.
Advierta usted que a la hora de fijar la abusiva multa, el Ministerio de Trabajo se atuvo a un informe de la patronal acerca del número de seguidores de la huelga declarada por nuestra organización. Vale decir, delegó en la patronal el poder de fijar la cuantía de la multa, sin habernos brindado la oportunidad de impugnar el dato de una recalcitrante empresa del Estado (SAETA) que se niega a reconocer los derechos de los trabajadores consagrados en el vigente Convenio Colectivo de Trabajo.
El Ministerio de Trabajo tramitó con una celeridad digna de mejor causa el expediente abierto a raíz del conflicto colectivo que la UTA mantiene con SAETA. En todo su transcurso obvió la imparcialidad, rechazó prácticamente in-límine nuestros recursos administrativos, y está ahora empecinado en “dar una lección” al movimiento obrero salteño (no solo a la UTA).
La autoridad administrativa, amparándose en una norma inconstitucional que obliga a depositar el 20% de la multa, pretende negar nuestro derecho a acceder a la revisión judicial de la multa. En este caso, el requisito de pago previo se pone al servicio de una maniobra que apunta a cercenar nuestros derechos sindicales.
Tenga la seguridad el Señor Gobernador de la Provincia, que la Unión Tranviarios Automotor, fiel a su historia, sabrá defender los derechos de los trabajadores.
Oscar S. Cruz
SECRETARIO GENERAL
U.T.A. Secc. Salta
Carta abierta de UTA al gobernador de Salta
El disciplinamiento de los trabajadores del estado a sido la constante del gobierno de urtubey. Con los Docentes obro de igual pero en ese caso tuvo la complicidad de la dirigencia entreguista de la intergremial.