Ante la aceleración de la suba de combustibles, especialmente por parte de Shell, la Secretaría de Comercio Interior hizo saber que la próxima semana obligará a anular los últimos ajustes. Se basará en la Ley de Abastecimiento. Los antecedentes.
El Gobierno amenazó a las petroleras, especialmente a Shell, con obligar a retrotraer los últimos aumentos de precios sobre las naftas. Dejó trascender que hará cumplir la Ley de Abastecimiento a partir de la próxima semana. Esta normativa, vigente desde 1974, le permite al Poder Ejecutivo establecer precios mínimos y máximos, obligar a las empresas a que produzcan acorde con las necesidades del mercado interno y eventualmente prohibir o restringir las exportaciones. Ayer, la petrolera angloholandesa aumentó tres centavos la nafta súper, que se suma a un incremento de cuatro centavos de comienzos de mes (3,969 pesos por litro). En lo que va del año, subió sus precios 22 por ciento, mientras que la nafta premium aumentó 29,5. Las demás petroleras también ajustaron sus tarifas en un promedio del 20 por ciento. Si bien el Gobierno mantiene un clima de conflictividad con Shell, el mensaje sobre la aplicación de la Ley de Abastecimiento corre para todas las petroleras.
La Secretaría de Comercio Interior hizo saber que desde la semana que viene realizará un control sobre la evolución de costos de producción de todas las empresas del sector, analizará los valores del transporte entre los centros de despacho y los de consumo y contemplará el margen de ganancia para los expendedores de combustibles. Con esa información, la secretaría que conduce Guillermo Moreno podría concluir que los últimos aumentos de Shell, entre otras empresas, “fueron desproporcionados”.
Esta no es la primera vez que el Gobierno saca a relucir esta normativa para el sector de los hidrocarburos. En marzo de este año, el ministro de Planificación, Julio De Vido, acusó a Petrobras y Shell de “retacear la refinación de petróleo para desabastecer el mercado y obligar a YPF a subir sus precios”. En ese momento, Planificación amenazó con hacer cumplir la mentada ley.
Sin embargo, luego de esa intimación, donde hubo un principio real de desabastecimiento por un menor nivel de refinación por parte de las compañías, el Gobierno autorizó los aumentos tanto a YPF como a Petrobras, tan sólo dos meses después de ese conflicto. La petrolera controlada por la familia Eskenazi subió la nafta súper el 20,45 por ciento en lo que va del año y Petrobras la aumentó 17,65 por ciento. “El Gobierno no autoriza ni desautoriza. De todas maneras, nosotros estamos al margen de este tema. Somos la empresa que vende el combustible más barato”, dijeron a este diario fuentes de YPF, como para dejar en claro que una eventual aplicación de la ley no los afectará.
“Hace dos años el Gobierno nos pidió ayuda para bajar los precios y estuvimos de acuerdo, pero ahora la situación es diferente. Creo que, más allá de los aumentos de precios, tenemos el problema de la falta de exploración”, afirmó a Página/12 Rosario Sica, titular de una de las cámaras de estaciones de servicio.
Si bien Shell fue una de las compañías que más aumentaron sus precios en lo que va del año, todas lo hicieron. Sin embargo, la relación entre el Gobierno y la angloholandesa nunca fue buena. El mayor pico de tensión se vivió en agosto de 2007, cuando la Secretaría de Comercio elevó una demanda penal contra sus directivos por supuesto desabastecimiento de gasoil. También el ex presidente Néstor Kirchner llamó en su momento (2005) a un boicot a los productos de Shell frente a un incremento de precios que el Gobierno juzgó injustificado.
De los 117 expedientes en su contra, 45 llegaron a la Justicia, que se expidió en 31 casos y condenó a Shell a pagar multas en ocho. Todas las denuncias fueron por desabastecimiento. Por eso la amenaza de aplicar esta ley, el mismo día en que la compañía aplicó el segundo aumento en el mes, tiene peso por los antecedentes.
El tema de los precios de los combustibles forma parte de un debate recurrente en el país, y ello se debe a que existen cuestiones estructurales que no se resuelven con la Ley de Abastecimiento. “Esta normativa sólo permite presionar a las estaciones de servicio. La Ley de Hidrocarburos tiene mucho más alcance y es la que dice expresamente que se deben garantizar las condiciones óptimas para el mercado interno”, indicó a este diario Roberto Zorzoli, especialista en temas de defensa del consumidor.
En última instancia, la discusión sobre el mercado de los hidrocarburos no puede quedar por fuera de un debate más profundo, que tiene que ver con la potestad de controlar los recursos naturales. El especialista en temas energéticos Víctor Bronstein consideró que “hay que discutir el tema de las empresas estatales o si es mejor que sean de capitales argentinos con capacidad de inversión, pero es necesario asegurar el dominio de la energía, que empieza a ser el recurso crítico”.
“El Gobierno ahora amenaza con aplicar la Ley de Abastecimiento, pero todo este tiempo permitió los aumentos. Cristóbal López entra al negocio de las estaciones de servicio con precios más convenientes”, interpretó Sica. López compró 360 estaciones que pertenecían a Petrobras, las cuales ahora llevarán el nombre OIL. La petrolera brasileña se quedó con 270 bocas de expendio.
– Por Sebastián Premici – Página 12
