Solicito el derecho a réplica, sobre el tema en particular, por única vez. Ya que el eje central, es el literal e ilícito avasallamiento de los derechos de los trabajadores de parte del Gobierno despótico de Juan Manuel Urtubey.
El día 15/02/2010 en ese prestigioso medio, he sido acusado de corrupción y explícitamente se sostiene “denuncia por estafa”, por las personas: Sergio Ibarra y Eduardo Vargas.
Aducen que: “En efecto y prueba de ello la pueden aportar los restantes compañeros en esa situación que fueron presionados por (el suscripto) para apropiarse de sus retroactivos…”.
Que, “…denunciamos ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, el incumplimiento por parte (del suscripto) a las leyes nacionales en organismos como AFIP-DGI y el mismo Ministerio, tales como presentación de balances, memorias, convocatoria anual a Asambleas, rendición de cuentas”.
Que, “…no se le conoce ninguna intervención que no sea para su beneficio personal”.
Y finalmente pregonan: “…la remoción del suscripto y se elija nuevas autoridades para que nuestra Asociación se reivindique ante la sociedad y los compañeros que creen en nosotros (ellos)”.
Así, es imprescindible (para que los compañeros sigan creyendo en ellos) que, las personas: Sergio Ibarra y Eduardo Vargas, tienen el deber ineludible e insoslayable de hacer la denuncia formal en la justicia, para que no sea una simple y burda tarea de descalificación y calumnia o injuria. Y que los compañeros, supuestamente estafados por Miguel Rojo, por la dignidad de todos y cada uno de ellos, con la voz de su conciencia, digan la verdad. Es decir, si han sido estafados por el suscripto, no sólo que lo digan en la Prensa, sino esencialmente lo manifiesten en la justicia. Quien realmente nos despojó ha sido el Gobierno de Juan Manuel Urtubey. Así, en la justicia, el Gobierno explique qué nos pagó como haberes caídos, si lo que nos pagó fue ajustado a derecho o efectivamente como dije, nos despojó.
Con respecto al incumplimiento de leyes, y esencialmente balances, memorias, etc. Otra evidencia de mala fe. La Organización Gremial (ATAP), no tiene ni ha tenido jamás ingresos de ninguna índole o naturaleza. Así, el 29/05/2007, se informó mediante nota, con la rúbrica de Rojo e Ibarra, a la Oficina de Asociaciones Sindicales – Agencia Territorial Salta. También se dejó constancia, de la negación de la Provincia, que desde entonces está al margen del imperio de la Constitución y la ley, en otorgarnos el Código de Descuento. Status quo que persiste hasta el día de la fecha. Porque precisamente el Gobierno de Juan Manuel Urtubey, niega deliberada e ilícitamente en complicidad con sectores de la justicia al servicio del delito, en otorgarnos el referido Código de Descuento para las cuotas de los afiliados. A pesar de lo decidido por el Comité de Libertad Sindical y el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 19/11/08 que al respecto afirma: “violando los principios de la libertad sindical”.
Que inclusive el Gobierno Provincial a través del Gobierno Nacional, se comprometió a dar cumplimiento lo requerido por y ante el Organismo Internacional, en el mismo caso, la reincorporación de Marina del Valle Guanca y que hasta la fecha, con engaño desobedeció. Más aún, hasta la Corte de Justicia de Salta, desde diciembre de 2008, también retarda un fallo sobre el tema. “Intervenciones” del suscripto de público conocimiento (salvo el caso en la Corte, realizada por profesionales), inclusive con denuncia penal al Gobernador: Juan Manuel Urtubey, y resolución favorable de 30/09/2009 del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) que, referida a la cesantía de Guanca, sostuvo: “… fue un acto discriminatorio”. Además, sí es verdad, de defender mis derechos. Es obvio, que si no se defenderme a mi mismo, menos voy a defender a un compañero. Aún así, si consideran que en la entidad gremial realice malversación de fondos? o estafa alguna? ¿Porque soy responsable de no pagar impuestos a la AFIP-DGI por la inmovilización de la organización gremial? También tienen el deber inexcusable y un mínimo de seriedad, de realizar la denuncia penal formal en la justicia, seguir los estados procesales y esperar la sentencia (reitero, para que los compañeros sigan creyendo en ellos).
Y con respecto al planteo de mi remoción, se erigen en acusadores, juzgadores o sentenciadores y Mesías. Al sostener la continuidad de la Organización, con “los compañeros que creen en nosotros” (ellos dos). A pesar que toda esta situación ha sido oportunamente esclarecida, por los supuestos afectados en presencia de ellos, en reuniones de la Comisión Directiva en un local prestado de improviso (incluso, aclaración realizada por uno de los quiméricos afectados, personalmente a ellos).
Miguel Hugo Rojo DNI 10.856.490
– Nota relacionada:
Denuncia de corrupción contra el Secretario General de A.T.A.P. _ http://salta21.com/Denuncia-de-corrupcion-contra-el.html
Estimados lectores
Los insultos no son publicables, no del tenor como los que nos han enviado, a pesar de un DNI puesto. Les pedimos que ese tipo de agresiones se canalicen de otra manera, por favor.