Solicito el derecho a réplica, sobre el tema en particular, por única vez. Ya que el eje central, es el literal e ilícito avasallamiento de los derechos de los trabajadores de parte del Gobierno despótico de Juan Manuel Urtubey.
Lo gravísimo, es que se está consagrando, en esta profunda inseguridad jurídica y desenfrenados ilícitos, a los discriminadores y represores por naturaleza del estado de derecho a agredir a los ciudadanos, pisotear y manipular las instituciones a su antojo ¿Se puede seguir ignorando este pedestal del sistema obsceno de impunidad?
¿Qué sentido tiene que se halla incorporado a la Constitución, mediante otros tratados Internacionales, el Convenio Nº 87 de la OIT, y no se acate o ignore lo resuelto en los Casos Nº 1867 y 2603 por sus Órganos de Control?
El stanilista Gobernador de la Provincia de Salta, Argentina: Juan Manuel Urtubey, también es violador de los derechos humanos, discriminador, mentiroso, mediocre y fabulador.
Esta es la forma que “cuidan” la calidad de las Instituciones o se valen de ellas en la Provincia de Salta. Este es el Republicanismo Institucional Urtubey-Yarade. ¿Estamos condenados a la decadencia? Debemos reflejar en las urnas nuestro fastidio.
Hay quienes conjeturan que la ebullición dentro del Partido Justicialista para definir las candidaturas a diputados nacionales para las próximas elecciones, es un signo de la pérdida de poder político de Juan Romero. Una verdad nada reveladora.
El Máximo Tribunal argentino primero reconoce su competencia y después –en una muestra de “agilidad”- de virtualmente 8 años en absoluta contradicción y violación constitucional y Tratados Internacionales de las garantías de un debido proceso, incluso dictó resoluciones en dicho proceso, se declara incompetente en el mismo expediente y sobre sus propios actos.
Mala fe, persecución y violación de la libertad sindical. No se abonó los salarios caídos y los intereses legales correspondientes. ¿Esto sucede también en el primer mundo? En este contexto de incivilización del estado de derecho y en el periodo virtual de 17 años de tolerancia cívica, ¿la alternativa, en la Argentina, será recurrir a la irracionalidad de los irracionales?
El Máximo Tribunal argentino primero reconoce su competencia y después de virtualmente 8 años en absoluta contradicción constitucional y Tratados Internacionales de las garantías de un debido proceso, se declara incompetente en el mismo expediente y sobre sus propios actos. ¿Pueden justificar como argumento esencial su propia torpeza?
A 16 años del origen de la afectación de mis derechos soy víctima del terrorismo de estado que viola los derechos fundamentales de la libertad sindical e incumple disposiciones de la OIT, tanto a nivel de la República como en la provincia de Salta.
