La ADC constató que en las elecciones del 27 de octubre el 45% de las personas procesadas detenidas no pudo votar en los complejos penitenciarios del ámbito metropolitano por falta de DNI. Esta falta se debe principalmente a demoras en la renovación de este documento. Las cifras surgen del monitoreo que la ADC realizó en las cárceles.
(Buenos Aires, 30 de octubre de 2013) – Más de 850 personas procesadas detenidas pudieron votar el 27 de octubre por los diputados y senadores nacionales, desde las urnas establecidas en los complejos penitenciarios federales del ámbito metropolitano, según relevó la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) como observadora electoral inscripta en el Registro de Entidades de Acompañamiento Cívico de la Cámara Nacional Electoral.
La ADC constató que, sin embargo, muchas personas tuvieron dificultades para votar por falta de documentación . Sobre un padrón de 2064 personas detenidas y empadronadas, 1044 no tenían su documento nacional de identidad (DNI) por estar en trámite ante el Registro Nacional de las Personas, extraviado, en su domicilio, o en el juzgado donde tramita su causa.
La falta de DNI de las y los electores privados de libertad por razones imputables a organismos públicos es una causal grave para negar el derecho al voto , considerando que el Estado es garante de la situación de las personas detenidas, de su identificación y de la renovación de sus documentos.
Por otra parte, la tasa de participación de las personas empadronadas y habilitadas para votar en el ámbito metropolitano es superior a la media de las personas en libertad . Mientras que el 77,8% de los electores de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires concurrieron a las urnas, más del 87% de los electores privados de libertad y con DNI decidieron votar.
La votación se realizó por boleta única, donde cada persona pudo votar por los candidatos a diputados y senadores nacionales de la provincia de su último domicilio.
El informe final de la ADC será presentado a fines de noviembre ante la Cámara Nacional Electoral, por su rol de acompañante cívico enfocado en la población detenida sin condena firme.
Esta es una de las actividades que la Asociación por los Derechos Civiles está realizando en materia de prisión preventiva y condiciones de detención, así como la promoción del derecho al voto de las personas privadas de libertad. Al respecto, el último avance logrado por ADC fue el fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño que habilita a las personas condenadas a votar en elecciones porteñas.
– ADC
