– Claudio Lozano – 28 de mayo de 2009- http://rambletamble.blogspot.com/
El exceso del reclamo de la cúpula empresaria local también se expresa en que los cuestionamientos respecto a la decisión soberana del representante del interés común en un territorio al que no pertenecen, suponen una violación al principio de libre determinación de los pueblos el cual se basa en la no injerencia de parte de los extranjeros en las decisiones políticas adoptadas por el representante legal de una comunidad.
Pero es un disparate mayúsculo, porque pese a quien le pese, el Grupo Empresario Techint no es argentino.
Se trata de un conglomerado de empresas radicadas en diversos sectores de actividad de la economía argentina, pero que su principal actividad es ser un productor mundial de insumos para la industria petrolera.
Los dueños de Techint son la familia italiana Rocca, su radicación legal es el paraíso fiscal de Luxemburgo y la asamblea de accionistas se realiza anualmente en Italia.
No por el hecho de contratar gerentes argentinos una firma es argentina. Sino casi no habría empresas extranjeras en la Argentina ni en el mundo.
Lo que resulta a todas luces llamativas es la denominada “alerta empresaria” frente a la decisión del gobierno venezolano.
El estado de alerta supone precaución frente a un posible daño. Solo se justificaría dicho estado de alerta si habría razones para suponer que el ejemplo venezolano pueda repetirse en nuestro país.
Para que tal cosa ocurra, se supone que los empresarios argentinos puedan temer la influencia del presidente Venezolano sobre el matrimonio presidencial argentino. Es decir si en una formula escueta se podría afirmar la notación Kirchner = Chávez. Lamentablemente nada más alejado de la realidad. Unos pocos ejemplos pueden mostrar la distancia que separa la supuesta igualdad entre el presidente venezolano y los Kirchner:
A diferencia de Venezuela, en Argentina los resortes básicos de la economía están en manos privadas.
Petróleo, Siderurgia, Comunicaciones y Servicios Públicos son sectores claves donde la diferencia entre la gestión estatal venezolana y la privatista argentina, son significativos para diferenciar a Chávez de los Kirchner.
Las denominadas “misiones sociales” que son los programas sociales que proveen salud, educación, alimentación, prevención, etc. a los sectores populares venezolanos creadas como modos de sortear las burocracias estatales son una rica experiencia que tampoco ha imitado el gobierno argentino.
Quizás lo fundamental y que permite entender porque los Kirchner no son Chávez, es la práctica recurrente a Consultas Populares para cualquier tema que se considere conflictivo.
¿Será quizás por seguir los mandatos de su sociedad, a la cual se la consulta en forma permanente, que el presidente Venezolano puede hacer lo que aquí el matrimonio presidencial no quiere hacer?
Es necesario señalar que la queja empresaria frente a la decisión del gobierno venezolano, es también el reflejo de un malestar creciente de los mismos con el gobierno argentino. Este malestar no puede reflejar sino insatisfacción con la situación actual, que no puede deberse sino a la insuficiencia que para estos capitales asume la política de gobierno. Esta claro que lo hecho en materia de medidas pro empresariales por parte de la actual gestión no alcanza a satisfacer el reclamo empresario.
Una rápida mirada a dichas medidas quizás permita entender algo de este malestar:
¿No les alcanza la utilización de los recursos del sistema previsional que están siendo utilizados para sostener empresas privadas (la papelera Massuh) sectores enteros de actividad (la industria automotriz) y el financiamiento de los denominados paquetes “anticrisis” (con crédito blando sostener el boom de consumos de las grandes cadenas comerciales, el crédito blando a empresas industriales, etc.)?
¿No les alcanza con que el Gobierno haya instrumentado el REPRO, por medio del cual el Estado se hace cargo de parte de la masa salarial (hasta $600 de sueldo en carácter no remunerativo) de las firmas para que las mismas no reduzcan a su planta formal?
¿No alcanza que la primera medida de importancia de la actual gestión haya sido prorrogar el Régimen de Promoción a las Inversiones, que originalmente había creado el anterior gobierno (de Néstor Kirchner) con carácter de transitorio por 3 años. Se trata de un régimen que hasta la fecha ha otorgado $1.800 millones de subsidio, de los cuales el 58% fue apropiado por una sola firma (Aluar)?
No hay que ser muy perspicaz para observar que efectivamente al núcleo empresario argentino lo expuesto no le alcanza.
Basta escuchar brevemente las posturas de los principales referentes de la cúpula económica para percibir sus demandas.
En reiteradas ocasiones el presidente de la UIA ha manifestado la necesidad de “corregir la apreciación cambiaria”, cuando ha querido ser elegante, o simplemente la brutal “necesidad de una devaluación” que inclusive necesitaría estar acompañada por una “rebaja de la carga impositiva”. Devaluación con menor presión fiscal, parece ser la demandada empresarial.
No es acaso lo que sucedió cuando implosionó la Convertibilidad a finales del 2001. En aquel entonces tuvimos una devaluación del 300% en un contexto de ausencia de retenciones para las exportaciones.
Habida cuenta de lo expuesto, quizás algo de razón tenga el candidato oficial (Kirchner, Néstor) cuando denuncia que “algunos quieren volver al 2001”. Lamentablemente se olvida que esos “algunos” no son otros que la propia “cúpula empresarial local” promovidas durante su mandato por una serie de medidas “neodesarrollistas” que no han hecho otra cosa que ampliar la capacidad de estos actores de incidir sobre las políticas públicas, que efectivamente pueden llevarnos nuevamente al 2001 tan temido.
No será acaso ésta una clara señal para asumir el obstáculo que supone la vigencia de una cúpula empresaria fuertemente extranjerizada, depredadora de los recursos naturales y que reproduce una dupla de concentración y desigualdad en el cuerpo social, para efectivamente encarar un proceso de desarrollo económico que involucre al conjunto de los argentinos.
Para aclarar el punto, desde nuestro visión la estatización per se no es ni buena ni mala.
Nosotros no somos por definición estatista, sino que estamos convencidos que frente a la existencia de Argentina y en América Latina de una cúpula empresarial dominantemente extranjera, la discusión sobre el futuro, que es en buena medida la discusión sobre la inversión, obliga a un papel de los Estados sumamente activo, que debe evaluar cuáles son los lugares y los modos de intervención en función del compromiso que el capital privado tenga con el rumbo nacional popularmente definido. Habida cuenta de la experiencia Argentina, cada cual podrá sacar sus propias conclusiones.
