Esta es la forma que “cuidan” la calidad de las Instituciones o se valen de ellas en la Provincia de Salta. Este es el Republicanismo Institucional Urtubey-Yarade. ¿Estamos condenados a la decadencia? Debemos reflejar en las urnas nuestro fastidio.
Cuando el nuevo rico de fortuna súbita, ícono del delito, Fernando Yarade, candidato a Diputado Nacional en representación de la gestión de Juan Manuel Urtubey, se refiere a las próximas elecciones, sostiene: “Pienso que es el comicio más trascendente de los últimos tiempos, porque se juega el fortalecimiento institucional de una gestión plural y peronista y, además, el justicialismo debe consolidar esta transición de pasar de una conducción verticalista, autoritaria y excluyente a un modo de gestionar la política con la participación de todos, con la opinión de todos, con debate y aún con espacios para la rebeldía”.
En realidad quieren garantizar una Salta sometida a un pequeño Sultanato: Urtubey-Yarade, familiares, personas “afectuosas”, amigos y conniventes. Defienden la continuidad de la depredación y la impunidad Institucional. Son los nuevos emblemas de lo peor de la vieja política.
Así, el lema oficial los describe en su esencia: “Para defender lo nuestro”. Este es el futuro de los salteños que nos inducen: “Con vos, con Urtubey, por Salta”. Además de cleptómanos del patrimonio de los ciudadanos, son depredadores de la dignidad de una inmensa mayoría de salteños.
Es una relación inequívoca, torva, de los fariseos Yarade-Urtubey, para sostener la continuidad del modelo político que ha imperado a lo largo de más de una década. Toda una doctrina. Todo a la inversa de las “convicciones” que dice defender o prometía como “cambio” el devaluado y decepcionante Juan Manuel Urtubey.
Crisis de conciencia o inescrupulosos impunes
Ahora, Yarade y Urtubey objetan lo que Juan Carlos Romero hizo durante 12 años de gestión “autoritaria y excluyente”, pero nada dicen de la sistémica depredación y avasallamiento de las Instituciones en la Provincia de Salta de la que ellos fueron cómplices y partícipes necesarios. El espíritu republicano se adopta por convicción o por necesidades a los límites que impone nuestra Constitución a la ambición inescrupulosa y dañina.
Irrevocablemente la gestión Urtubey ha desnudado deficiencias gravísimas institucionales de gestión.
La gestión Urtubey es la continuidad del modelo de gestión pública de Juan Carlos Romero, además de mantener la pobreza, mofarse del vicegobernador Zottos.
La desnutrición sigue, la educación está en dificultad, se echó enfermeros y policías de baja graduación por intentar defender sus derechos como trabajadores, humillados al extremo. Y persiste una deliberada persecución a una significativa cantidad de ellos.
Además de descontar de sus haberes los días que no trabajaron en señal de protesta a los maestros, actualmente se siguen descontando partes de sus haberes, desconociéndose los motivos.
Y como contrasentido de puritanismo inmoral, y motivo de la “batalla cívica” o “profundización del cambio” que -afirman- significa el 28 de junio próximo Juan Manuel Urtubey tiene desde hace más de un año a dos señorita: María Eugenia Gallo Diez y Marcela Alejandra Posadas, como funcionarias con alto rango que no cumplen sus tareas laborales, rotando formalmente por distintas reparticiones, con sueldos del erario público de Subsecretarias y actualmente de Directoras Generales, cinco veces superior al de un docente o policía echado.
La funcionarias fantasmas son familiares del Súper-Ministro de Educación, Leopoldo Van Cauwlaert, la Diputada Nacional, María Inés Nancy Diez, del Ministro de Turismo y Cultura, Federico Posadas, y el Secretario de la Función Pública, Matías Posadas.
Pero una de las privilegiadas funcionarias ñoquis plantea -en particular- un gran enigma: ¿Cuál es la índole exacta de la relación que ella mantiene con lo más alto del “Poder Ejecutivo Provincial” para protagonizar un caso tan patético de impunidad político-institucional y laboral?
¿No estamos acaso frente a un delito contra la Administración Pública?
Cuando Urtubey dice: “Con Yarade se fortalece el proyecto de gobierno que piensa en la gente” en realidad se está refiriendo a “su gente”, la gente de su entorno.
Juan Manuel Urtubey con este status quo, que es un claro paradigma de la corrupción política institucionalizada, ¿tiene autoridad para ser el verdugo y mancillar las familias de los enfermeros, policías echados y perseguidos, al igual que la familia docente?
¿Es procedente en este caso la aplicación del Código Penal y un juicio político por los órganos competentes? ¿Existe división real de Poderes? ¿Merece el repudio del Honorable Tribunal de la Opinión Pública al igual que la sonora silbatina, el sábado pasado, en el estadio Marteareana?
En rigor, ésta es la realidad literal institucional en la Provincia de Salta, nada de metáforas: Así, otro eslogan de la coartada, “Con vos, con Urtubey y con la esperanza”. Que el propósito real, es disfrazar evidencias insoslayables de la corrosión del orden republicano que suelen estar amparada en el sometimiento y connivencia de la Justicia. Así, casos de oscuridad informativa:
1) Imputación de las cuentas públicas de la Provincia. Actualmente se continúa registrando las cuentas en función de un Proyecto de Ley denominado “Ley de Administración Financiera” y su “Proyecto de Decreto Reglamentario”. Implementado ilícitamente en el año 2.004 por el ex Ministro, actual Senador Provincial por Capital, y candidato a Diputado Nacional por el Justicialismo, Fernando Yarade. Honrado y legitimado con devoción por la gestión del “cambio” Urtubey y por la justicia. Entre otros, por la compulsiva transgresora y prevaricadora serial del estado de derecho, Agente Fiscal: Emma Puentes. La decisión o medida carece concretamente del sustento legal necesario para poder aplicarse.
Fiscales del Ministerio Público de la Provincia, inclusive Fiscal prevaricadora, Emma Puentes, quien reúne más sospechas que los cuestionados. ¿No es otro delito contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos, asociación ilícita? Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta, Cátedra de la materia Contabilidad Pública de la UNSa, Colegio de Abogados de la Provincia, y particularmente, Sindicatura General de la Provincia y Auditoria General de la Provincia, donde hicimos presentaciones oportunamente. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Es una calumnia o injuria de mi parte?
Así debe entenderse la continuidad del caos, con la compra suntuosa y costosa de un avión Learjet 45 sin licitación y sin partida presupuestaria prevista. El gasto obsceno de más de $ 30.000.000 para la campaña electoral de Yarade, que ya difunden los medios independientes. ¿Incluido el millón de pesos que se habría pagado a los pumas para que lo rechiflen? El uso indebido y frenético del avión oficial para la campaña electoral. Este y el punto dos, son los leit motiv de un gran debate en la sociedad, del descalabro de las cuentas públicas de las gestiones: Romero-Urtubey.
2) Guarda de la documentación pública. Se ratificó la guarda en el sector privado, donde uno de los accionistas de la Empresa de Transporte beneficiada, Plumada S.A., sería Fernando Yarade, en contradicción absoluta de lo que expresamente prevé la Constitución y la ley en la materia. Convalidado inconstitucional e ilegalmente por la gestión del “cambio” Urtubey y la justicia.
Éste es el “proceso de cambio” o “el plan estratégico del gobierno, es el mejor legado para el futuro” que proclama Fernando Yarade. No es una sensación de irregularidades, es un flagelo real indignante de la corrupción e impunidad, de la degradación sistemática de las instituciones. Y que por no callar estas aberraciones, nos están estrangulando hasta la asfixia. Siguen destrozando y humillando perversamente las familias de los que reclaman sus derechos.
3) En la gestión de Juan Manuel Urtubey funcionario del anterior gobierno, entre otros, desapareció la Empresa del Estado PROVIPO con todo su patrimonio como por arte de magia. Es decir, se la robaron literalmente. No se hizo la denuncia en el ámbito que compete, porque no confiamos precisamente en lo que se denomina “justicia”, donde el símbolo del prevaricato, es la Agente Fiscal: Emma Puentes.
4) El Órgano por excelencia de recaudación de la Provincia, Dirección General de Rentas, llegó a lo inexplicable, al ridículo extremo, con vicios groseros de nulidad absoluta, a vender harina y comprar pollos con “absoluta naturalidad”, sin ningún escrúpulo por actuales funcionarios, como el Secretario de Ingresos Públicos, Sebastián Saravia Tamayo. Otro ungido y ratificado por la gestión del “cambio” Urtubey y por la justicia. Entre otros, la Agente Fiscal: Emma Puentes.
Así, como contrapartida y con una saña perversa propia de una dictadura, el incontinente mendaz, agresivo e intolerante Juan Manuel Urtubey, ratifica la violencia institucional administrativa-legal, laboral, económica y psicológica que oprime y provoca daños irreparables en nuestras familias
Como una lógica de la sinrazón, en nombre de la Ley Nº 6.820, una ley con vigencia por un período y fin determinado, es decir caduca, se hacen desaparecer y crear nombres de Programas o Subprogramas y de los derechos, principios y garantías constitucionales de los trabajadores. Se despojan de sus cargos a personal de planta permanente sin los mecanismos legales previstos.
Hace virtualmente 18 años que nos retardan y deniegan derechos con absoluta impunidad, arruinándonos la vida a diario. Provocándonos daños irreparables, heridas intelectuales en nuestras familias. Tanto en la instancia administrativa como jurisdiccional a nivel Provincial y Nacional. Aún cuando las normas en vigencia o reglas de juego de la democracia dicen lo contrario. Entre otros, caso: Adicional Fijo Ley Nº 6.929. Que en primera instancia el entonces Asesor Jurídico, Néstor Javier David, reconoce expresamente que nos asiste tal derecho. Después, como Ministro de Hacienda, sin pudor alguno, asevera: que no es lo que él mismo dice como “jurista” y con su rúbrica. Actualmente en otro reclamo administrativo dilatado por el actual Ministerio de Trabajo, y en la instancia Penal convalidado por la justicia: entre otros, por la compulsiva transgresora del estado de derecho, Agente Fiscal: Emma Puentes.
Tampoco se reconoce los derechos constitucionales de la organización gremial Asociación de Trabajadores de la Administración Pública Provincial y Municipal de Salta (A.T.A.P.), ni los derechos civiles y constitucionales de sus miembros. Reconocidos explícitamente por los Órganos de Control de Organismos Internacionales como el Comité de Libertad Sindical y el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, que forman parte del derecho argentino, de las reglas de juego de una sociedad civilizada. Nos roban los expedientes para no reconocer esos derechos. Nos estafan, imponiéndonos qué se nos reconoce como derechos o no, al margen de lo que establece el estado de derecho. Se ha implementado un verdadero latrocinio como es el trabajo en negro en la Administración Pública para tener condicionados a los trabajadores y en particular los denominados artículos 30º. Que inclusive ahora, les ordenan que deben ser fiscales del oficialismo en las próximas elecciones.
Por la connivencia con sectores de la Justicia, con argucias jurídicas, dilatan, deniegan y retardan justicia a los trabajadores aún en transgresión de las normas del derecho positivo. Así, el Juzgado Contencioso Administrativo Único a cargo de la Jueza: Silvia Longarte de Diez Gómez, aún no se expide en casos de trabajadores en instancia para resolución de hace 2 y hasta 3 años: Renee Beatriz Romero y Adriana Matos de Pierola en delicado estado de salud.
Así, desquiciaron familias. Otros terminaron suicidándose. Casos: Los que denominaron como excedentes. Ahora, las familias de los policías, engañados y subyugados. En la práctica, estos son los valores o mácula como justicia, libertad y “futuro” que continúa y avanza el maltratador de los derechos constitucionales de los ciudadanos, Juan Manuel Urtubey”.
Quedo abierto a un debate público, cara a cara y de cara a la sociedad con el Gobernador del “cambio” del Sultanato Urtubey, sobre la corrupción institucionalizada, el caos en la Administración Pública, las instituciones republicanas, y sustancialmente de los valores de la familia, esencia de la estructura de una sociedad.
Miguel Rojo
D.N.I. Nº 10.856.490
Post Scriptum: El prevaricato de los jueces es la aplicación defectuosa del derecho, dictar a sabiendas una resolución injusta, es una falla en la función que amerita la posibilidad de promover el Jury o Jurado de Enjuiciamiento a Jueces de primera instancia o Juicio Político a Jueces de la Corte de Justicia de la Provincia. Es un delito previsto en el art. 269º del Código Penal de la Nación.
