Directivos y editores de diarios asociados a ADEPA expusieron en la última asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre la política que impulsa el Gobierno argentino para tratar de condicionar o acallar a medios y periodistas independientes.
Durante la reunión de cuatro días en Bridgetown, capital de la caribeña isla de Barbados, nuestro país estuvo representado por Norberto Frigerio (La Nación); Martín Etchevers, Marcela Noble Herrera y Saturnino Herrero Mitjans (Clarín); Leonor Etchevehere (El Diario, de Paraná); Raúl Kraiselburd (El Día, La Plata); Jorge Fascetto (Diario Popular) y Raúl Olmos (Crónica).
Las exposiciones sobre la Argentina se reflejaron en la respectiva resolución de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la entidad continental (ver texto completo en http://bit.ly/1rjXxxd).
En ese documento, la SIP critica al Gobierno argentino por perseguir a medios y periodistas no alineados con el relato oficial, por la distribución arbitraria de la pauta publicitaria estatal (unos 120 millones de dólares solo en el primer semestre del año pasado), por la aplicación selectiva de la llamada ley de medios y por desconocer fallos judiciales en favor de la libertad de prensa.
“La persecución que desde hace 10 años lleva adelante el Gobierno argentino contra periodistas y medios independientes quedó nuevamente de manifiesto mediante la flagrante discriminación de la pauta publicitaria oficial a favor de medios afines, a la vez que las autoridades siguen desconociendo fallos judiciales que condenan ese uso”, se destaca en el primer párrafo.
Luego precisa que “el clima (en la Argentina) para el ejercicio del periodismo sigue siendo adverso” y que “2013 fue el año en que la prensa independiente” de nuestro país “sufrió el golpe económico más duro desde el regreso de la democracia en 1983”, debido a las presiones del Gobierno a los principales anunciantes privados.
Además, denuncia que el Poder Ejecutivo utiliza la publicidad oficial como “una herramienta para premiar o castigar a los medios de acuerdo con su línea editorial” y que recurre a organismos estatales –como la AFIP- en represalia de periodistas críticos, como sucedió con Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá luego de que expusieran sobre las amenazas a la libertad de prensa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La SIP, que agrupa a más de 1.300 publicaciones del continente, también se refiere a que “las exigencias de la Corte Suprema de Justicia para evitar la desvirtuación de los objetivos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fueron sistemáticamente incumplidas” por las autoridades nacionales.
Al respecto, exalta que desde el Gobierno se “ha montado un gigantesco aparato mediático paraestatal, a través de medios públicos o empresas periodísticas privadas alimentadas por la pauta oficial o beneficiadas con otras concesiones, dedicado a deslegitimar al periodismo crítico”.
– ADEPA
