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El senador Juan Carlos Romero sería reelecto senador nacional con el apoyo del kirchnerismo, luego de que esté y su tropa voten a favor de Daniel Reposo, candidato oficial al cargo que dejó vacante el renunciante Procurador General Esteban Righi.

Para designar al nuevo Procurador General de la Nación Argentina, el gobierno nacional necesita el apoyo de los senadores de Salta.

“La necesidad tiene cara de hereje”– dice el refrán popular, el cual surgió de la expresión latina “necesitas caret lege” (la necesidad carece de ley). El escritor Cervantes tradujo con el agregado de hereje, concepto que alude a la persona que transgrede las normas.

Para la mayoría de los argentinos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el senador Juan Carlos Romero representan polos opuestos de interpretaciones de la realidad y modelos políticos, sociales y económicos. Hace 10 años, el ex presidente Néstor Kirchner enfrentó electoralmente al binomio Carlos Menem-Juan Carlos Romero, y tras el abandono de estos, el patagónico inauguró una etapa del país que dio paso al crecimiento económico, el avance (inconcluso) contra la desocupación y la pobreza y la reivindicación de los derechos humanos, entre otras iniciativas populares.

En el 2007, el ex gobernador salteño durante tres mandatos (reformas constitucionales mediante) llegó a la senaduría nacional en la boleta electoral del Frente para la Victoria. El próximo año culmina su mandato, pero el multimillonario político norteño quiere continuar en la Cámara alta de la Nación. Algunos advierten en esta intención, entre otros motivos económicos personales, el interés de eludir los procesos judiciales en su contra, en los cuales se encuentra acusado de varios casos de corrupción que habrían favorecido su patrimonio (y el de sus “laderos”) y la transferencia de millonarios bienes públicos a sus arcas. Las acusaciones están “congeladas”, pero no archivadas.
Romero perdió el control político y económico de la provincia de Salta y del Partido Justicialista local, como su peso en el justicialismo nacional, pero conserva el poder que le otorga la dirección del diario más importante del norte argentino y el liderazgo de un bloque en la Cámara de Senadores de la Nación, en donde lo secundan la justicialista senadora Sonia Escudero y el renovador Agustín Pérez Alsina (integrante del Partido Renovador de Salta, fundado por el ex marino y gobernador de facto Roberto Ulloa).

Los votos del bloque romerista en el senado son cruciales para las políticas del Ejecutivo, habida cuenta que, para situaciones delicadas, se necesitan el 2/3 de votaciones favorables. Y el kirchnerismo precisa de senadores aliados y “amigos” de ocasión. Negociaciones mediante.

Nuevamente, conflicto con el vicepresidente

A principios de 2012 se conoció una denuncia judicial que se convirtió en un escándalo político pues involucró al actual vicepresidente de la Nación, Amado Boudou.

La investigación se originó a partir de las imputaciones realizadas desde el blog del escritor menemista (en junio del año pasado) Jorge Asís, quien relató acerca de la impresión y emisión de dinero de 1200 millones de billetes. Según la acusación, la Compañía de Valores Sudamericana S.A. (ex-Ciccone Calcográfica S.A.), tuvo apoyo del ex ministro de Economía.

En febrero de 2012, el fiscal federal Carlos Rívolo tomó la denuncia de Jorge Asís y comenzó la investigación sobre la compra de la empresa Ciccone Calcográfica, que pasó a manos de The Old Fund SA, presidida por Alejandro Vandenbroele, registrado fiscalmente como monotributista, a quien le adjudicaron la impresión de 700 millones de billetes de 100 pesos a cambio de 50 millones de dólares.

La ex mujer de Vandenbroele acusó a su esposo de ser testaferro de Boudou. Los aparentes favores oficiales de Boudou fueron pesquisados por los jueces Daniel Rafecas y Ariel Lijo. En una de las denuncias, por enriquecimiento ilícito del vicepresidente, se alude a “los supuestos testaferros” del funcionario, “entre quienes se encontrarían Alejandro Vandenbroele, José María Núñez Carmona y Agustina Kämpfer”, pareja del vicepresidente.

Boudou contraatacó y denunció a sus acusadores, entre ellos al jefe de los fiscales federales de la Nación, el ahora ex Procurador Esteban Righi. A éste, un antiguo dirigente peronista vinculado al ex presidente Héctor Cámpora, acusó de poseer un estudio jurídico familiar que hacía “lobby” personales con la “chapa” oficial.

Righi renunció, diciendo en la nota a la presidenta: “no creo posible desempeñar honrosamente una alta función pública si al hacerlo se compromete el propio honor o la honra familiar”.

El veterano peronista expresó: “La defensa del interés público y de la honorabilidad personal jamás deberían resultar incompatibles. Por el contrario, son premisas que se integran, se complementan y se fortalecen recíprocamente”. Y añadió, “mi conducta personal jamás se ha apartado de ese punto de vista y también por eso considero llegado el momento de poner fin a mi desempeño”.

Righi aseguró: “Tengo la tranquilidad de cerrar esta etapa de mi vida y paso por la función pública con la seguridad de saber que he desempeñado con honradez y compromiso el cargo que me confió en su momento la sociedad a través del Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación”. Y subrayó que “es mi deber no polemizar con relación a hechos que son del dominio público, toda vez que su única consecuencia sería afectar las instituciones republicanas y causar daño a las políticas públicas desarrolladas desde el año 2003 en adelante” .

La negociación

Tras la renuncia de Righi, el gobierno nacional propuso a Daniel Reposo, titular de la SIGEN (Sindicatura General de la Nación, encargada del control de la gestión del Estado) como nuevo Procurador General.

Para lograr este nombramiento, la Constitución Nacional establece la obligación del voto favorable de los dos tercios de los senadores nacionales.

La Cámara alta está integrada por 72 legisladores, 3 por cada uno de los 24 distritos federales.

Luego de las últimas elecciones, el kirchnerismo cuenta con 32 bancas y junto a los “aliados” logran 38 senadores a favor de sus políticas. En tanto, la Unión Cívica Radical tiene 17 bancas; nueve el “Peronismo Federal” (no kirchnerista); cuatro el Frente Amplio Progresista (socialistas y aliados); uno la Coalición Cívica y tres bancas los “independientes”.

Los aliados del senado incluyen, paradójicamente, a Carlos Menem (La Rioja) Rosana Latorre (Santa Fe), Samuel Cabanchik (Ciudad de Buenos Aires), Horacio Lores (Neuquén), y los fueguinos Rosa Diaz y Osvaldo López.

Al bloque salteño generalmente no se lo cuenta como aliado, pero la realidad, en votaciones decisivas, indicó que apoyó propuestas oficialistas. Los votos romeristas son determinantes para lograr la designación de Daniel Reposo.

A su vez, el senador Romero necesita el apoyo del kirchnerismo si quiere ser reelecto.

En Salta, las opciones para el ex gobernador neoliberal son claras: es candidato del oficialismo del actual mandatario Juan Manuel Urtubey (aunque sea en segundo lugar), o es cabeza de lista de una alianza electoral conservadora entre la UCR y el PPS (Partido Propuesta Salteña, desprendimiento de los renovadores y otras fuerzas conservadoras. La posibilidad de armar alianza con el actual diputado nacional Alfredo Olmedo parece improbables habida cuenta de que el empresario sojero se lanzó, con su anticipada candidatura, a ocupar el tercer lugar como senador por Salta.

Dicho de otro modo: si Romero y su gente apoyan la designación de Reposo, el kirchnerismo lo apoyará para la reelección como senador en el 2012.

Ahora no la quieren

“Es una pelea política entre mafias”, expresó el pasado jueves 12 de abril de 2012, tras un prolongado ostracismo, el largo silencio, la ex diputada nacional y líder de Coalición Cívica, Elisa Carrió. Con este concepto se refirió a la causa que acusa al vicepresidente Amado Boudou. “Lilita” aseguró que Boudou es “corrupto y mafioso”.

La polémica dirigente, acérrima opositora de Cristina Kirchner, hasta su derrota en las pasadas elecciones presidenciales ocupaba casi diariamente las páginas del diario de Juan Carlos Romero. En aquellos momentos sus explosivas declaraciones eran consideradas válidas y funcionales para los negocios romeristas.

Hoy, cuando lo que está en juego es la reelección del ex gobernador salteño, sus palabras incomodan tanto que los editores, luego de la orden patronal, no la mencionaron.

Carrió aseguró que el caso Ciccone “es un negocio que empieza Néstor Kirchner y después toma Boudou”. Según sostuvo en el programa “A dos voces”, en la señal televisiva “TN”, “el dinero lo puso (el titular del Banco Macro, Jorge) Brito, pero la sociedad con Boudou se rompió cuando (el secretario de Comercio Interior, Guillermo) Moreno quiso subir el dólar”.

La ex diputada dijo que “nadie quiere investigar porque no quieren tocar a Brito, que sabe todo, cuáles fueron los negocios, es un hombre de la corporación, donde están (Ramón) Puerta (ex gobernador de Misiones y ex presidente temporal) y (Juan Carlos) Romero; todos están con todos”.

Anexo: “No tengo problemas con la señora”

“Con la señora (por Cristina Fernández) no tengo problemas, como los tuve con Néstor (por el desaparecido Kirchner)”.

De este modo reflejó periodísticamente el Nuevo Diario (
Salta, http://nuevodiariodesalta.com.ar/diario/archivo/noticias_v.asp?51327) la reunión, realizada por el senador Juan Carlos Romero junto a ex funcionarios en sus gestiones y dirigentes.

De acuerdo al matutino, “El elemento común entre los asistentes a la cena es su postura alejada a la administración de Juan Manuel Urtubey, pero difieren en su identificación hacia el gobierno nacional. Algunas coinciden con las políticas que emergen de la Casa Rosada, mientras otros descreen de ellas. Sin embargo y en un baño de realidad, Romero se cuidó de expresar alguna posición crítica hacia la Presidencia de la Nación, y fue muy contemplativo hacia las gestiones provincial y municipal de la Capital, a diferencia de otras oportunidades”.

– El autor es Periodista – Director del Diario Norte Social – Columnista de Salta 21

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