Desapariciones en la UNSa.

Más de veinte personas que estudiaban o trabajaban en la UNSa fueron desaparecidas. Muchas más fueron despedidas y perseguidas. Algunos de los que se ubicaban del lado de los victimarios se exhiben ahora como paladines de la democracia. Pero es un tema del que casi nadie habla.

– Escrito por Elena Corvalán (Otros Territorios Nº32 – Suplemento del Nuevo Diario de Salta)

Entre miserias y heroísmos parece oscilar la historia de la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

Fundada en mayo de 1972 por el impulso de hombres y mujeres que pensaban la educación como camino superador.

Fundada, sin embargo, por el gobierno de facto de Agustín Lanusse. Circunstancia ésta que, sin embargo otra vez, le permitió a la novel universidad convocar a prestigiosos docentes.

La excelencia académica estaba ahí nomás, casi al alcance, luego de años de batallar por ella.

Pero también estaban a la mano la mediocridad, con la persistencia característica de lo bueno para nada.

La nueva universidad fue fundada sobre la base de las cátedras que la Universidad Nacional de Tucumán dictaba en Salta, lo que posibilitó que docentes de aquella provincia continuaran en la universidad salteña. Eso motivó a su vez recelos de los docentes locales.

Treinta y nueve años pasaron y todavía la Universidad pública salteña se debe una revisión de su corta historia, tan significativa.

Su devenir puede ser repasado como un microclima que reprodujo las complejidades del tejido social y político de la Salta de la década del 70.

Es una historia de hombres y mujeres de ciencia, con más y menos brillos, de hombres y mujeres comprometidos ideológicamente, y de otros hombres y otras mujeres, también comprometidos ideológicamente, que ansiaban poder y actuaron en consecuencia.

Repasar esa historia implica adentrarse en miserias, tal vez demasiadas, pero también permite conocer a héroes anónimos que no cedieron al terrorismo.

Y, sin embargo, aún hoy muchos testigos temen.

Lo que sigue es apenas un esbozo de esa historia universitaria salteña.

El dato que disparó la atención sobre el ambiente de la UNSa antes del golpe del 24 de marzo de 1976 es el caso de Mario Casalla, ex docente de esta casa, y actual profesor en la Universidad de Buenos Aires.

Pero Casalla es sólo uno de los protagonistas de esta historia. Comparte papel con otros y otras entre los que se puede mencionar al contador Francisco Villada; el profesor de letras Vicente Pérez Saez, el profesor de ciencias de la educación Roque José Benito Silva. La lista sigue.

Ellos, y otros y otras, fueron protagonistas de un momento histórico en el que la Universidad salteña (como otras) cesanteó a docentes que luego fueron desaparecidos.

Unos vivieron para contarla, otros vagan en ese no lugar al que enviaron a los desaparecidos.

Estos, los últimos, justifican estas notas.

Porque tal vez, como dice el poeta, están en algún sitio: “es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntado preguntando dónde carajo queda el buen amor porque vienen del odio”, y por eso es necesario revisar, una y otra vez, los orígenes de ese odio, para orientarse y rescatarlos.

LUCHA DE PODERES EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

La pata derecha

Fundada en 1972, la UNSa fue el centro de una disputa de poder que provocó víctimas fatales y que la alejó de la ilusión de un proyecto regional y latinoamericanista, comprometido con el pueblo. La incidencia de la derecha, las pasiones personales y los recelos. Las intervenciones.

El último golpe de Estado comenzó en la Argentina el 24 de marzo de 1976. Fue el comienzo formal, pero en Salta sus prácticas se sufrían con todo rigor ya en noviembre de 1974, cuando se intervino el gobierno de Miguel Ragone. La Universidad Nacional de Salta (UNSa) no fue la excepción, el rector normalizador Holver Martínez Borelli, que igual que el gobernador venía soportando críticas y presiones, le siguió en la caída.

Era el triunfo de los conservadores sobre los grupos de tendencia de izquierda.

Holver Martínez Borelli militaba en la Democracia Cristiana, aliada al Frente Justicialista de Liberación (Frejuli), que en las elecciones de marzo de 1973 impulsó la fórmula presidencial Héctor Cámpora-Vicente Solano Lima.

El triunfo de este frente posibilitó que la izquierda peronista llegara al Ministerio de Educación con Jorge Taiana (el padre del ex canciller) a la cabeza.

Martínez Borelli asumió en la UNSa el 3 de abril de 1973 y un repaso por su gestión muestra que estaba consustanciado con la política educativa nacional de Taiana, que proponía poner la universidad “al servicio de una política nacional y popular”, según reseñan los docentes Juan Pascual y Alejandro Ruidrejo en su ponencia “La Universidad Nacional de Salta: proyecto y realidad. Campo universitario y lógica de tribus disciplinarias”.

Estos investigadores sostienen que en la Universidad coexistían grupos que rivalizaban entre sí por espacios de poder. Los más fuertes eran los de Ingeniería Química, Geología y Ciencias Económicas, “no solo porque tenían el mayor capital docente, sino también porque las dos primeras tenían también el mayor capital científico, y la tercera el capital político acumulado por su fuerte corporativismo, que le permitió contar con una importante cuota de poder desde entonces”.

Estos grupos, o “tribus disciplinarias” existieron desde la fundación de la Universidad e incidieron “notablemente en toda su historia”.

Martínez Borelli no tenía el consenso de todos estos grupos.

Eso, señalan Pascual y Ruidrejo, lo llevó a buscar docentes fuera de otras universidades.

“En Ciencias Económicas existía un grupo importante de docentes pertenecientes al peronismo de derecha, al que (Martínez Borelli) trató de neutralizar con la creación en ese Departamento de la carrera de Antropología, y la incorporación de un importante grupo de profesores de esa disciplina”.

Pero también tenía opositores en Geología, donde existía un “grupo peronista de derecha (…), fuertemente cientificista”, que se oponía a la estructura departamental propuesta por el rector.

En Ingeniería Química, cientificistas, se oponían también a los departamentos “y a toda iniciativa del rector, enfrentándosele ostensiblemente”.

El ensayo es coincidente con los dichos de los docentes que accedieron a hablar con esta cronista.

Dos ex profesores universitarios, que pidieron reservar sus identidades, afirmaron que en la UNSa cohabitaban tres grupos: los notables solo dedicados a su ciencia (como ejemplo mencionaron al matemático Carlos Finkel); los que tenían méritos pero estaban también comprometidos en política (como Georgina Droz) y los conservadores que habían trabajado para alcanzar poder en la Universidad.

Entre éstos últimos, los testigos recuerdan a Mario Casalla, Yolanda Fernández Acevedo, Roque Silva, Zulma Palermo, Ethel Mas, Eduardo Ashur. Hay una vinculación con la derecha peronista.

Según él mismo reconoció, Casalla militaba en el grupo Reconquista (la expresión local de Guardia de Hierro); Yolanda Fernández Acevedo es esposa de Pedro González, uno de los fundadores del Grupo Reconquista, en el que confluían otros justicialistas opositores a Ragone.

Pedro González es actualmente director de la revista Claves, que en coincidencia con la sentencia por el secuestro de Ragone publicó una nota de homenaje a Olivio Ríos, el vicegobernador compañero de fórmula del médico que intentó reiteradamente dar un golpe de Estado en Salta.

Un servicio a la patria

Las cosas iban a decantar para mal luego de la muerte de Juan Domingo Perón, ocurrida el 1 de julio de 1974.

Con María Estela Martínez de Perón en el gobierno la derecha peronista obtuvo amplio poder.

En el Ministerio de Educación asumió el médico y político Oscar Ivanissevich. Comenzó entonces un período de represión.

Pascual y Ruidrejo citan la obra Universidad, política y sociedad, de Augusto Pérez Lindo, para decir que la política universitaria persiguió la “restauración del orden” con el fin implícito de “depurar las universidades de los elementos de izquierda, cooperar con la lucha antisubversiva, imponer una filosofía autoritaria”.

En Salta los grupos de derecha intensificaron sus acciones contra Martínez Borelli.

El 14 de octubre de 1974 Casalla y Fernández Acevedo le dedicaron una solicitada en el diario El Tribuno: “Acertadamente ha señalado el general Perón que la paciencia tiene un límite, más allá del cual nos espera la denuncia y el escarmiento. En lo que a usted se refiere, ese límite ya ha sido ampliamente traspasado. No conforme con llevar a la UNSa a la situación académica, ideológica y administrativa en la que hoy se encuentra, se propone ahora, a través de su equipo oficial de activistas, el amedrentamiento físico y moral contra los que pudiéramos discrepar con sus desaciertos. Pero no se engañe doctor, no hay en su torno unanimidad alguna por más que se desespere en autoarrogársela”.

A la luz de lo que sucedió después, la solicitada puede leerse en más de un sentido como una amenaza: sobre el final Yolanda Fernández Acevedo y Mario Casalla afirmaron que seguirían trabajando mientras “no nos cesantee”, responsabilizaron al rector por lo que pudiera pasarles y lo despidieron con una advertencia: “Siempre se está a tiempo de hacerle un servicio a la patria”.

El 6 de diciembre de 1974 el gobierno de la Universidad Nacional de Salta quedó en manos del contador Francisco René Villada (fallecido). La circunstancia se registró oficialmente recién el 9 de de diciembre, mediante la resolución 955.

El 10 de diciembre Vicente Pérez Saez fue nombrado secretario académico; Mario Casalla, fue designado interventor del Departamento de Humanidades (luego sería secretario académico) y Roque Silva, interventor del Departamento de Ciencias de la Educación.

Además de intervenir los Departamentos e Institutos, el Consejo de Investigación y las sedes regionales, el mismo 10 de diciembre la intervención estableció, mediante la resolución 963, las “normas para la realización de asambleas de cualquier grupo de integrantes de la comunidad universitaria, estudiantes, docentes o no docentes, con la correspondiente autorización del señor secretario académico”. La primavera universitaria había terminado.

La lista de interventores se completó con José Germán Viramonte, Roberto Mario Rodríguez, Ennio Pedro Pontussi, Hugo Miguel Rodríguez, Ricardo José Borla y Carlos Hipólito Moreno.

Y volvió a la Jefatura del Servicio de Relaciones Latinoamericanas el profesor Gunter Rodolfo Kush, que había ingresado a la Universidad de la mano de Casalla y había sido suspendido en sus funciones por Borelli.

Ni la obra social se salvó: el interventor fue el contador José Sanfilippo.

PERSECUCION A DOCENTES Y ESTUDIANTES, EL DISCIPLINAMIENTO ACADÉMICO EN LA UNSA

La cesantía como preludio

Un aún indeterminado número de docentes fue cesanteado durante las intervenciones civiles y militares en la Universidad Nacional de Salta. En muchos casos estas bajas fueron la antesala de secuestros y desapariciones.

Los interventores civiles en la Universidad Nacional de Salta no esperaron el nuevo año para comenzar con las cesantías. Pero en este caso los instrumentos legales fueron más difusos, elusivos.

Sin embargo, hubo algunos explícitos: el 20 de diciembre de 1974 se dictaron cinco resoluciones de cesantías de otros tantos docentes, todos nombrados por el intervenido rector Holver Martínez Borelli.

Por resolución 1002, se le rescindió el contrato a José María Serra. Lo mismo pasó con Manuel Ignacio Santos, Graciela Matilde López de Medina, Ovidio Arturo Andrada.

Y por la resolución 1003, se dejó sin efecto el nombramiento de Georgina Droz, docente de Ciencias de la Educación que iba a ser detenida al año siguiente y asesinada en 1976 en la Masacre de Palomitas.

Otras cesantías iban a ser menos explícitas en los papeles, aunque igual de efectivas en la práctica.

Para preparar el terreno el 12 de diciembre la intervención estableció, por la resolución 972, que enero sería el mes de receso en la Universidad.

El 26 de diciembre, por resolución 1010, ordenó a los directores de Departamentos elevar la “nomina de profesores e investigadores que requieran para el período lectivo 1975”.

El 3 de enero de 1975, en pleno receso, el rector interventor Francisco Villada y el secretario académico interventor Vicente Pérez Saez firmaron la resolución 7, por la que eligieron el camino del no nombramiento (otra forma de desaparición) para dejar fuera de la Universidad a una larga lista de docentes.

Los artículos uno y dos detallan a los profesores e investigadores confirmados en sus cargos, entre ellos Roque Silva, su esposa, Mirta Zannier de Silva, y Yolanda Fernández Acevedo.

El artículo quinto elude: “los profesores y/o investigadores del Departamento de Ciencias de la Educación no incluidos en los artículos uno y dos de esta resolución, cesarán en sus cargos a partir del primero de enero de 1975”.

Testigos de la época recuerdan que en esta primera intervención, de civiles, hubo dos tandas de cesantías. “En la primera fueron los más formados intelectualmente y técnicamente”.

En la segunda fueron incluidos gran parte de los firmantes de una solicitada aparecida el 28 de diciembre de 1974 en El Tribuno. Estaba dirigida a Villada y le pedían “la revisión de las cesantías producidas, que no se produzcan nuevas cesantías y que se renueven los contratos que vencen el 31 de diciembre”.

Ciento dieciséis docentes firmaron esa solicitada, entre ellos el actual secretario de Recursos Hídricos, Alfredo Fuertes y Holver Martínez Borelli.

También la firmaron siete docentes que hoy permanecen desaparecidos: Alberto Calou, Gemma Fernández de Arcieri Boasso, Graciela Muscariello, Nora Saravia, Silvia Aramayo, Miguel Ángel Arra y Carlos García.

Muchos de los innombrados no recibieron la información oficial de que estaban cesanteados.

Se les decía que los cargos iban a ser concursados, algo que nunca ocurrió.

Los testigos consultados para esta nota recuerdan que las cesantías implicaban el comienzo de otros padecimientos: “Te hacían seguir, si teníamos una reunión de trabajo, ellos enseguida sabían, no sé cómo”. La cesantía en un lugar alcanzaba también los otros lugares de trabajo, porque los docentes estaban obligados a informar estas novedades.

El camino estaba expedito. “Una vez que la depuración de la Universidad se llevó a cabo, hubo que enfrentar el desafío de la gobernabilidad, y fue ese el momento oportuno para que se estableciera una poderosa alianza entre los intereses de la intervención y los anhelos postergados de las tribus dominantes, que no tardarían en fortalecerse a partir del logro de una nueva configuración de los poderes y los territorios, que, entre otras cosas, implicará la reestructuración organizativa de la universidad.” Sostienen Pascual y Ruidrejo.

Confusiones

Tras el golpe del 14 de marzo de 1976, Villada y sus interventores de menor grado cedieron sus puestos a los militares. El capitán Norberto Antonio Yommi tomó el poder en la Universidad el 29 de marzo en una ceremonia de la que participaron el interventor saliente, el secretario académico Mario Casalla y el secretario administrativo Mario Alberto Córdoba, que luego iba a ser suspendido por el capitán Eduardo Alberto Casal, delegado militar en la UNSa, acusado de haberse apropiado de materiales de construcción de la Universidad.

Con los militares llegaron otros interventores, de otras reparticiones universitarias: Juan José Godoy, el médico Arturo Oñativia, entre otros.

Las cesantías siguieron. El 2 de mayo de 1976 Yommi dio de baja a catorce docentes, entre ellos a Néstor Alberto Oliva, luego desaparecido.

El 5 de mayo otras catorce personas fueron cesanteadas. El 20 de mayo Casal le “aceptó” la renuncia a Pedro Tufiño, que iba a ser desaparecido en agosto de ese año.

El 28 de mayo fueron cesanteados veintidós trabajadores.

El 21 de mayo la cesantía alcanzó a quienes en la intervención anterior habían llevado a cabo esta misma práctica.

El delegado militar firmó la resolución 144 por la que dio de baja a once docentes, entre ellos Mario Casalla, Yolanda Fernández Acevedo y Zulma Palermo.

A todos se los consideraba comprendidos en el artículo primero de la ley 21.260, de seguridad nacional. Este artículo hacía referencia a actividades subversivas. ¿Cómo se llegó a esta confusión?

Los testigos consultados cuentan que en aquella época todos los docentes, sin importar su orientación ideológica, estaban impregnados, al menos discursivamente, por el marxismo y la teología de la liberación.

Parece ser que de ahí surgió la confusión de los servicios de inteligencia que calificaron a Casalla como “subversivo y/o disociador” y que llegaron a afirmar que Pedro González y Armando Caro Figueroa, miembros del grupo Reconquista, de la derecha peronista, eran “elementos de izquierda”.

Casalla intentó en vano que se revocara este error, en 1978 recurrió al Destacamento 143 de Inteligencia del Ejército pidiéndole que se reviera su situación. Con el fin de dejar en claro que no solo no era subversivo, sino que comulgaba con el ideario de los golpistas, declaró que él mismo había dado de baja a docentes considerados subversivos.

Cerrando un círculo de cinismo, con el regreso de la democracia, estos docentes reclamaron el pago de los salarios caídos y la reincorporación en la Universidad.

Una de las docentes consultadas recuerda una asamblea realizada en 1984 en la que plantearon que, dado que no había suficientes cargos vacantes en la UNSa, se debía darles preeminencia a los cesanteados por la dictadura frente “a los cesanteados por la democracia”.

La asimilación con los perseguidos fue tal que algunos hasta comenzaron a ensayar discursos respetuosos de los derechos. Por eso se habla de reciclados.

– Notas relacionadas:

Insólito! Mario Casalla dará un Seminario en Bs. As. sobre qué es el mal

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Sepa quiénes integraban el grupo Reconquista y la Guardia de Hierro en Salta

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Casalla, ex secretario académico de la UNSa y ex gerente de El Tribuno, será investigado

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