Parte de prensa de la Asociación por los Derechos Humanos «Coca Gallardo».
Ante las declaraciones de Martín Insaurralde, primer candidato a diputado nacional por el oficialismo en la provincia de Bs. As., quien solicitó una nueva ley para bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, la Asociación por los Derechos Humanos «Coca Gallardo» se opone a esta propuesta que vulnera los derechos del niño, puesto que se trata de niños y niñas en situación de riesgo social, víctimas de marginación, desprotección y abandono.
Este discurso ha sido apoyado por notorios dirigentes del oficialismo y la oposición, como el gobernador de Bs. As. Daniel Scioli y el reclamo de «mano dura» contra la inseguridad es el argumento esgrimido por medios de comunicación y políticos con fines electorales.
Preguntamos: ¿De qué hablamos cuando hablamos de inseguridad? Porque inseguridad no son solo delitos callejeros, que parece que son los únicos que se ven en nuestro país. Inseguridad es no tener qué comer, no tener trabajo digno, no tener vivienda, salud ni educación, no tener futuro. Y esa es la realidad de esos chicos y sus familias. Inseguridad es trabajo y prostitución infantil, abuso policial, gatillo fácil. Inseguridad es también la corrupción impune y políticos enriquecidos a costa de un pueblo pobre.
Nuestros demócratas deberían esclarecer estos temas antes de ensañarse con los chicos, deberían tomar partido por los derechos humanos y respetar los convenios internacionales que forman parte de nuestra Constitución, como la Convención de Derechos del Niño a la que la Argentina adhirió en 1994.
Evidentemente, es más fácil buscar un chivo expiatorio y crear el mito del adolescente peligroso. El adolescente pobre, claro, porque ¿qué es lo que se demoniza? No a todos los chicos sino a los pobres, los villeros y drogadictos. Pero las estadísticas dicen otra cosa. Dicen que es ínfima la cantidad de delitos graves cometidos por adolescentes, y menos todavía por chicos menores de 14 años. Convertir el mito en política no alterará el panorama delictivo.Por un lado, está el daño causado al chico que sufre la internación.
Cada niño atrapado por el sistema penal recibe un certificado de que su futuro quedará probablemente al margen de la ley. Pero además no le sirve al resto de la sociedad. No es una medida eficaz. El Estado debe trabajar en la prevención del crimen de los adultos que muchas veces utilizan a los niños para delinquir, no ensañarse con el eslabón más chico de la cadena.
Se insiste en la imputabilidad a los 14 e incluso algunos hablan de 12 para no encarar el verdadero debate, para no asumir que los chicos de hoy son producto de las políticas neoliberales que generaron exclusión, violencia y delincuencia.
En vez de pedir «mano dura» con un discurso fascista, la clase política argentina, que en buena parte fue cómplice de esas políticas que dejaron a millones fuera del sistema, debe hacerse responsable de los niños y adolescentes que son víctimas de la exclusión social. En vez de encerrarlos en la cárcel que acabará de destruir sus vidas, el Estado debe ser garante de sus derechos.
Este tipo de soluciones que se instalan con oportunismo electoral son un engaño. Se podrá bajar la imputabilidad pero esa no es una política de seguridad. En Brasil la tienen en 12 y la tasa de homicidios es mucho más alta que en la Argentina.
Lo que ocurre es que los gobernantes no tienen un plan integral de seguridad. Lo que hay son parches.Y se han olvidado que una de las máximas de prevención de la delincuencia es el logro del pleno empleo.
El problema no se resolverá con más represión sino con un fuerte compromiso del Estado y con un compromiso igualmente fuerte de la comunidad entera. Todos tienen que hacerse responsables.
El punto es si apostamos a seguir generando violencia y delincuencia o si rescatamos e integramos a los chicos para que consigan reencausar sus vidas. Hay que ayudar a las familias, hay que proteger a los más vulnerables. Y para esto el Estado debe apostar a políticas sociales para los menores y mayores de 16.
– FIRMAN: ELENA RIVERO, CARMEN HERNÁNDEZ, ALEJANDRA ZANNIER, RAQUEL ADET, MARÍA CARBÓN, SOLEDAD ROMERO,GLORIA RUIZ Y TERESA LEONARDI HERRÁN.
¿De qué hablamos cuando hablamos de inseguridad?
Es un lujo extremo adherirme al contenido impecable de este parte de Prensa, haciendo votos para que la intelectualidad local, se afilie al proyecto nacional, separándose de los que explícitamente son funcionales a la derecha conservadora tradicional, tal como históricamente jugaron (para esa inclinación) las fuerzas de izquierda, contradiciendo, actualmente, los propósitos del modelo antiliberal, que lidera nuestra Presidenta. Muestra inequívoca de ello, es el apoyo INCONDICIONAL a la Educación pública y las múltiples medidas conducentes a la inclusión social.
Lo único que agregaría al documento citado, es el espacio en blanco obviado, sobre las organizaciones criminales recolectoras de estos niños y en cuya planificación minuciosa, tienen inventariados a los marginales para sumarlos a sus negocios de criminalidad. Este poder paralelo a la insticionalidad, tiene desbordados a los gobiernos bien intencionados.-